Sobre la sangre aún tibia de Lilian y María Carmen, se generaron declaraciones perversas por parte del gobierno y los grandes medios de prensa, tratando de justificar dos infanticidios.

Muchas de estas opiniones intentan tildar a las niñas de elementos armados de la guerrilla. Este triste argumento se desbarata fácilmente, ya que incluso si la situación fuese la que acusan, ellas asumirían el carácter de reclutadas. Unas niñas no pueden ser consideradas -bajo ninguna circunstancia- como parte de una confrontación armada, y el Estado es responsable de acabar con su situación de reclusión, precautelando su integridad física y psíquica.

Esta obligación del Estado deviene del cumplimiento de dispositivos internacionales en materia de Derechos Humanos adoptados por el país con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, a través de la Ley Nº 1897/2002.

Las fuerzas armadas no sólo procedieron de manera brutal asesinándolas, sino que permitieron que sus cuerpos masacrados sean exhibidos como trofeos de guerra, violentando toda reserva en cuanto al derecho a la exposición pública de niños y niñas. El Estado paraguayo ha violado un derecho humano fundamental como es la vida y esto se agrava por la condición de infantes de sus víctimas.

No es la primera vez que este grupo de operaciones comete hechos de brutalidad en el norte del país. Existen denuncias de violencia física, violaciones, y atropellos de todo tipo que sufren las comunidades en manos de las FTC que actúan a sus anchas sin ningún control.

Las declaraciones de lamento del presidente Mario Abdo y de hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta unos días después, no enmienda la miserable actitud tenida desde el inicio, por la cual no solo no han pedido disculpas, sino que no se ha abierto una investigación para identificar la responsabilidad material en este operativo considerado “exitoso” por el gobierno.

Lo que ocurrió es una barbaridad, y debemos exigir esclarecimiento para que no quede impune. Ningún niño o niña debe volver a vivir lo que vivieron Lilian y María Carmen. Es obligación del Estado proteger a la niñez, no asesinarles y pretender justificarlo como daño colateral de un enfrentamiento armado.

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