Durante la cuarentena necesaria para evitar propagación del coronavirus, miles de familias se debaten entre el desempleo, la suspensión laboral, el recorte de salarios y beneficios, la falta de ingreso diario en el caso de las y los trabajadores informales. Esta medida de prevención se ceba en el hambre y la desesperación de la clase trabajadora.
El gobierno en vez de colocar todos sus esfuerzos en paliar y sostener la decisión sanitaria, se aboca a implementar una “Reforma del Estado” cuando a todas luces se muestra totalmente incapaz de implementar un mínimo plan de crisis.
Para ser claros, lo que está haciendo el gobierno es contrabandear su plan de profundizar medidas neoliberales, aprovechando que el pueblo trabajador y los sectores populares están concentrados en buscar solución a la necesidad de poner el pan sobre la mesa y afrontar las necesidades básicas.
No existen dudas de que es necesaria una reforma estatal profunda, conforme a los reclamos históricos de la clase trabajadora. A nadie cabe dudas que el cambio del modelo estatal es una deuda pendiente de los distintos gobiernos y que para que esta pueda perfilarse de manera seria deben contemplarse cambios económicos que contribuyan a desterrar la profunda desigualdad reinante en el país. Por ejemplo, mutar la inequitativa carga tributaria y ejercer mayor peso sobre los sectores acaudalados del país, producto de la injusta distribución de la presión fiscal, entre otras medidas.
Sin embargo, este cambio en la estructura y funcionamiento del Estado no puede hacerse en cualquier tiempo y de cualquier forma. En primer lugar es menester asegurar la efectiva participación de los diversos sectores del pueblo trabajador, lo que implica arbitrar los mecanismos que aseguren el debate amplio con el tiempo suficiente para definir propuestas desde la sociedad civil. La crisis sanitaria que vivimos no permite lo uno ni lo otro.
La Reforma la vienen llevando a tambor batiente, entre cuatro paredes, sin la participación de los sectores que sostienen la economía y el funcionamiento del Estado, es decir los trabajadores (públicos y privados) y los trabajadores del campo.
El proyecto gubernamental tiene un carácter estructural y se plantea canalizar a través del Equipo Económico y una Comisión Bicameral del Congreso para otorgarle una fachada participativa. Plantea entre otros puntos:
a) Reforma de la salud pública; b) Reforma de la Educación; Reforma del Servicio Civil; d) Reforma del Sistema de Protección Social; Gobernanza del funcionamiento del Estado.
Benigno López informó que ya en la semana próxima tendría un primer “producto” que sería la Reforma del Servicio Civil, contenido en una nueva Ley del Sector Público. Esta contendría una nueva forma de retribución en la que plantearían que los recortes excepcionales que se están aplicando en el marco de la pandemia sean ya permanentes, entre otras cosas.
En cuanto a la Reforma de la Salud Pública informan que también está avanzada. Incluyen acá el crédito aprobado por el Congreso para la unificación de la salud. Contempla la unificación del IPS y el MSPBS en la cual el órgano rector sería el Ministerio de Salud. Lo mismo sucede con la Reforma de la Educación en el marco del plan nacional de la reforma educativa promovida de manera unilateral por el Ministerio de Educación.
En cuanto a la reforma del Sistema de Protección Social, lo que no lograron con el proyecto de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones (proyecto de privatización del sistema previsional) pretenden incluir en el proyecto de reforma del Estado.
Estamos asistiendo a una de las maniobras más viles y pérfidas de este gobierno entreguista, un gobierno sometido a los intereses del gran capital, un gobierno que persigue a los trabajadores mientras sigue fielmente los mandatos del FMI y el BM, aplicando las recetas del neoliberalismo. El mismo que hace poco intentó regalar nuestra soberanía energética es el que nos plantea hoy reformar las instituciones estatales y su funcionamiento.
No tenemos ninguna confianza en este gobierno y no aceptamos que se lleve adelante semejante reingeniería estatal sin la participación de las organizaciones obreras, campesinas y populares.
No a la reforma del Estado durante la pandemia. Toda la concentración en el Plan de emergencia.
Rechazamos la intención del gobierno de llevar apresuradamente y a espaldas del pueblo el Proyecto de Reforma del Estado y exigimos le cumplimiento de algunas medidas puntuales que la crisis sanitaria exige sean tomadas:
- Suspensión inmediata del proceso de avance de la Reforma del Estado. Se requiere de una reforma estructural del Estado pero el proceso debe ser participativo y con la orientación de tener un Estado al servicio del pueblo trabajador y no un achicamiento del mismo al servicio de los sectores empresariales. Para esto es fundamental la participación de los trabajadores del campo y la ciudad, lo cual debe darse a través de una Asamblea Nacional Constituyente con participación popular.
- Que el gobierno efectivice ya, de forma inmediata, la ayuda a los sectores carenciados afectados por la pandemia del coronavirus.
- Aumento sustancial del subsidio a los trabajadores y sectores afectados por la pandemia. Exigimos que la ayuda sea, por lo menos, de un salario mínimo mensual.
- Rechazamos categóricamente la posición del gobierno orientada a que los costos sean recargados a los trabajadores y no a los sectores que más ganan en nuestro país.
- Que la crisis de la pandemia la paguen aquellos sectores eternamente privilegiados, exigimos impuesto a la soja, al tabaco, a las grandes fortunas, a los latifundios, a las ganancias de los bancos y las grandes corporaciones financieras.
- Aumento al impuesto a la renta y del piso de aplicación.
- Moratoria de la deuda externa ya.
- Que se ejerza nuestra soberanía hidroeléctrica, suspendiendo el pago de la deuda ilegítima de Itaipú para que de esta forma se destine la renta eléctrica y los fondos sociales de las binacionales para la provisión de energía gratuita a los sectores carenciados.
El gobierno está jugando con fuego
Si bien es cierto, la pandemia mantiene inmovilizada a la clase trabajadora, el gobierno debe tomar conciencia de que todo tiene un límite, fundamentalmente la paciencia de la clase trabajadora, los abusos perpetrados contra las y los trabajadores del Estado, la burla que representa los míseros subsidios para afrontar la crisis, los abusos represivos cometidos por la policía en contra de los sectores populares quienes no tienen la posibilidad de “quedarse en casa” obligados a salir para sobrevivir, la falta de respuesta al problema agrario y la miseria en el campo. Todo esto tiene su límite.
La actual situación social es una bomba de tiempo si los trabajadores del campo y la ciudad no encuentran respuestas a sus necesidades, no habrá pandemia que los retenga y saldrán a las calles apelando a todos los métodos legítimos para que se respeten sus derechos y recuperar lo que se les viene robando.
En este marco, llamamos a que las centrales obreras, organizaciones campesinas y populares se pongan a la cabeza de estas luchas, llamando a una huelga general en caso de ser necesario.
