Estamos ante el arribo de un nuevo gobierno colorado, el representado por el cartismo, facción que representa a los sectores burgueses más abiertamente ligados a la mafia. Nuestra caracterización política de este sector nos lleva plantear que nos enfrentamos a un gobierno que apelará nuevamente a la represión y a la persecución conduciendo así a un retaceo de derechos y garantías para el pueblo trabajador que ponen en peligro el régimen democrático liberal ya bastante degradado.
Un gobierno liberal ultra reaccionario
El proyecto de este nuevo gobierno se orienta a continuar y profundizar las medidas neoliberales que permitirán un salto en los procesos de privatización de las empresas públicas; la reforma laboral y del servicio civil, afectando tanto al sector público como privado; así como la reforma del sistema previsional y la Caja Fiscal -a través del proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Por otra parte, la renegociación estratégica del tratado de Itaipú en términos entreguistas en materia de soberanía energética. Esto se traduce en un agravamiento de las condiciones de explotación del pueblo trabajador, teniendo como contracara los grandes negociados del que serán parte la burguesía nacional y transnacional.
Para asegurarse impunidad el nuevo gobierno ha copado instituciones claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado y el Consejo de la Magistratura, tiene también su peso en la Corte Suprema de Justicia y no hay dudas de que avanzarán para tener el control completo. Ya han amenazado al nuevo Fiscal General de Estado en sacarlo considerando la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso Nacional. La Senad ocupará el ex Fiscal Jalil Rachid, tristemente célebre por su papel nefasto como de fiscal en la Masacre de Curuguaty, un enemigo de las organizaciones campesinas y populares. En otras palabras, tienen a la mayoría de las instituciones alineadas y bajo el pulgar de Cartes.
Las medidas aprobadas antes de iniciar el mandato
El nuevo gobierno, a través del Congreso Nacional -copado por los colorados-, ya apuntaló parte del paquete de medidas previstas como, por ejemplo, la fusión de Aduanas con la Sub Secretaría de Estado y Tributación (SET) lo que le permitirá unificar la recaudación de ambos organismos sin ningún tipo de órgano contralor, lo que posibilitará la utilización discrecional de las recaudaciones; o la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual sustituirá y unificará al Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), concentrando así mayor poder político sobre todas estas carteras estatales las cuales cumplían roles específicos y ahora pasarán a estar supeditadas todas a los lineamientos del nuevo Ministro designado, Fernández Valdovinos. Además, ante una situación constante de escándalos de corrupción de todo tipo, ha decidido eliminar instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). Todo esto se ha realizado a tambor batiente, sin ninguna audiencia pública, lo que demuestra el talante antidemocrático y arbitrario del cartismo.
La superintendencia para asegurar los grandes bocados
De todos los planes del cartismo, la gran medida que busca cerrar es el proyecto frustrado en el 2018, la Ley de Superintendencias. Bajo el discurso de la “necesidad de control y reforma de las distintas cajas de jubilaciones” plantea convertir así sus recursos en fondos de inversión ajeno a los fines de los fondos. El superintendente designado por el ejecutivo podrá administrar las inversiones en jugosos negocios especulativos. No existe ninguna representación real de las y los trabajadores como de los jubilados, es decir, no existe un control de la clase trabajadora en dicho organismo, que es lo que necesitamos. El proyecto se constituye en un verdadero asalto al IPS y a las demás cajas para poner en peligro el futuro del derecho de las y los trabajadores a la jubilación. El otro gran proyecto es la Reforma del Servicio Civil un proyecto destinado a precarizar los derechos laborales del sector público.
El sistema de salud un calvario cotidiano para miles
Además del Proyecto de Superintendencia que pretende rifar los fondos jubilatorios, el tema de la precarización del sistema de salud en la previsional como en el sistema de salud pública es cada vez más grave y criminal. El planteo de la nueva ministra Barán fue la de fusionar ambos sistemas de salud, lo que no sólo resulta inconstitucional, sino incompatible atendiendo al objeto y destino de ambas instituciones, pero también pernicioso para el sistema previsional que se cae a pedazos.
La situación crítica y el hastío de los asegurados no se traduce en reacciones inmediatas para movilizaciones permanentes que confronten la situación calamitosa a la que se conduce a la institución y que, si bien, es directamente producto de la angurria de los corruptos que parasitan el ente (Consejeros, empresarios y políticos) esta situación también es funcional a crear un consenso para tomar el avance de la privatización como una salida ante el sufrimiento que representa cargar con el deplorable estado de la previsional. De allí que el desafío es fortalecer los procesos de organización y unidad de acción entre los gremios para canalizar procesos de lucha que apunten a una gran reacción para frenar esta situación insostenible que vivimos los asegurados.
En cuanto a la salud pública las condiciones son igualmente destrozas a lo que se suma la precarización de las y los trabajadores del sector. Por ende, la tarea es llamar a los sindicatos de profesionales de la salud críticos y consecuentes para reorganizar las luchas. Esta misma situación se hace extensiva al sistema educativo que, con sus particularidades en los distintos niveles, afronta una continuidad de un bajo nivel de formación, infraestructura precaria, corrupción galopante y precarización a la orden del día.
La crisis económica la cargan sobre los hombros de la clase obrera
A la situación de brutal crisis económica, expresada en la continuidad de una situación inflacionaria que golpea los bolsillos de la clase trabajadora, y agravada por el desfasaje entre el salario y los precios de la canasta básica familiar, se suma el cada vez más abierto desconocimiento a los derechos laborales. Con respecto a esto último, la flexibilización laboral es la regla en la inmensa mayoría de los puestos de trabajo, lo que conlleva una situación de precarización cada vez más notoria –modelo de uberización-.
Nuestro país es uno de los países con mayor tasa de desempleo. A esto, hay que sumar el aumento del trabajo informal en condiciones de semi esclavitud. Esto tiene como correlato la enorme tasa de evasión del seguro social por parte de las patronales. Por otra parte, existe una considerable cantidad de patronales que descuentan a sus trabajadores el seguro previsional y se apropian de ello, quedando estos hechos impunes por la inexistencia de controles por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio Público.
La persecución laboral y la burocracia sindical
Por otra parte, en el marco de la reestructuración de determinados sectores de producción y servicio se procede a los despidos injustificados para que los/las trabajadoras no alcancen la estabilidad laboral. Así también la persecución a los intentos de sindicalización sigue siendo moneda corriente. La persecución sindical se manifiesta no solo en los despidos arbitrarios de quienes intentan organizarse o en la obstaculización por parte del MTESS para formalizar nuevos sindicatos, sino también en el desconocimiento de los contratos colectivos de trabajo o en la política para descabezar sindicatos, todo ello en la más total impunidad.
Otro gran obstáculo para que la clase trabajadora se organice y salga de su letanía es la podrida burocracia sindical que es una extensión del Estado patronal para regimentar a la clase obrera. Es necesario salir a denunciar con fuerza a estos bandidos y alertar a los trabajadores de las traiciones sistemáticas que desarrollan estos aparatos corruptos al servicio del Estado y las patronales.
Un campo desolado por las políticas neoliberales
La situación en el campo es aún más gravosa que en la ciudad por los niveles de miseria, explotación y opresión que viven las comunidades campesinas e indígenas. Estos sectores vienen resistiendo el avasallamiento a sus comunidades por parte del capital agrario. Los grandes propietarios de las tierras mediante el sistema de justicia operativizan desalojos ilegales y echan mano a la criminalización de las comunidades. El INDERT y el INDI no solo son instituciones inútiles para remediar la situación en el campo, sino que actúan en complicidad con los terratenientes.
Los sectores oprimidos sufren doblemente
Toda situación de sobreexplotación repercute con mayor agudeza en los sectores oprimidos: siendo las mujeres urbanas y campesinas las más afectadas. También sobre los inmigrantes (especialmente venezolanos en nuestro país en el último periodo) y sobre la comunidad LGBTI se descarga la crisis con fuerza, sirviendo los discursos de odio y discriminación como justificación para minusvalorar la fuerza de trabajo de estos sectores y servirse de ello para explotarlos en condiciones más precarias que al resto de la población trabajadora.
Las tasas de feminicidios y todo tipo de violencia hacia las mujeres dan cuenta de una verdadera epidemia, aumentando mes a mes denuncias relacionadas a la violencia de género. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto insignificante para cubrir las enormes necesidades de asistencia integral a las víctimas de violencia y a sus hijos.
El fenómeno Payo Cubas y su partido Cruzada Nacional
No se puede desconocer la irrupción en el escenario político del partido Cruzada Nacional que, a pesar de representar un sector populista de ultra derecha, es un catalizador de amplios sectores que viven situaciones de miseria y aquellos sectores intermedios arruinados por la crisis. Más allá de lo difuso y delirante de sus discursos políticos, no hay que subestimar la incidencia que tiene para arrastrar a los sectores más atrasados en su conciencia para impulsar proyectos reaccionarios.
No se puede descartar que su fuerza -expresada en el resultado electoral- pueda seguir creciendo a partir del desarrollo de una política populista propia de su principal representante. Esto más allá de la prematura fragmentación en el senado de sus congresistas por la capitulación al cartismo de la mayoría de ellos, situación que a su vez muestra la falta de arraigo a principios, a un programa político serio y pone al desnudo la decadencia moral de dicho espacio.
¿Hacia qué apunta este gobierno ante nuevas crisis políticas?
Por las características de la facción del partido colorado al frente del Estado -considerando el antecedente inmediato del gobierno Cartes 2013/2018- la represión y cooptación serán las herramientas privilegiadas a la que apelará para quebrar todo proceso de lucha y resistencia a sus planes.
La crisis interburguesa, expresada en el último periodo al interior del partido colorado y de éstos con otros sectores burgueses de peso podrá o no cerrarse de acuerdo a como maneje el nuevo gobierno la repartición de los grandes negociados. Lo cierto hasta ahora es que el sector de Fuerza Republicana (ligado a Mario Abdo Benítez) busca mantener cierta independencia ante el cartismo, mantener un papel de oposición interna para no someterse completamente.
Debe considerarse que la intervención del imperialismo contra Cartes y el cartismo podría o no resolverse de acuerdo a eventuales pactos que se lleguen. Una salida estará sujeta a un acuerdo que, por un lado, contemple mayores facilidades a través de una política de mayor entreguismo, y, por otro lado, medidas a las que se avenga el gobierno para garantizar seguridad a los intereses estratégicos norteamericanos.
La política del imperialismo tiene como orientación salvaguardar sus intereses para lo cual, no solamente requiere un gobierno dócil, sino que al mismo tiempo garantice estabilidad política entre los sectores que conforman la burguesía nacional, los sectores intermedios e incluso las direcciones políticas que tienen representatividad ante la clase trabajadora.
Recuperación de la macroeconomía y la miseria por abajo
El otro aspecto que no se puede dejar de considerar es la recuperación relativa de la macroeconomía, lo que tiene repercusión directa en las tasas de ganancias de los grandes capitalistas del país que encuentran un terreno más fértil para avanzar en los procesos de acumulación en detrimento de las grandes mayorías.
El gobierno de Peña empieza con el pie derecho para avanzar en sus planes, mientras el pueblo trabajador soporta una crisis económica que se traduce en las serias dificultades que tiene para llegar a fin de mes. A esto se suma la caída de los sectores medios en situaciones cada vez más ruinosas, lo que converge con la situación de la clase obrera.
A pesar de que este nuevo gobierno cuenta con varios elementos que lo colocan en mejores condiciones que los anteriores para llevar adelante sus planes, no está prevenido de antemano de atravesar un proceso de turbulencias por reacciones espontáneas de resistencia de la clase trabajadora de diversos sectores.
Un cartismo reforzado
El gobierno se ha fortalecido en el periodo de transición a partir de los acuerdos arribados con la otra facción mafiosa de su propio partido, situación nada extraña considerando la larga historia de los pactos de impunidad que se han dado en el Partido Colorado. Esta situación se traduce en el rápido copamiento de las principales instituciones estatales, las presidencias y mesas directivas de ambas cámaras del Congreso Nacional, lo que avizora a su vez los acuerdos para impulsar los principales proyectos del cartismo sin mayores contratiempos, tomando en cuenta la mayoría que tiene la ANR en ambas cámaras del poder legislativo más sus satélites del PLRA, PQ y ahora también CN.
Esta situación de una mejor ubicación del cartismo para arrancar su mandato con el empleado Peña a la cabeza no significa que no encontrará obstáculos debido a las disputas interburguesas que siguen latentes, aunque con muchas menos fricciones por el momento.
Sin embargo, a pesar de ciertos acuerdos entre las principales fracciones burguesas, hay una sed de revanchismo con referentes de Fuerza Republicana, empezando por el propio Mario Abdo Benítez a quien se amenaza con la expulsión del Partido Colorado hasta eventuales procesamientos penales producto de su gestión corrupta. De avanzar estos roces podría conllevar nuevas escaramuzas por arriba. En ese sentido, lo que ha marcado tendencia en el último periodo es la inestabilidad por las disputas interburguesas que aflorará nuevamente ante la mínima crisis.
La política que nos trazamos desde el Partido de los Trabajadores es la de llevar adelante procesos de unidad de acción para articular todas las luchas en el marco de un programa que combine las reivindicaciones inmediatas de diversos sectores y que conecten con aquellas que abren la posibilidad a la lucha política estratégica para avanzar hacia un futuro socialista.
¡Unir todas las luchas para derrotar los planes de gobierno Cartista de Peña!
¡Por la soberanía energética para el desarrollo industrial a favor del pueblo trabajador!
¡Abajo los planes de reforma laboral y previsional!
¡Por un sistema de salud y educación pública que garantice la gratuidad efectiva y calidad en la atención!
¡Reajuste salarial del 40%!
¡Control de precios de la canasta básica familiar!
¡Basta de despidos!
¡Respeto a los a los derechos laborales y los contratos colectivos de trabajo!
¡Por la reorganización de la clase trabajadora!
¡Libertad sindical!
¡Abajo la burocracia en los gremios!
¡Reforma agraria integral!
¡Basta de violencia contra las mujeres!
¡Por guarderías y comedores públicos y gratuitos!
¡Por albergues integrales para las víctimas de violencia!
¡Basta de discriminación a la comunidad LGBTI!
¡Por la independencia política de la clase obrera!
¡Por un gobierno obrero, campesino y popular!
¡Solo la lucha cambia la vida!
