El pueblo no debe pagar un contrato lesivo a sus intereses, ni someter su soberanía energética al gran capital.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES — PARAGUAY

La empresa británica ATOME amenaza con recurrir a instancias internacionales contra el Estado paraguayo porque la ANDE pretende actualizar la tarifa eléctrica para su futura planta de fertilizantes en Villeta.

Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos este chantaje: el pueblo no puede terminar pagando una indemnización para garantizar la rentabilidad de una corporación extranjera.

El 3 de mayo de 2022, la ANDE y ATOME Paraguay firmaron un contrato para el suministro inicial de 60 MW en muy alta tensión. La propia institución lo presentó como el mayor contrato de energía firmado hasta entonces. El acuerdo se basó en la Ley 966/64 y en la categoría 620 del Pliego de Tarifas N.º 21.

El problema es que se aplicó una tarifa industrial ordinaria a un emprendimiento claramente electrointensivo, ignorando el Decreto N.º 7551/2017, que establecía tarifas más altas para este tipo de industrias.

Itaipú Causa Nacional ya denunció en 2022 que se estaba entregando energía por debajo de su costo real a una actividad que consumiría enormes cantidades de electricidad sin generar una cantidad proporcional de puestos de trabajo.

La energía paraguaya no es gratuita para la ANDE. La empresa pública debe pagar por la energía de Itaipú y Yacyretá, además de financiar las redes de transmisión, las subestaciones, la distribución y el mantenimiento del sistema.

Cuando una corporación, como ATOME, paga menos que ese costo, la diferencia la absorbe la ANDE y, por esa vía, todo el pueblo paraguayo.

El Decreto 7551 fue derogado y no recuperó automáticamente su vigencia

Posteriormente, el Gobierno de Santiago Peña, promulgó los decretos 5306 y 5307 y sus modificaciones, estableciendo un nuevo régimen para industrias electrointensivas, criptomineras, centros de datos y otros grandes consumidores.

Estas disposiciones derogaron el Decreto 7551 y pretendieron habilitar tarifas todavía más favorables para las corporaciones. Es la muestra de su afán entreguista que le genera “ganancias privadas” a costa de perjudicar los intereses nacionales

La presión de los trabajadores sindicalizados, SITRANDE, y de los demás gremios de la ANDE y de las organizaciones sociales, obligó al Gobierno a derogar también estos nuevos decretos.

Sin embargo, quedó una consecuencia jurídica: la derogación de una norma derogatoria no restablece automáticamente la vigencia de la norma anterior, salvo que una nueva disposición ordene expresamente su restitución.

Por tanto, aunque los decretos 5306 y 5307 y sus modificaciones hayan sido eliminados, el efecto jurídico que produjeron mientras estuvieron vigentes permanece: el Decreto 7551 quedó derogado.

El Gobierno generó así un vacío normativo que favorece la actual presión voraz de las empresas, y debilita la capacidad de la ANDE para aplicar una tarifa específica que cubra todos los costos de las industrias electrointensivas.

ATOME también debe responder por sus incumplimientos

ATOME no puede presentarse simplemente como una empresa perjudicada. El proyecto sufrió sucesivas modificaciones y demoras. El contrato original hablaba de 60 MW, mientras que actualmente la compañía anuncia una planta de 145 MW cuya entrada en funcionamiento recién está prevista para 2028.

Más de cuatro años después de la firma, la planta todavía no produce. Corresponde investigar si esos atrasos constituyen incumplimientos de las obligaciones asumidas. En ese caso, sería la ANDE la que tendría derecho a aplicar penalidades o reclamar daños, y no ATOME la que debería estar amenazando al Paraguay.

Además, según el contrato difundido públicamente, ATOME debía adecuarse a las modificaciones de estructura y reajustes del pliego tarifario.

Por tanto, no puede alegar legítimamente que tiene derecho a una tarifa congelada durante toda la vigencia contractual, sin importar los costos reales que deba soportar la ANDE.

Investigar los compromisos asumidos por el Gobierno

Deben transparentarse todas las negociaciones entre ATOME y las autoridades nacionales.

Existen razones suficientes para investigar si se asumieron compromisos extraoficiales, se prometieron ventajas especiales o existieron intermediaciones y eventuales pagos de comisiones (corrupción) relacionados con el proyecto.

No se tienen pruebas de la existencia de esas comisiones (tragada para malvender nuestra energía) pero conociendo cómo operan desde el gobierno colorado de Peña, no puede descartarse ni por un segundo.  

La magnitud del negocio, la presión ejercida sobre la ANDE y la insistencia gubernamental en aprobar tarifas por debajo de los costos, justifican completamente una investigación pública, administrativa y, si corresponde, fiscal-penal.

Uno de los principales impulsores de esta política fue Javier Giménez, entonces ministro de Industria y Comercio y actualmente jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Su actuación, así como la de las autoridades de la ANDE y de todos los funcionarios del Gobierno que participaron en las negociaciones, debe ser plenamente esclarecida.

La resistencia sindical fue decisiva: SITRANDE advirtió que quienes firmaran contratos lesivos podrían responder administrativa, civil y penalmente por los perjuicios ocasionados a la empresa pública. Lo que deja en evidencia que es la clase trabajadora organizada la que mejor puede defender-administrar los intereses nacionales.

Una amenaza funcional al plan de privatización

Tampoco puede descartarse que la amenaza de demanda internacional sea utilizada como parte de una maniobra política más amplia.

El conflicto con ATOME podría servir para sostener que la ANDE ya no puede administrar los contratos, las tarifas y la política eléctrica, justificando así la creación del llamado Ente Regulador Independiente y del Ministerio de Energía.

El mecanismo sería perverso: primero, el Gobierno impulsa tarifas subsidiadas, deroga el régimen anterior y genera un vacío normativo; después, una corporación amenaza con demandar al Estado; finalmente, se utiliza la crisis para afirmar que la solución consiste en quitarle atribuciones a la ANDE y transferirlas a nuevas instituciones más favorecedoras de los intereses privados, a cambio de tajadas para los bolsillos de los colorados de turno.

No existen todavía pruebas suficientes para afirmar que haya una coordinación directa entre ATOME y el Gobierno. Sin embargo, la coincidencia entre la presión empresarial y el proyecto oficial debe ser investigada.

La amenaza de arbitraje no puede convertirse en un pretexto para aprobar aceleradamente una reforma estructural del sector eléctrico.

El denominado Ente Regulador Independiente no sería independiente de las grandes corporaciones capitalistas devoradoras del patrimonio público.

Su creación, todo indica que será así, irá a debilitar el control público y social sobre las tarifas, facilitar la entrada de operadores privados que viven para sus lucros incesantes y reducir las atribuciones técnicas de la ANDE.

El Ministerio de Energía, a su vez, concentraría decisiones que actualmente corresponden a la ANDE, abriendo el camino para desmembrarla y convertirla progresivamente en una mera distribuidora dentro de un mercado dominado por intereses privados.

Es decir, los colorados en el gobierno la estarían llevando por el conocido camino trágico de COPACO. 

Esta crónica de una tragedia anunciada es rechazada por SITRANDE y por la reciente plenaria de organizaciones gremiales, sociales y populares, que resolvió defender la ANDE pública, la soberanía energética y el derecho del pueblo a decidir el destino de su energía.

No al chantaje de los tribunales internacionales

ATOME pretende utilizar la amenaza del arbitraje internacional como mecanismo de presión.

Estos tribunales no son espacios neutrales ni democráticos. Forman parte de un sistema construido para proteger las inversiones y las expectativas de ganancias de las corporaciones, incluso frente a decisiones soberanas de los Estados.

Los sucesivos gobiernos, colorados, liberales, incluso el de Lugo, todos gobiernos neoliberales, aprobaron leyes y tratados de protección de los capitalistas voraces ampliando sus garantías de ganancia regalada.

Las empresas pueden demandar al Estado cuando consideran afectadas sus ganancias, mientras los trabajadores y usuarios no disponen de tribunales internacionales equivalentes para reclamar por explotación, contaminación, incumplimientos o saqueo de los recursos públicos.

El Partido de los Trabajadores exige:

• Rechazar la amenaza de ATOME y defender jurídicamente a la ANDE.
• Auditar íntegramente el contrato firmado en 2022 y castigar a las “autoridades” de turno que entregan el patrimonio nacional y ponen en jaque los intereses nacionales.
• Investigar los atrasos e incumplimientos de ATOME.
• Publicar los contratos, anexos, dictámenes y cálculos tarifarios.
• Investigar los compromisos extraoficiales, intermediaciones y posibles comisiones.
• Establecer un régimen público para las electrointensivas que cubra todos los costos de la ANDE.
• Determinar la responsabilidad de las autoridades que hayan firmado o impulsado acuerdos perjudiciales.
• Rechazar (y tirar al basurero el proyecto existente) el Ente Regulador Independiente y el Ministerio de Energía, por ser mecanismos para entregar nuestra energía a los capitalistas angurrientos y voraces.
• Impedir que este conflicto sea utilizado para avanzar en la privatización de la ANDE.

Si ATOME considera rentable producir hidrógeno o fertilizantes en Paraguay, debe pagar una tarifa que cubra todos los costos y deje beneficios reales al país.

La energía paraguaya pertenece al pueblo paraguayo. No debe utilizarse para garantizar las ganancias de ATOME ni de ninguna otra corporación.

El Estado debe rechazar el chantaje, defender a la ANDE y recuperar plenamente el derecho soberano a decidir cómo, para quién y a qué precio se utilizan nuestros recursos energéticos.