La decisión del gobierno de Santiago Peña de dejar sin efecto los decretos N.º 5306/26 y 5307/26 constituye un importante retroceso frente al amplio rechazo social, técnico y sindical que estas medidas generaron desde su aparición. Con la derogación de los decretos 5306/26, 5307/26, 5860/26 y 5861/26, se habrá evitado consumar uno de los mayores intentos de transferencia de riqueza pública hacia corporaciones privadas extranjeras de los últimos años.
Desde el Partido de los Trabajadores saludamos especialmente la posición asumida por la Comisión Directiva, el Consejo de Delegados y la Asamblea General de SITRANDE, cuya firme oposición fue el principal obstáculo que encontró el gobierno para concretar sus planes.
Los decretos establecían un régimen especial para industrias convergentes y data centers, otorgándoles condiciones privilegiadas y tarifas congeladas por hasta quince años. Entre los potenciales beneficiarios figuraban proyectos como Atome Energy, vinculados a la producción de hidrógeno «verde», además de grandes centros de procesamiento de datos e inteligencia artificial, actividades que demandan enormes cantidades de energía eléctrica.
El problema nunca fue la industrialización del país. Lo que se rechaza es que, bajo ese discurso, se pretendiera subsidiar a corporaciones extranjeras con energía vendida a precios que no garantizan la sostenibilidad futura del sistema eléctrico paraguayo ni el cumplimiento de las obligaciones de inversión de la ANDE.
Las tarifas previstas en estos decretos apenas se aproximaban a las actualmente pagadas por las criptomineras, que según la propia administración de la ANDE apenas cubren los costos presentes del sistema. Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando se proyectan esos contratos a quince años.
La instalación masiva de industrias electrointensivas obligará necesariamente a realizar nuevas inversiones en líneas de transmisión, subestaciones y nuevas fuentes de generación. Mientras Itaipú y Yacyretá producen energía a costos históricamente bajos, las futuras fuentes de generación requeridas para acompañar ese crecimiento tendrán costos significativamente mayores y riesgos más elevados. Comprometer energía por quince años a precios insuficientes significaba trasladar esos costos futuros a la ANDE y, finalmente, al conjunto de la población mediante aumentos tarifarios o deterioro de la infraestructura eléctrica.
Por eso fue tan importante la resolución adoptada por el Consejo de Delegados y posteriormente ratificada por la Asamblea General de SITRANDE, donde se advirtió al presidente de la ANDE sobre su eventual responsabilidad legal ante cualquier daño patrimonial derivado de la firma de contratos en estas condiciones. Esa posición fortaleció la resistencia interna dentro de la empresa y contribuyó decisivamente a que Félix Sosa no cediera a las presiones del gobierno, de los grupos empresariales beneficiados y de las corporaciones extranjeras interesadas en acceder a energía paraguaya subsidiada.
La realidad es que el gobierno no pudo avanzar porque encontró una oposición firme y organizada de los trabajadores de la ANDE. La resistencia encabezada por SITRANDE fue el factor fundamental que impidió consumar esta nueva entrega de la soberanía energética nacional. Mientras numerosos sectores políticos guardaban silencio o buscaban justificar estas medidas en nombre de una supuesta industrialización, los trabajadores eléctricos colocaron el debate donde correspondía: la defensa del patrimonio público y de los recursos estratégicos del país.
Esta experiencia deja una enseñanza importante para todo el movimiento sindical paraguayo. La defensa de los trabajadores no puede limitarse únicamente a las reivindicaciones salariales o laborales inmediatas. Los sindicatos también deben intervenir en los grandes debates nacionales que afectan las condiciones de vida de toda la clase trabajadora.
La energía eléctrica, los recursos naturales, las empresas públicas, la soberanía económica y el destino de las riquezas nacionales son cuestiones profundamente sindicales porque impactan directamente sobre el empleo, los salarios, los servicios públicos y las condiciones de vida de millones de paraguayos. En ese sentido, la actuación de SITRANDE constituye un ejemplo de sindicalismo que trasciende los límites corporativos y asume la defensa de intereses estratégicos para el conjunto del pueblo trabajador.
Con la derogación de los decretos volvería a regir el régimen tarifario anterior para estos consumidores. Esto permitiría a la ANDE cumplir con los principios establecidos en su Carta Orgánica, garantizando ingresos suficientes para sostener las inversiones necesarias en transmisión, distribución y mantenimiento de la red eléctrica, sin aumentar inmediatamente las tarifas a los usuarios residenciales.
No debemos olvidar que fue el pueblo paraguayo quien financió durante décadas, a través de sus facturas de electricidad, la construcción de las grandes hidroeléctricas y el crecimiento del sistema eléctrico nacional. Ahora que la deuda de Itaipú ha sido cancelada y los costos de generación disminuyen, esos beneficios deberían servir para fortalecer la empresa pública, mejorar el servicio eléctrico y aliviar la carga que soportan las familias trabajadoras. Sin embargo, el gobierno pretendía transferir esas ventajas a corporaciones privadas extranjeras, convirtiendo al Paraguay en un simple proveedor de energía barata para negocios multinacionales.
La batalla contra estos decretos demuestra que cuando los trabajadores intervienen de manera organizada y con independencia política pueden transformarse en una fuerza capaz de defender efectivamente los intereses nacionales frente a gobiernos y corporaciones.
La experiencia de SITRANDE muestra un camino para todo el movimiento obrero paraguayo. Demuestra que los sindicatos no deben limitarse únicamente a la defensa de reivindicaciones económicas inmediatas, sino que pueden y deben asumir la defensa de los intereses históricos de la clase trabajadora y de la soberanía nacional. La firme oposición de los trabajadores de la ANDE fue determinante para frenar una nueva entrega de nuestras riquezas y constituye un ejemplo para el conjunto del movimiento sindical.
Pero esta importante victoria también muestra los límites de la resistencia. Mientras el poder político y económico continúe en manos de quienes gobiernan para los grandes empresarios, los terratenientes, las multinacionales y el imperialismo, los intentos de entregar nuestros recursos naturales, privatizar nuestras empresas públicas y descargar las crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador seguirán reapareciendo una y otra vez.
Por eso, la lucha contra los decretos 5306/26, 5307/26, 5860/26 y 5861/26 debe ser entendida como parte de una pelea más amplia contra la política neoliberal, entreguista y proimperialista del gobierno cartista de Santiago Peña.
La defensa de la soberanía energética, de la ANDE, de Itaipú, de la tierra, de los salarios, del empleo y de las condiciones de vida del pueblo trabajador exige una salida de fondo. Y esa salida pasa por que la clase trabajadora, junto a los campesinos, la juventud y los sectores populares, construya una alternativa política propia capaz de disputar el poder y poner las riquezas del país al servicio de las mayorías.
Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos que no basta con resistir cada nuevo ataque. Es necesario construir una herramienta política de la clase obrera, campesina y popular que luche por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, capaz de terminar definitivamente con la entrega de nuestros recursos y con un modelo que genera riqueza para unos pocos y pobreza para las grandes mayorías.
Por eso llamamos a todos los trabajadores, jóvenes, campesinos y luchadores sociales a organizarse y construir junto al PT esa alternativa política necesaria para conquistar una verdadera soberanía nacional y abrir el camino hacia una sociedad socialista.
La energía paraguaya pertenece al pueblo paraguayo. No se regala, no se rifa y no se entrega.
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT – PARAGUAY)
