El año que se cierra ha sido uno de los más prolíficos para el gobierno cartista en cuanto a una batería de leyes de corte neoliberal y represivo. Con el copamiento legislativo ha logrado la sanción y promulgación de leyes regresivas en el marco de los dictados de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, además de medidas domésticas que apuntan al arrebato de derechos y garantías de la clase trabajadora y que tienen como contracara consolidar los grandes negocios que desde el Estado se realizan, así como los vinculados al capital financiero.
Reformas al servicio de un proyecto de consolidación de la ultraderecha.
No se puede perder de vista que la instalación del cartismo y el desarrollo de su política neoliberal, sus leyes autoritarias y represivas y su agenda conservadora y reaccionaria hacen parte de la ola de la ultraderecha que se extiende por el mundo, desde Milei en Argentina a Trump en EE.UU.
Leyes como la Reforma del Servicio Civil, el Registro Único Nacional, la Reforma de la Carta orgánica del IPS, la Ley de reforma y modernización de la Policía Nacional, la Ley de Control sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, etcétera, son una clara muestra de la reestructuración legislativa al servicio de un proyecto autoritario, de ataques a los derechos de la clase trabajadora y que pone en perspectiva el monopolio del capital financiero como de todos los sectores de la economía.
Las medidas que adopta este gobierno, además de resultar tributarias a las apetencias del oficialismo, obedecen a las recetas del FMI. El cumplimiento de las reformas que logran el achicamiento del Estado, la reforma del sistema previsional y la erosión de los derechos y garantías laborales permite que el gobierno pueda asumir nuevos préstamos con los usureros internacionales y acrecentar así la deuda externa, lo que sólo reditúa al capital internacional que parasita los países semicoloniales como el nuestro.
Tampoco se puede dejar de mencionar la política entreguista en materia de soberanía energética, donde la renegociación de la tarifa eléctrica y del Anexo C de Itaipú se desarrolla de conformidad a los intereses del capital paulista en detrimento de los derechos de la clase trabajadora de nuestro país. Este gobierno profundiza así la sumisión y nuestra condición de opresión nacional.
Lecturas comunes, políticas diferentes.
A nadie le queda la duda que el presidente Santiago Peña es apenas un gerente del aparato estatal que opera como una empresa más al servicio de su patrón Horacio Cartes y de su círculo empresarial mafioso. Tampoco a esta altura nadie tiene dudas que vivimos una situación de retroceso que implica la degradación de las instituciones democráticas liberales y que se apunta al endurecimiento del régimen político, siendo la operatividad de ambas cámaras del Congreso Nacional la muestra más palpable de este curso regresivo.
Las caracterizaciones comunes entre las distintas organizaciones políticas y sociales con relación a la facción de la ANR y su política que domina el escenario, sin embargo, no conlleva la misma orientación para la acción concreta.
La gran mayoría de la oposición de derecha como el campo de la izquierda reformista sólo tiene en perspectivas las próximas elecciones para dar la disputa, de allí que hace rato barajan a diestra y siniestra candidatos con el mejor perfil. Esta política no es extraña, porque parte de la adaptación a la lógica en la que opera el sistema democrático-liberal y que hace parte de la conciencia de la mayoría de las direcciones de las organizaciones sociales.
Entre las organizaciones conscientes de la gravedad del proceso político en curso debemos exigir llevar adelante unidades de acción amplia para salir a las calles a enfrentar al cartismo. No es casualidad que las dos únicas leyes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en diciembre de 2023 y la Reforma del Servicio Civil en diciembre de 2024) que fueron ajustadas y reajustadas por el oficialismo se debieron a la presión de la movilización en las calles.
Sin que se ponga en perspectiva la organización de una huelga general no existe posibilidad real de frenar a este gobierno mafioso y hacerlo retroceder. En caso contrario, seguirá la deriva reaccionaria y la consolidación total y completa del cartismo por la irresponsabilidad y miopía política de los sectores cuyo horizonte político no pasa de las elecciones burguesas.
Un futuro sombrío si no reaccionamos.
Además, la agenda del gobierno apunta a liquidar la previsional, avanzar efectivamente hacia un sistema de capitalización individual, reestructurar los servicios de salud del IPS para sacarlos y generar así las condiciones para su privatización y disponer de sus fondos para inversión en bonos y otros negocios especulativos.
A esto se suma la reforma laboral que implica romper con una de las pocas garantías que tiene la clase trabajadora que es la estabilidad laboral. Estas reformas se plantean en el marco de la continuidad de la precarización y flexibilización laboral creciente dejando en la incertidumbre sobre el futuro a la juventud trabajadora.
Estamos cada vez peor y en retroceso hacia el autoritarismo.
Los datos macroeconómicos de los que se ufana el gobierno no tienen ninguna relación directa sobre la vida de la clase trabajadora que sobrevive con salarios miserables, con niveles de informalidad que alcanzan el 63%, con atención médica deplorable y un modelo educativo cada vez más mediocre y reaccionario. Sin embargo, no se puede negar que esta situación de estabilidad macroeconómica genera tranquilidad entre los grandes sectores del gran capital que en general ven un escenario propicio para avanzar en la captación de inversiones por el bajo costo que supone la mano de obra y la presión fiscal.
Según el economista Víctor Benítez, realizando una analogía, indica que sólo el 20% de los que más ganan se quedan con el 51% de todo el ingreso, el 20% de los que gana menos se quedan con el 5% de la torta y el resto (46%) se reparte. En cuanto a la inflación indicó que el gobierno publica datos distorsionados, por ejemplo, el rubro alimentos (frutas y verduras) sufrió un incremento del 32% arroz 35%, queso 20% entre otros, en cuanto a la carne, en términos interanual, sufrió un 13% de aumento, pero sólo en las últimas tres semanas finales del año subió 9%, al igual que los sustitutos de carnes.
Según Benítez estos datos demuestran que es una gran mentira del gobierno señalar que estamos mejor; el mayor porcentaje de los ingresos se destina en alimentos por ello para la mayoría de la población la inflación es del 30% aproximadamente, pues los elementos arriba indicados hacen parte de la canasta básica familiar y no puede dejarse de lado que el 65% de la población no llega siquiera al salario mínimo. De estos aumentos dan cuenta también representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).
La unidad de acción amplia para derrotar al cartismo.
Las turbulencias que tuvo el gobierno se debieron mayormente a los roces con el imperialismo y las disputas interburguesas locales. Estos choques por arriba no son en absoluto irrelevantes, pero al mismo tiempo son completamente insuficientes para que por ello se dé un viraje en la correlación de fuerzas de manera automática.
Necesitamos replicar los esfuerzos realizados para una nueva huelga general como la del 2014, imitar el proceso de unidad de acción que permitió que la Ley de Superintendencia y la del Servicio Civil haya tenido que ser reformuladas por la presión en las calles.
Sólo una política decidida a llevar adelante articulaciones entre todos los sectores de la clase trabajadora de manera coherente y respetando las diferencias programáticas, que apunte a construir un Congreso unitario que ponga en perspectiva una Huelga General posibilitará derrotar la política de la mafia cartista.
Desde el PT asumimos ese compromiso de hacer todo el esfuerzo por alcanzar este 2025 un plan de luchas útil a nuestro pueblo y que permita la disputa por la independencia política de la clase obrera.
