El pasado lunes 19 de julio la Contraloría General de la República presentó en conferencia de prensa el informe final de la Auditoría de la Deuda de Itaipú, proceso que se había iniciado en el año 2009 luego de intensas campañas populares por la recuperación de la soberanía energética.

En los años 2010 y 2012 se presentaron los primeros avances de este proceso para posteriormente retardarse la prosecución desde el gobierno golpista de Federico Franco y su continuidad con Cartes. La Contraloría imputó dicha dilación a la negativa de la Itaipú Binacional para remitir los documentos solicitados para concluir la auditoría.

Las conclusiones del informe final respecto a la deuda de Itaipú son lapidarias y de importancia fundamental ya que ratifican lo que se vino denunciando desde varios sectores respecto al carácter ilegal de la deuda espuria, producida a raíz de la violación del propio tratado.

La complicidad en el despojo

Cuando Eletrobras alegó que no podía pagar la tarifa establecida en el tratado, equivalente a Uss 17,1 Kw de potencia por mes, debido a la crisis económica en el Brasil, se decidió -en connivencia con las autoridades paraguayas- reducir la tarifa por debajo del costo de producción de la hidroeléctrica. Esto ocurrió entre los años 1985 y 1997, con excepción del año 1991.

Durante el periodo arriba señalado Itaipú trabajó a pérdidas y el Brasil retiró el 98,5% del total de la producción de la binacional, mientras el Paraguay apenas utilizó el 1,5%, generándose una deuda ilegal en dicho período de 4193 millones de Uss, según detalla el informe de la Contraloría.

Con la anuencia de las autoridades paraguayas, la deuda arriba indicada, se agregó también a la deuda total de Itaipú y se incorporó al precio de la tarifa. El pago del servicio de la deuda representa un 60% de la tarifa de Itaipú, y que a su vez se transfiere a los usuarios de la ANDE representando un porcentaje de alrededor del 30% de la tarifa.

Cabe resaltar que dicha deuda, que benefició a Eletrobras y sus subsidiarias en un 98,5% y a la ANDE apenas en un 1,5% se paga en un 50% por ambos países, de esta manera los usuarios en el Paraguay venimos contribuyendo no solo con Eletrobras y sus subsidiarias, sino también a las empresas privadas brasileñas y multinacionales instaladas en San Pablo que se beneficiaron con la energía entregada por Itaipú por debajo del costo.

Como si todo esto fuera poco, nuestros sucesivos gobiernos lacayos cedieron nuestra energía excedente a cambio de una miserable compensación, es decir, venimos exportando por una suma significativamente menor al precio del mercado. Hasta la fecha se nos sigue negando nuestra soberanía hidroeléctrica y el derecho de exportar nuestra energía excedente a precio justo.

 

 

 

Pago de una deuda cancelada

Otra conclusión importante del informe final de la contraloría es que según la conciliación de cuentas la deuda de Itaipú ya debió ser cero varios años atrás, entre el 2014 y el 2016 como máximo. Sin embargo, hasta la actualidad continuamos pagando anualmente alrededor de 1000 millones de Uss por año como servicio de la deuda, de lo cual se deduce un perjuicio extra de al menos 5000 a 7000 millones de Uss más.

Debemos exigir la devolución de manera retroactiva de este despojo vergonzoso, y suspender inmediatamente el pago por el servicio de la deuda y comenzar a disponer de esos 1000 millones de Uss anuales para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica del país y para la reducción de tarifas de la ANDE con un criterio social y de desarrollo que beneficie principalmente a la clase trabajadora y los sectores populares sin caer en el rentismo o en la sustitución de impuestos para los sectores capitalistas.

Alerta sobre el rebaje de la tarifa antes del 2023

Diversos sectores políticos, tanto del gobierno como de la oposición burguesa y populista, plantean bajar la tarifa de Itaipú antes de la revisión del Anexo C del Tratado en el año 2023.

Bajar la tarifa antes de la revisión del Anexo C es un peligro. Mientras el Brasil no reconozca nuestro derecho a contratar el 50% de la potencia y energía de Itaipú y exportar libremente nuestros excedentes a precios de mercado no se debe permitir bajar la tarifa de Itaipu, asegurando de esa forma la disposición de 1000 millones de Uss anuales para el país. El rebaje de la tarifa, antes de todo esto, es adelantarnos a cerrar un acuerdo que no solo se desentiende de lo central, sino que ello no comporta la recomposición que se pretende.

De lo contrario volveríamos a caer en un hecho similar al que dio origen a la deuda espuria cuando nuestro país aceptó bajar la tarifa de Itaipú porque también bajaría la tarifa contratada por la ANDE lo cual benefició únicamente a Eletrobrás que retiró el 98,5% y la ANDE apenas el 1,5% de la energía de Itaipú, mientras que la deuda generada se dividió en partes iguales. Al mismo tiempo, con la acumulación de más deuda y refinanciaciones aumentaban los intereses de Eletrobras como prestamista en detrimento nuestro.

Otros antecedentes

Cuando la ANDE por problemas financieros no pudo pagar por la potencia contratada de Itaipú, entre los años 1999 y 2001, se le aplicó una tasa de interés del 13% para la financiación de su deuda. Es decir, en vez de aplicarse la misma vara con Eletrobras por la misma situación de imposibilidad financiera -ocurrida entre 1985 y 1997- se bajó la tarifa en abierta violación del Tratado. Y esto significó un perjuicio de miles de millones de Uss para nuestro país en beneficio de Electrobras por un problema ocasionado en Brasil.

Exigir la reparación del daño por el pago de una deuda fraudulenta

La tarea de las distintas organizaciones políticas y sociales debe ser exigir al gobierno que la conclusión de la auditoría sobre la ilegalidad de la deuda sea llevado a la mesa de negociación para la Revisión del Anexo C de Itaipú, lo que hasta hoy no forma parte de la agenda del gobierno y no figuraba en ningún documento oficial presentado por el mismo al respecto.

Recién ahora la Fiscalía se ve obligada a manifestar que abrirá una investigación de oficio sobre los hechos denunciados por la contraloría. No hay mucho que esperar, pues esta misma Fiscalía es la que hasta ahora sigue cajoneando la investigación a los involucrados en la firma del Acta Secreta respecto a la contratación de energía de Itaipú que perjudicaba al Paraguay y a la ANDE y que involucraba a miembros del ejecutivo en negociados a favor de la empresa privada brasileña Leros.

Desde el parlamento y el ejecutivo ya se habla de la probable prescripción de la causa por el tiempo transcurrido en los hechos ahora denunciados. Más allá de los recovecos legales, la movilización popular debe empujar a enjuiciar a todos los responsables del enorme perjuicio a la clase trabajadora del país, expropiar a todos los se han enriquecido y enviarlos a la cárcel.

Salir a luchar a las calles para frenar el saqueo

Solo la movilización de los trabajadores y sectores populares con sus organizaciones pueden evitar que continúe la impunidad y se consume una nueva entrega.

Debemos exigir que así como la deuda espuria se dividió en partes iguales, los beneficios adicionales resultantes de la cancelación de la deuda también se dividan ahora en partes iguales y que esta vez sean para beneficio del pueblo trabajador y no de los privilegiados de siempre, ejerciendo nuestra soberanía hidroeléctrica y exportando nuestros excedentes a precios de mercado.