Las Naciones Unidas definen los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos.

Esta definición tiene expresiones más concretas en el conjunto de acuerdos y tratados adoptados por los Estados partes, entre ellos nuestro país. La declaración universal de DDHH y el reconocimiento de una serie de derechos de índole democrático-liberal ha resultado progresivo en la historia, pero no suficiente en términos históricos.

La ONU se constituye en una superestructura política a nivel internacional que media para intervenir en el conjunto de Estados a través de políticas que son funcionales a los esquemas de dominación de las grandes potencias. Estos organismos establecen directrices y lineamientos para mantener cierto orden en los regímenes estatales, buscando que no se den impases que pongan en peligro los intereses geopolíticos de los países imperialistas.

Lo progresivo del reconocimiento de los DDHH es que ello comprime a los Estados a mantenerse, con distintos niveles de calidad, en los marcos de un régimen político democrático-liberal, lo cual asegura de manera limitada ciertos derechos y garantías a la clase trabajadora, situación que no ocurriría bajo un régimen dictatorial. Esto supone que la superestructura conformada por el conjunto de principios y normas establecidas en su Constitución Nacional y otras leyes imprima una obligación a los gobiernos a cumplir con una serie de compromisos mínimos en materia de DDHH y a sus ciudadanos a exigirles el efectivo cumplimiento.

El reconocimiento de los DDHH por parte del Estado paraguayo genera el compromiso ante todos sus habitantes de cumplir y hacer cumplir los derechos que se desprenden de los tratados, acuerdos y convenios internacionales. Sin embargo, de manera cotidiana vemos como el Estado, a través de sus distintos gobiernos, transgrede las obligaciones asumidas.

Basta ver la situación de la salud, educación y las condiciones de trabajo en la que viven cientos de miles de trabajadores precarizados para darse cuenta de lo lejos que se está del cumplimiento mínimo de estos derechos y más aún de la deuda histórica por las violaciones de derechos humanos y terrorismo de Estado durante la dictadura de Stroessner y que se expresa hasta hoy, por ejemplo, en el incumplimiento de la devolución de las tierras mal habidas por parte de quienes sostuvieron y se beneficiaron del régimen.

La transición democrática en el país se ha dado bajo el tutelaje de sectores que han formado parte de la dictadura de manera directa e indirecta, de allí que las desigualdades sociales no solo no han sido atenuadas, sino que en varios aspectos hasta se agravaron y en contrapartida los ricos de este país han aumentado sus fortunas a costas del sacrificio del pueblo trabajador.

Existe hoy toda una corriente de ultra derecha que se envalentona con discursos conservadores y retrógrados y que supone un peligro regresivo en cuanto a los pocos derechos que hoy se tienen. Estos sectores que se denominan “pro vida” o “pro familia” son los que están en contra de la educación sexual, en contra de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva, al aborto y a una vida libre de violencia. Sus principales voceros representan a la vez a quienes se oponen a otros derechos democráticos básicos como el de la equidad tributaria, el impuesto a las grandes fortunas, la recuperación de tierras mal habidas, etc.

La clase trabajadora debe organizarse y movilizarse para exigir el compromiso que el Estado asume desde su ley más importante como la Constitución Nacional. Solo la clase obrera puede embretar al gobierno para constatar hasta donde pueden llegar con la satisfacción básica de derecho humanos establecidos en leyes que ellos mismos dictan y que justifica la existencia de este modelo de Estado.

Las organizaciones de la clase trabajadora deben movilizar al conjunto este 10 de diciembre para hacer avanzar en conquistas y forzar un porvenir mejor para las futuras generaciones, en la pelea por un modelo social y económico al servicio de nuestra clase.

La observancia de los derechos humanos como derechos democráticos básicos está ligada a la pelea por un gobierno obrero y popular como única garantía para el cumplimiento de los derechos que hacen a una vida digna y plena.