Con la firma del reciente acuerdo de cooperación nuclear entre Paraguay y Estados Unidos, el gobierno de Santiago Peña consuma una cadena de pactos que configuran la cesión de la soberanía energética y la seguridad del pueblo y del ecosistema. Desde el Partido de los Trabajadores (PT) denunciamos que estos instrumentos consolidan un modelo de saqueo, dependencia y sumisión ante los intereses de las corporaciones transnacionales y el imperialismo hegemónico estadounidense.

El diseño de subordinación empezó a tejerse con la firma del Acuerdo de Cooperación en Defensa –un virtual SOFA (Status of Forces Agreement)–, que otorga inmunidad a tropas estadounidenses, permite la instalación de bases, facilita ejercicios militares conjuntos y abre el territorio a operaciones encubiertas sin control soberano. Lo que se vendió como “cooperación” es en los hechos una ocupación consentida de nuestro territorio.

A ese primer eslabón se sumó el memorándum sobre minerales críticos y tierras raras, que coloca el uranio y otros recursos estratégicos paraguayos al servicio de los gigantes tecnológicos y megamillonarios de Silicon Valley. Las reservas de uranio de Yuty y otras regiones pasan a engrosar el apetito insaciable de las potencias, sin garantías de industrialización local ni participación real de las comunidades afectadas.

El acuerdo de cooperación nuclear firmado en Washington el pasado 15 de julio de 2026 remata esta arquitectura de vasallaje. Bajo el eufemismo de “usos pacíficos”, habilita la eventual instalación de reactores y la gestión de residuos radiactivos bajo control de corporaciones extranjeras, convirtiendo a Paraguay en basurero y plataforma de experimentación. Todo ello mientras el pueblo carece de acceso a energía barata y de calidad.

Marco Rubio y el “hub energético” para los países ricos

Este entramado cobra sentido a la luz de las palabras del propio secretario de Estado, Marco Rubio, en marzo de 2025. En aquella oportunidad, Rubio explicitó la intención de convertir a Paraguay en un “hub energético”, mediante la instalación masiva de centros de datos y empresas electrointensivas extractivistas. Grandes consumidores de la electricidad paraguaya que operarían con tarifas regaladas, mientras exportan ganancias, datos y materias primas sin procesar, dejando apenas migajas, degradación ambiental y ningún encadenamiento productivo.

No habrá desarrollo, sino una nueva forma de colonización digital y energética. Las promesas de “empleo” son la coartada de siempre para justificar un esquema que concentra la riqueza en un puñado de transnacionales y profundiza la dependencia tecnológica y financiera.

El precio de las sanciones: el feudo colorado arrodillado

La velocidad y la sumisión total con que el gobierno de Santiago Peña entrega la soberanía tienen una explicación nítida: la necesidad imperiosa de levantar las sanciones que pesaban sobre el verdadero jefe del régimen, Horacio Cartes. El ex presidente, cabecilla de una estructura mafiosa que monopoliza sectores económicos clave –tabaco, bancos, importación de combustibles, medios de comunicación– y utiliza las instituciones del Estado como instrumento de sus negocios, fue sancionado por corrupción significativa por el gobierno de Estados Unidos.

El cartismo necesitaba borrar esa mancha para blanquear sus capitales y recuperar pleno acceso al sistema financiero internacional. La solución fue el vasallaje explícito: a cambio del levantamiento definitivo de las sanciones, el gobierno colorado ofreció el país en bandeja. La secuencia es incontestable: primero se premia al capo con la impunidad financiera, y acto seguido se firman los acuerdos que amarran a Paraguay como proveedor de energía barata, recursos naturales y territorio militar al servicio de Washington.

El Paraguay de Cartes y Peña es el ejemplo extremo de un bloque de gobiernos de ultraderecha arrodillados ante el imperialismo hegemónico, que compiten por ver quién ofrece mayores concesiones. Con el Partido Colorado transformado en cártel político-empresarial, la política exterior se reduce a proteger el feudo del jefe y a garantizar que ninguna instancia internacional incomode el saqueo.

Por la recuperación de la soberanía

El Partido de los Trabajadores llama al pueblo paraguayo a despertar frente a este plan de recolonización. Exigimos la derogación inmediata del acuerdo nuclear, del memorándum de minerales y del convenio militar que lesiona nuestra independencia. Ningún centro de datos, ninguna minera extractivista puede imponerse sin consulta popular y sin un debate nacional sobre el modelo energético y productivo que queremos.

La energía paraguaya solo estará verdaderamente al servicio del pueblo trabajador bajo un Gobierno de los Trabajadores, que planifique el desarrollo al servicio de la industrialización, la soberanía alimentaria y el bienestar de las grandes mayorías, rompiendo con la voracidad de las corporaciones que pretenden convertir a Paraguay en una colonia energética del siglo XXI. Frente a proyectos nucleares y extractivistas que ponen en riesgo la salud del pueblo trabajador y el equilibrio del ecosistema, defendemos la transición hacia formas de generación de energía limpias, seguras y soberanas. Solo la movilización independiente y la lucha del pueblo organizado en las calles pueden frenar el saqueo, defender la vida y conquistar una verdadera soberanía.