Análisis de coyuntura

El 2021 se ha abierto con nuevas crisis en el Ejecutivo. Estas ponen un manto de dudas sobre la continuidad del proyecto de la “concordia colorada” para las elecciones municipales, y al mismo tiempo dan lugar a las amenazas del fantasma del juicio político.  Las declaraciones de representantes del cartismo no pasan hasta hoy de meras bravuconadas, pues la concordia colorada no es otra cosa que un acuerdo de conveniencia mutua que garantiza impunidad y facilidad para sus negocios al cartismo; y, al mismo tiempo abona la continuidad del gobierno en un desgaste permanente.

Apenas inicia el año y ya saltan los primeros negociados

Los hechos que abren este nuevo momento de crisis están cruzados por escándalos de corrupción: el conflicto que implica al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan E. Villamayor, en el negociado de la deuda de Petropar con PDVSA, que incluiría el pago de millonarias comisiones; el escándalo de la millonaria pasarela de oro de USD 2 millones, que fue denunciado por el Director de Obras Públicas José Kronawetter, señalando la conexión de la empresa que construye la pasarela de oro con Jorge López Moreira (hermano de Silvana), cuñado del presidente Abdo Benítez.

Kronawetter  fue apartado del cargo por el Ministro de Obras Públicas, Arnaldo Wiens, tras confirmar que López Moreira había hecho lobby a favor de la súper proveedora Engineering SA, cuyo director es Juan Andrés Campos Cervera, empresario ligado al equipo de Abdo. Esta empresa cuenta con 66 contratos con el Estado y se encargó de la polémica pasarela con diseño de ñandutí entre el parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo.

Estos dos hechos precipitaron los cuestionamientos y pedidos de destitución de Villamayor y Wiens, no solo de la oposición por fuera del partido colorado, sino del aliado de la concordia colorada, el sector de Horacio Cartes, mientras Abdo respalda públicamente a ambos.

Avanza la traición y el entreguismo de la soberanía energética

A todo esto se sumó la renuncia del hoy ex Director de Itaipú, Ernst Bergen, quien, empujado por las presiones internas y externas para la adjudicación de licitaciones y otros negociados por parte de los que conforman el primer anillo que parasita el ente, decidió dar el paso al costado. En su reemplazo, Mario Abdo designó a uno de los traidores y entreguistas de la soberanía energética del país, Federico González, partícipe directo del escándalo de la frustrada firma del acta secreta de Itaipú (2019) quien hasta entonces ocupaba el cargo de Canciller.

Federico González ofició de mandadero del presidente Mario Abdo y estuvo a la cabeza junto al vicepresidente Hugo Velázquez para intentar cerrar el negociado sobre la energía excedente de la represa en favor de la empresa Leros, vinculada a Bolsonaro.

La designación de Federico González obedece a la necesidad de Mario Abdo de tener a cualquier precio a alguien absolutamente leal a los grandes intereses que se desprenden de la negociación del Anexo “C” de Itaipú, discusión que ya está en desarrollo y cuyo desenlace debe darse en el 2023. La enorme indignación despertada es la tormenta que el gobierno de manera consciente asumió afrontar con tal de no alterar sus planes en torno a los negociados que le reportará el acuerdo al que se llegue con el gobierno brasileño.

La designación de González generó movidas en el gabinete: el oportunista y camandulero Euclides Acevedo -quien ocupaba el cargo de Ministro del interior- fue designado nuevo Canciller y Arnaldo Giuzzio, hasta entonces Ministro de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas), fue designado como el nuevo Ministro del Interior en reemplazo de Acevedo.

Tiroteos de todos los costados, acuerdo en sus intereses de clase  

Esta sumatoria de escándalos por arriba profundiza la crisis del gobierno, que no logra reponerse de un golpe para seguir recibiendo otros que lo dejan tambaleando y donde los cruces con el cartismo suben de tono de cara al intento de poner en marcha el operativo “concordia colorada” para las elecciones municipales.

El conjunto de la oposición volvió a sacar el fantasma del juicio político, aunque de parte del cartismo esto no pasa de meros ladridos, porque la esencia del acuerdo entre ambas facciones coloradas es el pacto de impunidad y el mantenimiento del gobierno hasta su culminación.

La designación de González al frente de Itaipú no tiene hasta hoy acuerdo en el senado, lo que deja al gobierno nuevamente condicionado a llegar a acuerdos con el cartismo para avanzar en sus pretensiones de negociaciones en Itaipú.

En el marco de esta puja de facciones se dan golpes y amenazas que debilitan relativamente al gobierno de Abdo, sobre todo lo desgasta y desprestigia ante la opinión pública y ciertos sectores burgueses que van perdiendo confianza en su gestión. Cartes sabe que no tiene la cancha libre aún y que pesa sobre su cabeza el proceso de Messer que lo involucra y amenaza sus negocios y proyectos, por ello apela a estos tiroteos. A pesar de estas idas y vueltas, el gobierno sigue firme en otros aspectos que hacen a la agenda común entre ambos grupos contra la clase trabajadora.

El cartismo golpea, saca ventajas y sigue avanzando  

Por su parte el cartismo no solo continúa la línea de desgastar al gobierno para constituirse en la única fuerza preponderante al interior del partido colorado, sino que a la par, mientras ya presenta la tentativa dupla por su movimiento para disputar el 2023 (Santi Peña & Pedro Alliana), coloca la discusión de preparar la constituyente para reformar la constitución y así incorporar la figura de la reelección y otras modificaciones de marcado corte autoritario. El diputado por Itapúa Walter Haarms (cartista) planteó el debate de la constituyente como una idea propia, tratando así de deslindar a Cartes y el cartismo del proyecto.

El cartismo tiene un programa que busca no solo retornar al poder, sino que busca despejar todos los obstáculos legales que a Cartes le trabaron el proyecto de reelección, así como la necesidad de aceptación de la renuncia presidencial por parte del congreso para jurar como senador activo, pretensión de Cartes en 2018, entre otras reformas reaccionarias.

La facción de Cartes se juega a este proyecto en el marco de la discusión de la reforma estatal y una de las hipótesis que se maneja es que su estrategia de desgaste continuo al gobierno y la amenaza de juicio político busca condicionarlo para viabilizar su agenda política.

La oposición en crisis y a la espera de cerrar acuerdos electorales

Por parte de la oposición parlamentaria no existen muchas novedades. La crisis del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sigue su curso; Efraín Alegre sigue su campaña anti mafia intentando aglutinar a todos bajo su carpa. Blas Llano, pegado al cartismo, con aparente menor fuerza, hace campaña para reforzar su espacio, mientras el resto del PLRA corre por andariveles separados en la búsqueda de acomodarse donde mejor le convenga.

Mirando desde afuera y en espera de resolución de la crisis del PLRA está el Frente Guasu (FG), que en el marco de su oportunismo electoralista pretende aliarse con el sector del PLRA que mejor esté parado en tal o cual zona del país. Esta disposición del FG ya se da a nivel interno, donde el Partido Tekojoja decidió dar un paso al costado del FG en algunos distritos, para aliarse de manera independiente con el PLRA para asegurar la ubicación de sus referentes en algunos municipios.

Hugo Richer (Convergencia Socialista) señaló que lo decidido por Tekojoja es una factor de debilitamiento del FG, explicando que en la concertación existe la figura de la “excepción” que es la decisión autónoma de cada espacio de poder elegir salir en ciertos lugares de la alianza y agruparse con otros sectores o ir de manera independiente para disputar elecciones en mejores condiciones. Caros Filizzola (Partido País Solidario) dijo que esta situación solo debilita al FG en este momento y hasta dio a entender que ello se constituye en una actitud mezquina de Sixto Pereira (Tekojoja), quien en vez de aprovechar la fuerza que tienen en determinados distritos para que ello reporte al resto del FG, lo utilizan solo en beneficio propio al asegurar las candidaturas en alianza con el PLRA.

La oposición reformista, al tener como prioridad las elecciones, no tiene en mira organizar a la clase trabajadora para agruparse en torno a un plan de acción para movilizarla y presionar al oficialismo a retroceder en sus planes entreguistas, de reforma estatal y mayores ajustes en contra del pueblo.

La tarea de las organizaciones combativas de la clase trabajadora

El gobierno camina con una marcada debilidad por su sometimiento constante al cartismo, pero con este le unen los planes estratégicos que significan multimillonarios negociados y profundización de la miseria para el pueblo trabajador.

Las organizaciones clasistas y combativas debemos profundizar las discusiones políticas para reagrupar a las organizaciones en torno a un plan de lucha contra la política del gobierno, planteando la movilización de todos los sectores golpeados por la crisis.

La tarea debe ser volver a articularnos, discutir un plan de luchas  como el año pasado y volver a movilizarnos demostrando la fuerza de las organizaciones en las calles y que no vamos a tolerar ni un solo paso más en los negociados y traiciones del gobierno y los dueños del gran capital.