El pasado viernes 5 de noviembre se llevó a cabo la reunión de cancilleres de Paraguay y de Brasil. La cancillería paraguaya sentó postura sobre el mantenimiento de la tarifa de Itaipú y las condiciones de contratación para la ANDE, luego de un dilatado silencio del gobierno en torno a la posición que se asumiría respecto al tema.

Al comenzar a saldarse la deuda de Itaipú se reduce el costo de producción de la energía, actualmente dicho pago de la deuda representa un tercio de la tarifa.

El gobierno venía barajando tres opciones en los documentos oficiales presentados al Congreso. Las opciones abarcaban todo el arco de posibilidades incluyendo el mantenimiento de la tarifa actual a la que denominan “Tarifa Alta” o bien la reducción de la tarifa a una “Tarifa Intermedia” o una “Tarifa Baja”, estas últimas opciones son las que más interesan a las grandes empresas privadas y al gobierno del Brasil, pues si estas dos últimas hipótesis se dieran le entregaríamos nuestros excedentes eléctricos con una Tarifa todavía más baja.

Esta posición entreguista fue defendida por exponentes del gobierno, por sectores privatistas y por supuestos expertos nacionales que intentaban instalar que una reducción de la tarifa de Itaipú era lo más conveniente para ambas partes, aunque solamente nosotros contamos con excedentes eléctricos que cedemos al Brasil a precio irrisorio y no se nos permite venderlos a precios de mercado.

En estas condiciones una reducción de la Tarifa de Itaipú significaría reducir aún más el precio al que exportamos nuestros excedentes al Brasil. Otra cosa sería si ejerciéramos nuestra soberanía hidroeléctrica exportando nuestros excedentes a precios de mercado, con lo cual dicha reducción de la tarifa sí resultaría realmente beneficiosa para nosotros.

El drástico cambio de posición del gobierno se debe, por una parte, al fracaso en el intento de instalar en la población el supuesto beneficio de la reducción de la tarifa y al temor de que ocurra lo mismo que con el Acta Secreta del 2019, que puso en jaque al gobierno.  A esto se suman las denuncias de distintas organizaciones sociales y campañas ciudadanas que vienen señalando a través de pronunciamientos y movilizaciones los perjuicios que acarrearía la reducción de la tarifa de Itaipú sin el ejercicio de nuestra soberanía energética. Esto tuvo amplia repercusión mediática y entre miembros del parlamento, principalmente por el riesgo que dicha decisión se pudiera tomar en la última reunión del Consejo de Administración de Itaipú sin antes hacer pública la posición del gobierno.

Con el mantenimiento de la tarifa se evita la entrega anticipada de nuestra principal carta de negociación para el momento de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023 y se mantiene la posibilidad de disponer de ingresos extra para inversiones necesarias en el sector eléctrico y ampliación en la tarifa social de la ANDE.

Quedan aún pendientes cuestiones fundamentales como el ejercicio de nuestra soberanía hidroeléctrica exportando nuestros excedentes a precios de mercado, exigir el resarcimiento por el pago de la deuda espuria basándonos en el informe final de la Contraloría, el cese inmediato del pago por el servicio de la deuda, y hacer un buen uso de la renta eléctrica adicional que se obtenga.

La trampa del negocio verde de Itaipú

Debemos permanecer alertas ante los últimos anuncios del gobierno que, con la excusa de utilizar toda nuestra energía de Itaipú en el territorio nacional y con un discurso pseudo ambientalista, plantea conceder a través de Alianzas Publico Privadas a empresas extranjeras la instalación de plantas de producción de Hidrogeno Verde en el Parque Tecnológico Itaipú, ubicado en las cercanías de la hidroeléctrica, con el objetivo de ahorrar en costos de Transmisión y Distribución y entregar nuevamente al capital privado de dichas empresas nuestra energía a una “tarifa competitiva”, es decir, lo más baja posible justo cuando se plantea la posibilidad de venderla a precios de mercado.

Otra cuestión es que la instalación de electrointensivas[1] de este tipo adelantaría varios años nuestro déficit de generación hidroeléctrica, las ganancias no quedarían mayormente en el país ni generaría muchos puestos de trabajo, y ni siquiera la producción de Hidrogeno Verde se podría utilizar mayormente en nuestro país por nuestro atraso tecnológico, sino que se destinaría principalmente a Europa, ya que por su capacidad de almacenamiento y transporte el Hidrógeno puede ser utilizado como un vector energético.

En otras palabras con este negocio verde lo que se plantea en realidad es la explotación de nuestros recursos y el saqueo de nuestra principal riqueza (La energía hidroeléctrica) en este caso para beneficio del capital privado extranjero, apoyados en un falso discurso ambientalista y de soberanía energética, cuando en nuestro país la matriz energética sigue compuesta principalmente por la quema de biomasa, y ahora, en lugar de impulsar la utilización de nuestra energía eléctrica para el desarrollo y el uso interno se plantea exportarla en grandes cantidades a Europa en forma de Hidrógeno Verde producida con una tarifa muy por debajo del actual precio de mercado.

¡Por el mantenimiento de la tarifa actual de Itaipú hasta que ejerzamos plenamente nuestra Soberanía Energética!

¡No a la negociación a espaldas del pueblo!

¡Por la descarbonización y producción de una energía limpia y sustentable, que no sea a costa de la explotación y opresión de los pueblos!

¡No a la entrega de nuestros recursos naturales y energéticos!

¡Por seguir ampliando la lucha a favor de una política energética con soberanía y justicia para la clase trabajadora!

[1] Nuestro excedente energético se prevé que dure un poco más de 10 años, pero con la instalación de electrointensivas duraría solo alrededor de 3 años sin darnos el suficiente tiempo para realizar nuevos emprendimientos de generación como centrales hidroeléctricas.