El día de ayer 09 de mayo se hizo público el acuerdo abordado entre los gobiernos del Paraguay y del Brasil sobre Ia tarifa de itaipú, la cual se fijó en 19,28 Uss MW/mes, lo cual es presentado por el gobierno de Santiago Peña como un logro histórico, consiguiendo instalar ese discurso, con el apoyo de la prensa comercial, aprovechándose de la confusión por la profundidad técnica del tema.
En realidad la tarifa fijada solo se puede considerar un logro en relación al gobierno anterior de Abdo Benitez, donde se redujo la tarifa de 22,6 Uss MW/mes hasta 16,7 Uss/MW/mes sin ejercer la soberanía, es decir, sin contratar nuestro 50% de Itaipú, y continuando con la cesión de energía al Brasil.
Mentiras aviesas de un gobierno lacayo
El gobierno anunció haber conseguido 1250 millones de Uss en total. Sin embargo, lo que omite es señalar que en ese monto están incluidas, por una parte, las compensaciones por cesión de energía 265 M USS; los Royalties (que Itaipú paga al Estado paraguayo por uso del río) 280 M USS; las utilidades de capital 53 M USS, que ya existían y no fueron modificados en el acuerdo porque están establecidas en el Tratado y no dependen de la tarifa; y, por otra parte, 650 M USS para inversiones sociales, los famosos Fondos Socioambientales que sí varían dependiendo de la tarifa definida políticamente, pero que también ya existían y que solo tuvieron un pequeño aumento de alrededor de 150 M USS.
En otras palabras, los grandes logros anunciados eran parte de lo que el Estado paraguayo ya recibía, lo que se podría haber conseguido a partir de la finalización del pago de la deuda eran 1000 M USS adicionales sobre lo ya existente, alcanzando alrededor de 1600 M Uss. Es decir, que perdimos 350 M Uss anuales, que en total serán 1050 M Uss de pérdida en los 3 años que contempla el acuerdo.
Se profundiza el sometimiento y la opresión
El acuerdo contempla que Paraguay tendrá la posibilidad de inmediato de vender su energía al mercado libre brasileño, lo que de hecho ya estaba contemplado en el Acuerdo Lugo-Lula y nunca se aplicó, con la diferencia de que en dicho acuerdo también se mencionaba la posibilidad de exportar nuestra energía paraguaya a terceros países a partir del 2023, cosa que nunca se cumplió.
El actual acuerdo entre Lula y Peña lo reduce únicamente al mercado brasileño, y con leyes brasileñas, expresando una mayor sumisión al gobierno del Brasil, entregando nuestra soberanía en cuanto a la decisión de a quien vender nuestra parte de la energía de Itaipú y renunciando a una carta de negociación para la obtención de mejores precios de mercado y para la revisión del Anexo C que se acordó realizar antes del 31 de diciembre del 2024. Todo esto es un retroceso con relación al Acuerdo Lugo-Lula.
En ese sentido, el gobierno burgués de Lula reforzó el sometimiento, la dependencia, en otras palabras, la histórica situación de opresión nacional sobre nuestro país, lo que no le resultó dificultoso teniendo a pusilánimes y lacayos como quienes representan a este gobierno de Peña al frente de las negociaciones.
Más retrocesos
El nuevo acuerdo también deja abierto la posibilidad de que sean comercializadoras privadas las que exporten nuestra energía al Brasil como ya se pretendió hacer con la comercializadora Leros cuando estalló el escándalo del Acta Secreta durante el gobierno de Abdo Benítez.
Además, en el acuerdo se menciona que Paraguay se compromete a aumentar la contratación de potencia en al menos un 10% cada año, con lo cual se evidencia que de inmediato no se pretende contratar el 50% de Itaipú para vender nuestros excedentes, ejerciendo así nuestra soberanía energética.
La ANDE la más perjudicada
La nueva definición de la tarifa trae como consecuencia el aumento del 15,4% del precio de contratación de energía de la ANDE que resulta ser la más perjudicada con el actual acuerdo, porque aumentan sus costos en millones de Uss, pero no se aclara que cantidad de recursos se destinaría a la estatal, ya que se mencionan otros gastos socioambientales prioritarios antes que la inversión necesaria en infraestructura eléctrica, los cuales para colmo serán administrados discrecionalmente por el gobierno a través del Consejo de Administración de Itaipu, debido a que no pretenden que estos fondos ingresen al Presupuesto General de la Nación para evitar el control.
Esta situación hará más grave el retraso en el desarrollo de la infraestructura eléctrica de la ANDE con lo cual el colapso del sistema eléctrico se volverá inevitable y se presentará la privatización como la única solución. De hecho ya se está analizando con participación de la ANDE la modificación de le Ley de Producción y Transporte Independiente de energía eléctrica para permitir la privatización del sector eléctrico incluso en la generación hidroeléctrica, la única que actualmente no está aún incluida en dicha ley.
Aumento de subsidios a electrointensivas y criptominería
Otra cuestión es que con los nuevos costos que implica para la ANDE la nueva tarifa de Itaipú, aumenta el subsidio ya existente a las Criptomineras y a las electrointensivas como las Plantas de Hidrógeno Verde que firmaron contratos por varios años durante el periodo de gobierno anterior donde se tenía la política contraria de bajar el precio de la tarifa a pesar de no ejercer la soberanía.
Con la nueva tarifa establecida estas empresas no estarían ni siquiera cubriendo los costos y estarían siendo subsidiadas por el resto de los usuarios de la ANDE, sin aportar fuentes de trabajo ni valor agregado para el país.
¿Y ahora qué hacemos?
El tema Itaipú es el tema estratégico que debe ocupar el centro de discusiones de la clase obrera en nuestro país. La energía eléctrica es la principal producción de nuestro país, el ejercicio de la soberanía efectiva permitiría no sólo inversiones en ámbitos sociales claves y necesarios, sino también desarrollar la industria con cientos de fuentes de trabajo genuino y calificado, elevando la calidad de vida y el desarrollo del país.
El gobierno en ningún momento intentó ejercer realmente la soberanía, ni puso sobre la mesa la exigencia del resarcimiento por el pago de más de 15.000 millones de Uss que realizó el Paraguay por la deuda espúrea ni la reparación a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de Itaipú.
Todo esto se presenta como «un gran logro histórico», cuando en realidad apenas se recogieron unas migajas insustanciales que habían sido entregadas por el gobierno anterior, pero que de conjunto muestra un retroceso y una profundización del sometimiento al Estado del Brasil bajo el gobierno «progresista» de Lula.
Es necesario salir a las calles a movilizarnos con fuerza a denunciar y exigir a este gobierno cobarde, embustero y lacayo de Peña un viraje en las negociaciones respecto al Anexo C que están pendientes. Solo la fuerza de la clase obrera, con SITRANDE a la cabeza pueden revertir este curso entreguista del gobierno cartista de Peña.
¡Por el ejercicio inmediato de nuestra Soberanía Energética, contratando el 50% de la potencia de Itaipú!
¡Por el derecho a exportar nuestros excedentes a precios justos a cualquier país de la región!
¡Que los recursos adicionales obtenidos ingresen al PGN y se destinen para el beneficio del pueblo trabajador y no para la corrupción ni para la patria contratista!
