El nuevo acuerdo operativo entre Paraguay y Argentina sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá, firmado el 26 de mayo de 2025 por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Secretaría de Energía de Argentina, fija una tarifa de 28 USD/MWh. Antes de este acuerdo, Paraguay pagaba una tarifa de 22,6 USD/MWh y Argentina 19,6 USD/MWh, según los precios vigentes establecidos en los ejercicios anteriores.
Este acuerdo impone un duro golpe a la ANDE y, por lo tanto, a todo el pueblo paraguayo.
El titular de la ANDE, Félix Sosa, intenta presentar el pacto como un avance, asegurando que la suba de la tarifa a 28 USD/MWh no se trasladará a los usuarios paraguayos. Pero lo que no dice es que esta decisión implica un sobrecosto financiero directo para la empresa pública, que se verá obligada a adoptar medidas compensatorias dudosas y regresivas.
Una renuncia injustificada a la energía más barata
Hasta ahora, Paraguay venía aplicando una política energética que priorizaba el retiro de la mayor cantidad posible de energía de Yacyretá, ya que, por su menor costo, resultaba más conveniente que Itaipú. Con el nuevo acuerdo, eso cambia abruptamente: se pasará a retirar solo alrededor del 15% de la energía de Yacyretá, cediendo el resto a Argentina, que además tiene un historial de incumplimientos en los pagos por cesión de energía.
Es decir, Paraguay paga más caro, cede una mayor cantidad de energía, y no tiene garantías reales de cobrar lo que le corresponde. Una política de entrega que solo favorece a los intereses del gobierno argentino y a los capitalistas que manejan el negocio eléctrico en el vecino país.
Itaipú tampoco es la solución
Como justificación, el gobierno afirma que se compensará el sobrecosto con un mayor retiro de energía de Itaipú. Pero esa maniobra solo profundiza el problema: el precio actual del mix tarifario de Itaipú a partir del acuerdo Peña-Lula es incluso más elevado que el nuevo precio de Yacyretá. No hay eficiencia ni lógica en esta política, salvo la de subordinarse a los intereses de la burguesía regional y a los pactos intergubernamentales sin transparencia ni control popular.
Criptomineras: más entrega, más saqueo
Pero lo más grave viene con las otras medidas “compensatorias” anunciadas por Félix Sosa: nuevos contratos por 500 MW con empresas criptomineras, que supuestamente representarian mayores ingresos para la ANDE pero en realidad consumirán enormes volúmenes de energía a tarifas subsidiadas, más bajas incluso que las tarifas definidas para industrias electrointensivas en el propio decreto presidencial, justamente para no tener que adecuarse a dicho decreto que establece tarifas más altas para electrointensivas es que se denomina tarifa especial a las aplicadas a la criptominería.
Estas empresas no generan empleo, no industrializan, no pagan tarifas que cubran siquiera el costo total de provisión y mucho menos las pérdidas que generan, y solo sirven a los intereses especulativos del capital. Mientras miles de hogares y pequeños productores enfrentan cortes, facturas impagables y servicios deficientes, el Estado garantiza enormes magnitudes de megavatios baratos de nuestra energía para especuladores que ni siquiera tributan ni generan empleos en el país.
Rumbo al déficit energético… y al colapso
Todos estos elementos apuntan a una consecuencia previsible: el adelantamiento del déficit energético nacional, inicialmente proyectado para el 2031, pero que, con esta política de despilfarro energético, podría llegar mucho antes. Para peor, el acuerdo operativo actual finaliza en 2029, lo que significa que el país podría enfrentar una crisis energética sin margen de renegociación soberana
Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos esta nueva entrega de nuestra Soberanía Energética, y exigimos la anulación del actual acuerdo.
¡Por una política energética al servicio del pueblo, no de los especuladores y capitalistas locales o extranjeros!
