Hace un mes atrás se recordaba los 10 años de la masacre Curuguaty, un hecho que significó un punto de inflexión para el gobierno de conciliación de clases de Fernando Lugo.

Durante todo este tiempo ha existido un balance común por parte de la izquierda reformista (FG, PMAS, y demás partidos de izquierda que conformaron aquella alianza con la burguesía liberal) sobre los responsables de aquel suceso, análisis compartido también por un amplio arco de ONGs y la mayoría de los intelectuales de la academia.

El relato que desarrolla esta izquierda sobre la responsabilidad política de los hechos sucedidos aquel 15 de junio de 2012, y su desenlace en el escenario político, se limita a señalar parcialmente a los verdugos directos: la oligarquía agroganadera, en alianza con la mafia colorada en el congreso y la traición de su otrora “aliado” de Lugo, el PLRA[1].

En el relato del reformismo se omite señalar la corresponsabilidad del gobierno de Lugo, no sólo por la masacre de Curuguaty, sino por la política de criminalización al movimiento campesino que se desarrolló sin pausa durante el supuesto “gobierno del cambio” que prometía una reforma agraria que, en los hechos, no avanzó un milímetro.

En ninguna parte se encontrará algún tipo de autocrítica respecto al actuar del gobierno antes como después de la masacre; por ejemplo, nadie dice nada del actuar del ex ministro del interior Carlos Filizzola (PPS)[2] quien afirmó haber actuado “… como la ley manda…” y envió “321 efectivos policiales” a efectuar aquel desalojo.

La lógica del mal menor

Abordar objetivamente las “limitaciones” del programa de aquel gobierno del 2008-2012, significa exponer crudamente lo que en realidad ofrece como perspectiva política el programa de la izquierda reformista. En primer lugar, su carácter de clase, el cual parte a su vez de la concepción política del reformismo. En ese sentido, la apelación a la frase “alianzas con sectores progresivos” resulta un eufemismo que implica conciliación de clases con un sector de la burguesía liberal.

La izquierda reformista justifica su actuar concibiendo la realidad a partir de la famosa teoría estalinista de los campos[3], en la cual un campo sería reaccionario y en donde se anotan los partidos de derecha más recalcitrantes: el Partico Colorado, Patria Querida, Unace[4]; y otro, que sería progresivo en donde estarían un sector significativo del PLRA, PDP[5], entre otros partidos igualmente patronales.

El gobierno de Lugo, un gobierno servil y cobarde

Cualquiera que no sea desmemoriado debe recordar cómo empezó aquel “gobierno del cambio”, en donde Rafael Filizzola (PDP), entonces Ministro del Interior, se jactaba en el balance de los primeros cien días de gobierno lanzando aquella famosa frase “cien primeros días, cien desalojos”.

Lo arriba apuntado era un mensaje claro a los terratenientes del país para que tomen con tranquilidad el gobierno que se inauguraba, pues estaba garantizada su propiedad privada de la tierra y cualquier otro medio de producción. La propiedad capitalista sería respetada ante cualquier intento de ocupación campesina o lucha en la ciudad. La reforma agraria podía seguir esperando.

El proceso de criminalización se fue intensificando en el marco del gobierno “progresista” de Lugo. En ese sentido, el Informe de la CODEHUPY sobre el caso de Marina Kue (2012) pone de relieve que el problema social derivado de la inequidad estructural de la tenencia de la tierra siguió ininterrumpidamente durante dicho gobierno. Es más, ni siquiera aquellas tierras consideradas malhabidas fueron expropiadas, manteniéndose la total impunidad que se arrastra desde la dictadura stronista.

El proceso de militarización

Por otra parte, a esto se sumó la militarización permanente de varios departamentos del norte del país a través de dos Estados de Excepción[6] decretados por Lugo. El primero en abril del 2010, cuando el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que declaró Estado de Excepción por 30 días en cinco departamentos. El otro se dio en el año 2011 por 60 días en dos departamentos, con el supuesto fin de reforzar los operativos de búsqueda de miembros del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Estas intervenciones militares se dieron de manera aparatosa y violenta y manteniendo a las poblaciones afectadas en un estado de terror, vulnerando DDHH que fueron objeto de denuncias.

El proceso de militarización, como parte del Plan Colombia, se ha instalado como política de seguridad hace varios años en nuestro país. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia concretaron una alianza estratégica para la negociación e implementación del plan en la región. El justificativo para implementar esta orientación fue la supuesta lucha contra el narcotráfico, fenómeno que paradójicamente crece día a día.

El plan Colombia en Paraguay aterrizó en el 2005 en el marco del Plan de Acción en Materia de Seguridad. Dicho plan de seguridad fue reforzado durante el gobierno “progresista” de Lugo, el 29 de setiembre de 2008, a través del acuerdo firmado en Colombia con el Presidente Álvaro Uribe, expresando ambos gobiernos la disposición de “fortalecer los mecanismos y métodos de cooperación, comunicación e información”; dando así continuidad a los acuerdos bilaterales existentes entre ambos países.

En el marco de este Plan el gobierno de Lugo aprobó la Ley Antiterrorista,[7] dispositivo que bajo la excusa de la lucha contra el crimen organizado militariza los territorios generando un estado de terror, desplazando a poblaciones enteras en el afán de que el capital agrario acreciente sus tierras para aumentar los monocultivos, entre otros negocios.-

Algunas conclusiones

Estos ejemplos muestran a las claras que la izquierda reformista (PCPS, PCP, PMAS, Tekojoja, Paraguay Pyahurã, entre otros) lejos de ser actores progresivos para superar el modo de producción capitalista, se constituyen en aliados estratégicos en momentos convulsos de la lucha de clases. En otras palabras, en momento de crisis y polarización social, cuando la clase trabajadora irrumpe con fuerza el escenario político, la izquierda reformista frena el ímpetu transformador, encaminado los procesos de lucha hacia la vía muerta de las instituciones burguesas: elecciones, lucha parlamentaria, justicia burguesa, etc.

El gobierno de Lugo fue el causante de la desmovilización de las organizaciones campesinas que depositaron confianza en aquel proyecto, el cual terminó desmoralizando y debilitando al conjunto y así preparó la victoria de la reacción. Hasta hoy el movimiento no se ha podido recuperar.

La conclusión que debemos sacar las y los trabajadores del país es que, si no luchamos por una organización con independencia de clase, socialista y revolucionaria, que se plantee la movilización permanente hacia la superación de la barbarie del sistema capitalista, estaremos cada vez en peores condiciones de vida, manteniéndonos presos de las variantes políticas de las que se vale la burguesía nacional y el imperialismo para dominar, explotar y expoliar a nuestro pueblo.

Partido de los Trabajadores

Notas:

[1] Partido Liberal Radical Auténtico.

[2] Partido País Solidario.

[3] Referencia analítica prestada de los Partidos Comunistas stalinistas, los cuales concebían la necesidad de buscar sectores burgueses nacionalistas para aliarse en contra de los sectores marcadamente pro imperialistas, en la pretendida contradicción entre una burguesía nacionalista y otra marcadamente entreguista y reaccionaria. Esta alianza de clases entre sectores populares (obreros y campesinos) y sectores burgueses impulsada por el stalinismo es lo que se denominó proyectos de Frente Popular, los cuales, a la larga, capitulaban, una y otra vez, a los intereses del gran capital imperalista desmoralizando a la clase trabajadora, esperanzada en las recetas de estos proyectos burgueses con fraseología populista de izquierda.

[4] Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Agrupación de derecha de las más reaccionarias y conservadoras, lideras por el ex general Lino Oviedo(+).

[5] Partido Demócrata Progresista: organización política de centro derecha.

[6] Implementados por la ley 3994/10 que declara el Estado de Excepción en los departamentos  de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes por un periodo de 30 días, y la ley 4473/11 que declara el Estado de Excepción en los departamentos de Concepción y San Pedro por un periodo de 60 días.

[7] https://www.baseis.org.py/el-presidente-lugo-aprobo-polemica-ley-antiterrorista/