En un reciente debate en el programa del periodista Jorge Torres, entre el ingeniero Aníbal Sánchez, de la UIA, y el ingeniero neoliberal Nelson Cristaldo, este último dejó al descubierto el verdadero contenido del proyecto energético impulsado por el gobierno a través de los decretos 3506/26 y 3507/26. Detrás del discurso oficial de la “atracción de inversiones” se esconde la llamada “desmonopolización” del sector eléctrico nacional: una reforma profundamente neoliberal y privatista que avanza sobre la soberanía energética y profundiza la dependencia económica del país.
El objetivo central de estos decretos es facilitar la entrega de energía eléctrica a bajo costo a grandes corporaciones multinacionales, principalmente estadounidenses, vinculadas a actividades electrointensivas como data centers, inteligencia artificial y servicios de computación en la nube. Si bien estas tecnologías representan una revolución tecnológica real, no pueden presentarse como un beneficio automático para el desarrollo nacional ni como una justificación para la cesión de recursos estratégicos.
Estas empresas obtienen ganancias extraordinarias, no solo por el aumento de la productividad y la automatización que conllevan, sino porque su modelo de negocios se basa en la apropiación de renta del conjunto del sector productivo mediante el cobro por el uso de plataformas digitales. En los hechos, esto implica una apropiación ampliada de la plusvalía generada por los trabajadores de la economía real. Sin embargo, estas multinacionales no generan empleo masivo a nivel local, no aportan un valor agregado significativo al país y ni siquiera están dispuestas a pagar una tarifa justa, aun cuando disponen de los recursos necesarios para hacerlo. Por el contrario, consolidan un patrón de especialización dependiente, donde el territorio nacional funciona como simple proveedor de energía barata y recursos estratégicos.
La situación se agrava ante la perspectiva de una futura renegociación de las tarifas de Itaipú. Todo indica que, como señala el propio Cristaldo, el gobierno apunta a reducirlas a precio de costo para luego transferir ese beneficio a las corporaciones electrointensivas, entregando energía a valores irrisorios y profundizando al mismo tiempo el proceso de privatización del sistema eléctrico nacional.
En el debate, Cristaldo fue aún más explícito al despreciar los reclamos de los ingenieros y técnicos de la ANDE, quienes denunciaron no haber sido tenidos en cuenta en la elaboración de los criterios técnicos de los decretos, especialmente en lo referido a tarifas y plazos contractuales. Para Cristaldo, los trabajadores de la ANDE no son más que ejecutores pasivos de decisiones políticas que deben ser definidas exclusivamente por el gobierno, alineado con las directrices dictadas desde Washington y los organismos económicos internacionales, con las cuales coincide plenamente por su ideología neoliberal.
Esta visión fue reforzada en una entrevista paralela en el programa del periodista Enrique Vargas Peña, donde el presidente de la ANDE, Félix Sosa, volvió a justificar los decretos y defendió la política de autogeneración incluida en uno de ellos, así como la Ley de Energías Renovables que habilita la producción privada de energía. Según Sosa, estas medidas permitirían “aliviar” el sistema eléctrico nacional.
Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos esta argumentación como profundamente contradictoria y engañosa. No es solo la falta de capacidad del sistema eléctrico lo que genera tensiones, sino la propia política gubernamental de entrega indiscriminada de energía subsidiada a criptomineras, grandes data centers y otras electrointensivas. Es esa decisión política —y no la demanda social ni industrial del país— la que está empujando al sistema hacia el colapso, de hecho ya adelantaron en una década el agotamiento de nuestros excedentes eléctricos de las binacionales. Pretender que las mismas empresas responsables de esa sobrecarga lo “alivien” mediante esquemas de autogeneración privada no constituye una solución, sino un nuevo paso en la fragmentación, mercantilización y privatización del sector energético.
Lejos de fortalecer la soberanía energética, la promoción de la autogeneración privada debilita a la empresa pública, reduce la capacidad de planificación estatal y consolida un modelo en el que la energía deja de ser un bien social para transformarse en un negocio controlado por grandes capitales.
Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos de plano esta concepción tecnocrática y neoliberal. Los trabajadores no somos instrumentos mudos del poder político ni del capital internacional. Por el contrario, ocupamos una posición estratégica en el proceso de producción y reproducción de la vida social. En el caso de la energía eléctrica, somos quienes generamos, operamos y garantizamos el funcionamiento de un recurso indispensable para toda la sociedad.
Por eso es fundamental recordar una verdad que el neoliberalismo intenta ocultar: el poder real no reside únicamente en los decretos ni en los discursos oficiales, sino en quienes hacen funcionar el sistema productivo. Si nuestra posición política es no entregar energía eléctrica por debajo de los costos reales a multinacionales que no aportan empleo ni desarrollo, tenemos la capacidad material de no hacerlo. En ese acto se revela la fuerza concreta de la clase trabajadora.
Esta toma de conciencia no debe limitarse al sector energético. Debe servir como ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora: nuestra ubicación estratégica en la producción nos permite disputar el control de las decisiones que determinan nuestras condiciones de vida. La defensa de la energía como bien público, la soberanía nacional y el derecho al desarrollo solo pueden garantizarse con organización, conciencia de clase y la decisión de tomar en nuestras manos el control de lo que producimos.
La energía no es una mercancía más. Es un derecho social y una herramienta de liberación. Y su destino debe ser definido por los trabajadores y el pueblo, no por el capital privado ni las multinacionales extranjeras.
