Por David Romero.
En Paraguay, la intención de eliminar la estabilidad laboral después de 10 años de trabajo en una empresa, promovida por sectores empresariales y apoyada por el gobierno neoliberal de Santiago Peña, es un ataque frontal contra los derechos de la clase trabajadora. Bajo el argumento de una «flexibilización laboral», esta propuesta es en realidad un intento de incrementar la explotación y generar mayores tasas de ganancias para los empleadores a costa de la seguridad y dignidad de los trabajadores.
- Problema social no resuelto: trabajo por cuenta propia e informalidad
Paraguay enfrenta un grave problema de empleo informal y trabajo por cuenta propia, que afecta a una gran parte de la población activa. Según datos del Informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, aproximadamente el 65% de los trabajadores en Paraguay están en situación de informalidad, es decir, sin acceso a derechos laborales fundamentales, como la estabilidad en el empleo, seguridad social o salarios dignos. Esta situación se ve agravada por la creciente cantidad de personas que, ante la falta de empleos formales, optan por el trabajo independiente o por cuenta propia, quedando al margen de cualquier protección legal. El sector formal, donde los trabajadores deberían gozar de mayor estabilidad, está siendo atacado por propuestas como la eliminación de la inamovilidad después de 10 años de antigüedad. En muchos casos, los despidos ocurren justo antes de que los trabajadores cumplan los 10 años en la empresa, como una forma de evitar que adquieran derechos adicionales, lo que configura una violación flagrante de la ley. Según informes del Ministerio de Trabajo de Paraguay, los despidos injustificados representaron un 25% de los despidos registrados en 2022.
- Violación de convenios internacionales y derechos fundamentales
La eliminación de la estabilidad laboral violaría tratados y convenios internacionales que Paraguay ha ratificado, y que son de obligado cumplimiento: Convenio N° 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo: Prohíbe el despido sin causa justificada, protegiendo así la estabilidad laboral de los trabajadores. Convenio N° 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación: Un entorno laboral donde se eliminan derechos fundamentales pone en peligro la estabilidad de los trabajadores organizados. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), artículo 23: Garantiza el derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 7: Consagra el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, que incluyen la estabilidad en el empleo.
- La trampa entre inamovilidad y estabilidad laboral
Los empresarios y el gobierno han intentado dividir el debate, planteando que su objetivo es eliminar la inamovilidad y no la estabilidad laboral. Sin embargo, ambas están intrínsecamente conectadas. La inamovilidad protege a ciertos trabajadores (como representantes sindicales o mujeres embarazadas) de despidos injustificados, mientras que la estabilidad laboral asegura que los empleados, tras un periodo de trabajo, no puedan ser despedidos arbitrariamente. La propuesta actual busca reducir estas protecciones, facilitando los despidos y debilitando las condiciones laborales. Esta medida, bajo el pretexto de ofrecer mayor flexibilidad al mercado laboral, sólo beneficiará a los empleadores, quienes podrán incrementar sus tasas de explotación y plusvalía a costa de la seguridad y el bienestar de sus trabajadores.
- Contexto político y complicidad sindical
No es la primera vez que un gobierno busca eliminar derechos laborales en Paraguay. Ya durante gobiernos anteriores, como el de Horacio Cartes, se avanzaron medidas que debilitaron a los sindicatos, incluyendo la represión de organizaciones sindicales y el no reconocimiento legal de muchas de ellas. Incluso en el gobierno de Fernando Lugo, con la Ley de Primer Empleo y la promoción de MIPYMES, se facilitaron ciertas formas de precarización laboral. A esto se suma la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que imponen planes de ajuste económico en países semicoloniales como Paraguay, incentivando la implementación de políticas neoliberales que favorecen a las élites empresariales en detrimento de los trabajadores. La burocracia sindical, que en muchos casos se ha mostrado funcional y cómplice de estos gobiernos, no ha actuado de manera efectiva para defender los derechos de los trabajadores.
Concluyendo, la propuesta de eliminar la estabilidad laboral es una medida regresiva que favorece exclusivamente a los empleadores y atenta contra derechos laborales fundamentales consagrados tanto en la legislación paraguaya como en los tratados internacionales. En un país donde la informalidad laboral y el trabajo por cuenta propia son la norma para la mayoría de los trabajadores, el debilitamiento de la estabilidad en el empleo formal solo aumentará la precariedad y la desigualdad. La clase trabajadora debe resistir este avance neoliberal, que busca incrementar la explotación y reducir la capacidad de los trabajadores para vivir dignamente.
Más que nunca debemos organizarnos ante esta embestida, avanzar en la lucha por defender nuestros derechos y empezar a construir una salida independiente de la clase obrera ante los gobiernos patronales.
Debemos exigir que todas las organizaciones de la clase trabajadora pongan en perspectiva una huelga general para derrotar los planes neoliberales de la mafia cartista.
Esta sociedad donde impera la dictadura de las patronales que nos hambrea solo podrá acabar con una salida de la mano de la clase obrera, imponiéndoles a nuestros verdugos una dictadura de nuestra clase.
Para ello es necesaria una revolución que instale un gobierno de las y los trabajadores para llegar al socialismo y así dignificar la vida de la inmensa mayoria.
¡Por la defensa de nuestros derechos!
¡Abajo el gobierno patronal de Santiago Peña!
¡A construir la huelga general!
¡Viva la clase obrera!
