La delincuencia institucional ha retomado el control en Tacumbú
Las escenas vividas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú eran el preludio de un desenlace anunciado. El gobierno celebra como un éxito el haber retomado el control de la penitenciaría de manos de las bandas criminales, en especial del Clan Rotela.
Esta jactancia macabra pretende esconder 12 muertes que son responsabilidad del gobierno y, profundizando más allá de la actual coyuntura, del carácter del Estado que sostiene este modelo penitenciario con la subcultura criminal como parte típica de su existencia, en la que conviven dos regímenes; el institucional y el criminal o paralelo.
La lucha contra el crimen organizado llevada adelante por el crimen organizado
La mayoría de la población trabajadora celebra los sucesos porque identifican el “retome del control” ante los grupos criminales que generan zozobra al interior como fuera de la penitenciaría como un hecho positivo y de justicia. Esta sentencia, si bien real y hasta legítima, hasta cierto punto, no deja de contener una visión distorsionada y superficial del problema de las bandas criminales. que sin dudas generan un profundo daño a la población trabajadora, víctima directa o indirecta de su actuar.
Lo paradójico es que quienes se ponen las medallas por el logro son los principales delincuentes de este país. El cartismo es el sector de la burguesía nacional más facineroso y siniestro, ligado a todo tipo de negocios criminales a gran escala, permitiendo que las bandas menores actúen. Desde el gobierno de Cartes (2013/2018) estas bandas han pegado un salto exponencial en control de las penitenciarías y en zonas más allá de las fronteras donde tiene dominio el narcotráfico. No siendo casual que el contrabando de Cartes atraviese las rutas bajo el control del narcotráfico.
En ese sentido, la ANR, y este gobierno con especial énfasis, es parte de la estructura política vinculada orgánicamente a las bandas criminales con quienes mantienen negocios. Esta economía subterránea termina en las lavanderías de dinero como las del grupo Cartes. Por ello el descaro del títere de Horacio Cartes, el remedo de presidente Santiago Peña que sale a vanagloriarse de haber dado el más importante golpe para restaurar el control en la penitenciaría más importante del país.
“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”
Esta frase conocida del escritor y novelista de la Rusia zarista, Fiódor Dostoyevski, expresa de manera clara la relación entre la situación de la población penitenciaria, sus condiciones de existencia y la responsabilidad estatal para que ello ocurra. Es decir, la realidad penitenciaria refleja la realidad del funcionamiento de la sociedad.
Sólo comprendiendo las responsabilidades para la existencia, desarrollo y crecimiento de estas bandas del crimen organizado podremos entender que quienes celebran el golpe al crimen son exactamente quienes permiten su existencia y conviven con estos hasta tanto les sean funcionales para negocios y protección.
Una vez que el aparato estatal está amenazado por un impasse con estas bandas, la crisis la pagan los eslabones más bajos de la cadena, pero el negocio seguirá en nuevas manos y bajo la tutela de quienes se jactan de salvadores.
La estupidez de considerar que los DD.HH. sirven para aminorar o evadir la sanción a los criminales
La plena vigencia de los derechos humanos no significa la subestimación de los crímenes o la inaplicabilidad de sanción a quien delinque, sino que éstas se apliquen en el marco del respeto de la dignidad humana para lograr la efectiva reinserción social para una vida sin delinquir.
Este objetivo es imposible bajo condiciones infrahumanas, pues exactamente las condiciones actuales permite un caldo de cultivo para la continuidad del circuito del crimen y al mismo tiempo posibilita que emerjan las bandas criminales para aminorar la crueldad de la vida penitenciaria, generándose una jerarquía que otorga privilegios y que establece estatus en su interior; donde los que se someten y pagan viven mejor y los demás deambulan en el infierno. Esto grupos criminales (Clan Rotela, PCC y cía.) terminan siendo funcionales a la propia institucionalidad y la dominan para garantizar la convivencia.
Una crisis crónica que tiene para rato
La crisis penitenciaria era una bomba de tiempo que explotó de la peor manera. Pero esta crisis tiene un carácter crónico y se explica en el marco de la debilidad estructural producto de la administración estatal capitalista en los límites de una semicolonia como es nuestro país. Esto es potenciado por el carácter del régimen de gobierno actual de corte no sólo autoritario, sino al que se agrega el particular modo capo mafioso de su conducción (la mafia cartista).
En otras palabras, en la sociedad capitalista la Penitenciaría, al igual que el Manicomio, cumplen un rol de regimentación especial de un sector de la población excluida. La penitenciaría en particular ha sido descrita como una receptora de la fuerza de trabajo excedente que engrosa las capas de los sectores lumpen proletario en la sociedad capitalista. En su interior se forma un ejército de reserva de mano de obra precaria para trabajo semi esclavo. De allí que la reinserción implique la mejora de esa mano de obra a través de planes de formación de mandos medios.
Sin embargo, la reinserción en la mayoría de los casos no se da por la efectividad de las políticas penitenciarias, sino que los puntos de inflexión para una resocialización son -en la mayoría de los casos- motivados por factores ajenos a la política criminal estatal. En ese sentido, median allí factores desligados a la institución como la familia, la iglesia, u otros.
La mayoría de la población penitenciaria no sólo conforma el lumpen proletariado, sino que este segmento una vez internalizado forma parte de un círculo vicioso prohijado por la propia institución y sus dos regímenes de los que hablamos más arriba.
La salida a esta crisis
Este primer análisis muestra que erradicar el crimen organizado y eliminar los factores estructurales que generan la pobreza y miseria en la sociedad de la cual se nutren estas bandas, sólo puede lograrse destruyendo el modelo estatal capitalista y construyendo un modelo estatal al servicio de la clase obrera, donde trabajar, estudiar, tener acceso a salud, vivienda y otros derechos elementales no estén ligados a la capacidad económica de ninguna clase social. De allí la necesidad de la dictadura proletaria para garantizar un régimen que acabe con el lucro capitalista criminal que promueve y sostiene este modelo socioeconómico que fomenta toda esta lacra social.
