El día de ayer[1]el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, presentó su renuncia al cargo a pedido del titular del gobierno debido a que habría estado en desacuerdo con la firma del ACTA BILATERAL DE ITAIPU, firmada por la Cancillería Nacional, acta que data del 24 de mayo de 2019, y que recién sale a luz con la renuncia Ferreira. La ANDE constituye junto a ELECTROBRÁS del Brasil las empresas nacionales Contratantes de Itaipú según el tratado.

La mencionada Acta Bilateral fue tratada prácticamente en secreto y a espaldas de la ciudadanía y según la opinión de los propios técnicos de la ANDE y expertos en el área se trata de una política entreguista de parte del gobierno nacional a favor de los intereses de la burguesía brasileña.

La medida adoptada es absolutamente desfavorable para la ANDE ya que representa 250 millones de dólares de pérdida hasta el 2022, esto significa que desde ahora pasaremos a contratar más potencia garantizada al costo de unos 40 Uss MWH en detrimento de la potencia adicional “no garantizada” que es mucho más barata de alrededor de 6 Uss MWH. Este entreguismo de soberanía energética incrementará los costos para la ANDE, lo cual a su vez generará un aumento de las tarifas de los usuarios de la Ande, o, en caso de absorberse los sobrecostos se generaría nuevamente un desfinanciamiento en la empresa estatal en el momento en que se deben asumir inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica del país para poder disponer efectivamente de nuestra soberanía energética.

El acuerdo entre Bolsonaro y Abdo Benitez además impone a la ANDE presentar un cronograma de contratación de potencia hasta el 2023, siendo que la ANDE hasta el momento venía presentando cronogramas anuales, lo cual permitía realizar un cálculo mucho más preciso e inmediato de la demanda eléctrica del país y obtener una contratación eficiente con una Tarifa Promedio de Itaipú más barata al poder disponer también de la potencia adicional “no garantizada” producida en la represa la cual a partir del acuerdo beneficiaría exclusivamente al Brasil.

Lo más grave aún es que nos imponen que la ANDE sólo podrá aumentar su contratación anual en un 6%, lo que representa un aumento máximo de 82 MW para el siguiente año, siendo que actualmente el margen permitido sería de 350 MW y la demanda eléctrica tiene en este momento un crecimiento sostenido del 8%. Como estrategia para las negociaciones del 2023 se venía impulsando en Conferencias y Foros realizados en SITRANDE la contratación del 50% de la potencia producida en Itaipú, es decir, el total de lo que le corresponde al Paraguay, exponiendo también la exagerada magnitud del ingreso no percibido por la energía cedida al Brasil. Esta posición fue tomada en alguna medida por la ANDE al llamar a empresas e industrias a una manifestación de interés en la compra de grandes cantidades de energía a la empresa estatal, de forma a utilizar una mayor cantidad posible de nuestra energía de itaipu, lo cual vendría de contramano con estas limitaciones impuestas en el acuerdo.

En reemplazo de Pedro Ferreira asumiría Alcides Jiménez calificado como dinosaurio por los trabajadores de la ANDE, no sólo por su avanzada edad, sino por pertenecer a la camada conocida como los Barones de Itaipú y Yacyreta. El mismo fue funcionario de la ANDE durante la dictadura, en su momento se opuso además a la creación de SITRANDE, durante 15 años fue miembro del Consejo de Administración de Yacyreta y luego pasó a ser director, ocupó también los cargos de Ministro del MOPC y del Ministerio de Hacienda, y en este gobierno ocupaba anteriormente la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (Comip), dependiente de la Cancillería desde donde se baja la posición entreguista del gobierno. Además, un dato no menor es la denuncia que Jiménez tiene a su nombre empresas contratistas vinculadas con la ANDE.

Desde el Partido de los Trabajadores condenamos enérgicamente la posición entreguista del gobierno de Abdo Benítez y llamamos a todas las organizaciones a pronunciarse contra esta afrenta del gobierno a los intereses de nuestra clase.

Este es el primer paso del gobierno en su política servil y entreguista hacia el 2023, momento en el que deberá revisarse las bases financieras del Tratado de Itaipu incluidas en el Anexo “C” para recuperar en parte nuestra soberanía energética. Necesitamos movilizarnos repudiando el acuerdo firmado y presionando al gobierno y sus lacayos a rever esta actitud lesiva a los intereses de la ANDE y de toda la clase trabajadora.
[1] 24 de julio de 2019.-