El pasado 15 de enero se reunieron en Brasilia los presidentes Santiago Peña de Paraguay y Lula Da Silva de Brasil junto con miembros de sus gabinetes para iniciar el dialogo en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú; esto luego de que varias reuniones sobre el tema fueran suspendidas desde fines del año pasado.
El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la entrada en vigencia del tratado y su anexo C que establece las bases financieras del tratado, ordena la revisión del mencionado anexo después de 50 años de vigencia del mismo, en dicha revisión se deberá considerar también la deuda contraída para la construcción de la hidroeléctrica que ya fue saldada en su totalidad, incluyendo también su componente espurio.
Respecto al tema del Anexo C aún no se informó de ninguna definición ni de avances, ni siquiera se socializó la estrategia de nuestro gobierno ni las posiciones que llevaría, lo que sí se comunicó en conferencia de prensa es que se abordaron otros temas bilaterales que parecen ser los intereses prioritarios de ambos gobiernos como la concreción de obras de infraestructura conjunta relacionadas con rutas y puentes mediante recursos de Itaipú para servir a intereses comerciales privados, muchas veces ilegales como el caso del contrabando.
El gobierno de Peña no se inmuta porque sigamos sometidos a la cadena productiva del Brasil, fundamentalmente a través de las maquiladoras donde explotan a cientos de obreros y obreras negándoles los derechos laborales más básicos y sin ni siquiera pagar impuestos. El servilismo de Peña es tal, que él sale en defensa de los sojeros brasiguayos que ocupan cada vez mayores extensiones del territorio nacional desplazando, envenenando y explotando a familias campesinas e indígenas en nuestro país. Esta relación de explotación y opresión no sólo se mantendrá intacta, sino la tendencia es su profundización.
Ambos presidentes también abordaron hipócritamente la “cooperación para el combate al crimen organizado”, cuando el principal dirigente del partido colorado y padrino político del presidente Santiago Peña es quien está investigado en el Brasil y en EEUU por sus vínculos con organizaciones internacionales del crimen organizado.
El entreguismo de la soberanía energética
Con relación al Anexo C solo se puede deducir que la posición paraguaya sería la de crear un nuevo componente del costo del servicio de Itaipú equivalente a lo que venía siendo el porcentaje destinado al pago de la deuda reflejado en la tarifa, la cual ya había sido reducida parcialmente durante los gobiernos de Bolsonaro y Abdo Benítez. Esto representó un regalo de 250 millones de USS/año al Brasil lo cual ahora el gobierno de Peña plantea recuperar y mantener la tarifa que regía hasta el 2021 y, de esta forma, poder disponer de alrededor de 1000 millones de USS/año a través de Itaipú.
El problema no es esta medida específicamente, sino que se plantee solamente esta discusión sobre el precio de la tarifa renunciando al ejercicio de nuestra soberanía energética. Es decir, contratando solamente un 20% de la producción de Itaipú y no el 50% que nos corresponde, ni exportando nuestros excedentes al mercado brasileño o a terceros países a precios de mercado, como ya establecía el llamado Acuerdo Lula-Lugo, pero que ahora, al parecer, ni el propio presidente Lula se digna a reconocer y mucho menos a aplicarlo.
Lula como siempre, al servicio de la burguesía paulista
El gobierno de colaboración de clases del PT Brasileño además de no admitir el ejercicio de nuestra soberanía energética, ni siquiera está de acuerdo con la posición de Peña respecto a no aceptar la reducción de la tarifa de Itaipú ya que tiene presiones del empresariado brasileño y transnacional del sector industrial paulista para reducir al máximo la tarifa de Itaipú y poder contar con una energía paraguaya todavía más barata. De lograrlo les permitiría maximizar sus márgenes de ganancias.
Esta posición contraria al mantenimiento de la tarifa es defendida en sendos artículos de Folha de San Paulo, el vocero de los intereses del sector empresarial paulista, donde también se afirma que la deuda de Itaipú fue pagada enteramente por los consumidores del Brasil, lo cual también afirmaba el representante del PT brasileño en un Seminario internacional, y que es una falacia porque la deuda fue pagada por Itaipú que pertenece a ambos países, a través de la factura del consumo de energía eléctrica de ambas partes.
Si el Brasil pagó más es porque utilizó no solamente la mayor parte de la energía producida por Itaipú, sino incluso la mayor parte de la energía-paraguaya de Itaipú que le fue cedida históricamente y que hoy sigue utilizando el 60% de la energía paraguaya.
Esta cesión “obligatoria” es una interpretación arbitraria del tratado que el gobierno “de izquierda” de Lula ha dejado correr como cualquier otro gobierno burgués que condujo el Estado brasileño. Aquella cláusula establecía el derecho de adquisición estipulado en el tratado que se refiere al derecho de compra a precio justo, es decir a precio de mercado y no a precio vil y confiscatorio como la interpretación favorable al Brasil que se nos viene imponiendo.
Santiago Peña no reclama absolutamente nada de lo arriba expuesto, así como tampoco menciona nada respecto a la deuda espuria ratificada por la Auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica, cuyo resarcimiento deberíamos exigir ya que dicha deuda se produjo principalmente por problemas financieros en el Brasil.
Lo arriba expuesto se produjo cuando se redujo ilegalmente la tarifa de Itaipú por debajo del costo y benefició en un 98% a Brasil, pero la deuda fue cargada en la tarifa pagada por ambos países, con lo cual nosotros también subsidiamos el desarrollo industrial del Brasil en detrimento nuestro.
¿Qué plantea el resto de la izquierda y liberales en Paraguay?
Por otra parte, sectores progresistas y liberales en nuestro país también defienden la reducción total de la tarifa de Itaipú; la izquierda reformista plantea que idealmente lo más conveniente es la reducción de la tarifa para que ésta sea igual al costo del servicio de electricidad como establece el Tratado, ejerciendo simultáneamente la soberanía energética con lo cual la Ande ahorraría en costos de contratación y se obtendría una mayor renta eléctrica al exportar nuestros excedentes a precios de mercado.
Los liberales por su parte plantean que se aplique directamente lo establecido actualmente en el Anexo C del tratado, es decir, reducir la tarifa para evitar la “sobrefacturación” de la energía localmente y beneficiar principalmente a las industrias instaladas y a instalarse en el territorio nacional, favoreciendo así la generación de valor agregado localmente, pero dejan fuera del análisis que quienes se apropiarían de dicho valor agregado serían los grandes empresarios y dueños de esas industrias.
Así también algunos técnicos paraguayos hablan de una “tarifa honesta” igual al costo, equivalente a la expresión de Abdo Benítez cuando estalló el conflicto del Acta Secreta, de que Paraguay debe dejar de ser “pillo y peajero”, como si fuera que incluir el costo de las inversiones en infraestructura eléctrica dentro del costo del servicio de electricidad ya fuera necesariamente deshonesto.
Otros afirman que plantear mantener la tarifa del 2021 para obtener 1000 millones de USS/año es una actitud mendicante hacia el Brasil porque el 60% de esos 1000 millones se financiarían con el consumo de Brasil, olvidando que se trata del consumo de nuestra energía paraguaya.
¿Cuál es el problema de estas interpretaciones?
Estas interpretaciones legalistas de aplicación directa del Anexo C, sin intentar tener una posición de fuerza que permita una modificación favorable a nuestro país, como sería no aceptar la reducción de la tarifa –incluso la que ya fuera aceptada por el ex presidente Abdo Benítez– hasta que se revise el Anexo C, pudiendo plantearse así la creación de un nuevo componente del costo para asegurar las inversiones necesarias tanto en la propia Itaipú como las contempladas en el Plan Maestro de la Ande.
Además, se soslaya el hecho de que la tarifa no es directamente igual al costo desde que existen los llamados fondos socioambientales de Itaipú, y si bien estos sectores lo consideran ilegal por no figurar en el tratado, durante la revisión del ANEXO C podría justamente incluirse como parte del mismo con esta u otra figura.
Por otra parte, la definición de la Tarifa de Itaipú sigue necesitando, como siempre, lógicamente, el acuerdo de ambas partes, por lo cual es una táctica favorable para el Paraguay poder utilizar el mantenimiento de la tarifa como un medio de presión y no ceder de entrada a las pretensiones del gobierno del Brasil y de los sectores empresariales que buscan simplemente una tarifa lo más baja posible, sin considerar siquiera las inversiones en la propia infraestructura eléctrica que necesariamente debe ser incluida en los costos.
¿Ante qué situación estamos hoy?
Teniendo en cuenta que el Paraguay ya contrató solamente el 20% de la producción de Itaipú para este año, sabemos que no se va dar -al menos por este año- el caso ideal del ejercicio de nuestra soberanía energética contratando el 50% de la potencia de Itaipú, entonces debemos ser consecuentes en que sin el ejercicio simultaneo de nuestra soberanía energética no se puede aceptar la reducción de la tarifa.
Tampoco se puede aceptar la entrega que ya había hecho el ex presidente Mario Abdo Benítez a Bolsonaro y que Lula no está de acuerdo en revertir, aunque no podemos descartar que en su próxima visita a Asunción anuncien con bombos y platillos como un éxito de las negociaciones que se acepta la tarifa propuesta por Paraguay o una intermedia a costa de mantener el statu quo en cuanto a la interpretación favorable al Brasil del derecho de adquisición, lo que en la práctica significa continuar cediendo nuestra energía y renunciando al ejercicio de nuestra soberanía energética.
¿Cuál debería ser la propuesta?
Es importante señalar que el mantenimiento de la tarifa de Itaipú no es un impedimento para el ejercicio de nuestra soberanía, sea cual sea el precio de la tarifa podemos decidir contratar nuestro 50% y exportar nuestros excedentes a precios justos, admitimos que lo ideal en términos económicos sería una tarifa reducida si ejercemos simultáneamente nuestra soberanía energética, pero tal como está planteada la situación consideramos muy riesgoso aceptar la reducción de la tarifa sin contratar antes el 50% de la potencia de Itaipú.
Debemos denunciar la capitulación de Peña ante el gobierno de Lula al no revindicar el ejercicio de nuestra soberanía energética, ni el resarcimiento por la deuda espuria, así como su intención de capturar los recursos de Itaipú para su uso discrecional a través del Consejo de Administración de Itaipú para obras del gobierno al servicio de la corrupción y de los intereses de la patria contratista.
Debemos exigir por el contrario que dichos recursos ingresen al Presupuesto General de la Nación y se destinen no para la reducción indiscriminada de la tarifa para beneficiar principalmente a los capitalistas sino que se utilicen para beneficio del pueblo trabajador por ejemplo a través del Proyecto de Ley impulsado mediante Iniciativa Popular para la Ampliación de la Tarifa Social con Soberanía Energética donde también se contempla la energía como Derecho Humano e incluye inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica de la ANDE y la contratación del 50% de la potencia de Itaipú, de esta forma aseguraríamos que los recursos adicionales obtenidos lleguen realmente al pueblo trabajador.
¡No a la reducción de la tarifa de Itaipú mientras no ejerzamos nuestra Soberanía Energética!
¡Por el derecho a contratar el 50% de la potencia de Itaipú!
¡Por el derecho a exportar nuestros excedentes a precios justos!
¡Que Lula aplique su propio acuerdo y permita a nuestro país exportar nuestros excedentes eléctricos al mercado brasileño y a otros paises!
¡Que los recursos adicionales obtenidos se destinen para beneficio del pueblo trabajador y no para la corrupción ni para la patria contratista!
