La reciente denuncia sobre el hackeo del Estado brasileño a instituciones paraguayas para espiar información sensible sobre las negociaciones de Itaipú confirma una vez más la naturaleza colonialista de la burguesía brasileña y su Estado, independientemente de si gobierna la ultraderecha bolsonarista o el lulismo «progresista». Este hecho no es un incidente aislado, sino parte de una histórica relación de dominación del estado brasileño sobre Paraguay, facilitada por gobiernos entreguistas como los de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña.
1. Itaipú y la dependencia neocolonial
Itaipú, la hidroeléctrica binacional, ha sido históricamente un instrumento de saqueo energético por parte de Brasil. Durante el gobierno de Abdo Benítez (2018-2023), Paraguay cedió ante las presiones de Bolsonaro y redujo unilateralmente la tarifa de energía, regalando cerca de 250 millones de dólares anuales a Brasil. Esta política no fue casual: respondió a los intereses del capital paulista, que necesita energía barata para sus industrias, y a la subordinación del gobierno paraguayo, cómplice del despojo de los recursos nacionales.
El hackeo brasileño, iniciado bajo Bolsonaro pero continuado —según los propios datos filtrados— bajo Lula, revela que el espionaje fue una herramienta para garantizar la docilidad del gobierno paraguayo. No es sorpresa: Brasil siempre ha tratado a Paraguay como un patio trasero, y el lulismo, pese a su retórica «solidaria», mantiene la misma política extractivista cuando conviene a sus aliados de clase.
2. El acuerdo Peña-Lula: La consolidación del saqueo
El actual gobierno de Santiago Peña, sometido al imperialismo estadounidense, a potencias regionales como el Brasil y a los intereses oligárquicos locales, firmó un acuerdo con Lula que, si bien recupera parcialmente algunos fondos (775 millones de dólares anuales extras en tres años), consolida a largo plazo el modelo de entrega energética. El acuerdo establece que, tras este período, la tarifa bajará a su costo mínimo, eliminando los fondos que Paraguay podría usar para desarrollo soberano e inversión necesaria en el desarrollo de su infraestructura eléctrica pero en lugar de eso se utilizan discrecionalmente para negociados de la patria contratista a través de proyectos del gobierno y compras sobrefacturadas como el caso de los pupitres chinos con estos fondos de Itaipú.
3. La farsa de la «renegociación» y el papel del gobierno paraguayo
La suspensión de las negociaciones del Anexo C, tras el escándalo del hackeo, es un gesto vacío. El acuerdo Peña-Lula ya adelantó lo esencial: la tarifa bajará irremediablemente al termino de la vigencia del acuerdo, tal como quería Bolsonaro. La burguesía paraguaya, representada por el gobierno cartista, no tiene interés en la soberanía energética; su alianza con el crimen organizado, el contrabando y el capital transnacional la hace funcional al saqueo.
Como ejemplo del entreguismo, el gobierno de Peña promueve licitaciones como la de Acaray (100 MW), donde la energía se vende a menos de la mitad de su costo de reposición (22,8 USD/MWh vs. 48 USD/MWh), demostrando que el modelo es entregar energía barata para beneficio de corporaciones extranjeras, no para el desarrollo industrial nacional, y nos da una idea de la entrega que podría ocurrir con la exportación de nuestros excedentes cuando se reduzca completamente la tarifa de Itaipú, ya que el costo de Itaipú sería incluso menor que el de Acaray.
Esto a su vez podría ser utilizado por el gobierno paraguayo para justificar ante una oferta muy baja de parte del Brasil, similar al caso de Acaray, una entrega local de nuestra energía a criptomineras y data centers de los nuevos feudos digitales del imperialismo, es decir en lugar de exportar al Brasil a precios justos, entregar nuestra energía limpia y barata para el extractivismo a través de multinacionales electrointensivas, que agotaran en poco tiempo nuestros excedentes eléctricos adelantando graves problemas de déficit de generación.
Ante este panorama, debemos denunciar:
- El carácter neocolonialista y opresor del Estado brasileño, ya sea bajo el gobierno de Bolsonaro o de Lula.
- La traición de los gobiernos colorados, que actúan como socios menores del capital extranjero.
- La necesidad de romper con los acuerdos y tratados leoninos y asegurando que la energía beneficie al pueblo paraguayo.
¡La única salida es la movilización obrera y popular, en alianza con los trabajadores brasileños que también sufren la explotación de sus elites!
¡Es necesaria una lucha internacionalista contra el saqueo energético, denunciando tanto a los gobiernos neoliberales como a los falsos «progresismos» que mantienen la dependencia neocolonial!
