El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, junto a miembros del equipo económico del gobierno, anunció que a partir del 2026 se aplicarán fuertes aumentos en las tarifas eléctricas, según un informe filtrado elaborado por una consultoría internacional contratada por la propia institución. Los aumentos propuestos serían de entre 9% y 236% en baja tensión, es decir, afectarían directamente al pueblo trabajador, las familias populares, pequeños comerciantes y productores.
El gobierno intenta justificar esta medida alegando que la ANDE atraviesa un déficit acumulado en los últimos cuatro años y que necesita alrededor de 500 millones de dólares anuales de inversión para garantizar la ejecución de su plan maestro. Sin embargo, lo que no dicen Sosa ni el gobierno es que este déficit es consecuencia directa de las políticas entreguistas, las malas negociaciones con el Brasil y el saqueo sistemático de la renta eléctrica por parte del gobierno y el capital privado.
El espejismo de las criptomineras
Durante los últimos años, Félix Sosa y el gobierno presentaron la instalación de criptomineras como un “negocio rentable” que supuestamente traería ingresos extraordinarios para la ANDE. La realidad demuestra lo contrario: las tarifas especiales otorgadas a estas empresas ni siquiera cubren los costos reales de suministro de energía. Expertos del sector denuncian que el consumo gigantesco de las criptomineras genera pérdidas millonarias para la empresa pública, mientras se derrocha energía en actividades puramente especulativas que no producen ningún valor útil para la sociedad.
En lugar de destinar la energía hidroeléctrica al desarrollo industrial nacional, a mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras o al fortalecimiento de servicios esenciales, el gobierno entrega nuestro principal recurso energético a corporaciones privadas dedicadas a la especulación con criptomonedas.
El acuerdo Peña–Lula y el encarecimiento artificial de la energía
Otro factor clave del déficit de la ANDE proviene del acuerdo Peña–Lula sobre Itaipú, que estableció una tarifa superior al costo real de producción de energía, después de que se cancelara la deuda histórica de la represa. Este sobreprecio implica unos 250 millones de dólares adicionales por año que la ANDE debe pagar por la compra de energía, elevando sus costos y profundizando su déficit.
Al mismo tiempo, los fondos socioambientales derivados de Itaipú —que deberían destinarse a reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar el servicio— no se destinan a la ANDE, sino a programas asistencialistas, patrulleras policiales o grandes obras viales que deberían financiarse con impuestos a los sectores más ricos del país, como los sojeros y ganaderos, y no con la renta eléctrica nacional.
El tarifazo: una nueva carga sobre el pueblo trabajador
Ahora, en lugar de revisar esas políticas lesivas o recuperar la soberanía energética nacional, el gobierno pretende *trasladar el costo de su propia ineficiencia al bolsillo del pueblo. Se habla incluso de indexar las tarifas automáticamente a indicadores económicos ajenos al costo de explotación del servicio, abriendo la puerta a aumentos permanentes y automáticos.
Esta política representa un nuevo ataque al salario indirecto de las familias trabajadoras, que ya enfrentan el aumento del costo de vida, los bajos salarios y la precarización laboral.
El imperialismo y la apropiación de la energía paraguaya
El panorama se agrava con la entrega del país a los intereses del imperialismo yanqui. Según declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Estados Unidos busca convertir al Paraguay en un “hub energético” regional, instalando data centers para inteligencia artificial y otras actividades informáticas que requieren enormes cantidades de energía y agua. Este plan es parte de una estrategia de saqueo imperialista que busca apropiarse de la energía hidroeléctrica limpia de Paraguay para el beneficio de las multinacionales norteamericanas, mientras se prepara un aumento tarifario para nuestro pueblo.
La salida: energía como derecho, no como mercancía
Frente a este escenario, existe una alternativa concreta: el proyecto de Ley de ampliación de la tarifa social, que declara la energía eléctrica como un derecho humano y destina la renta eléctrica a la ANDE, para inversión en su infraestructura sin necesidad de aumentar las tarifas. Por el contrario, plantea ampliar la tarifa social para que los beneficios de nuestras binacionales lleguen efectivamente al pueblo trabajador.
El proyecto ya cuenta con dictámenes favorables de varias comisiones del Congreso, pero su aprobación dependerá de la movilización unitaria y masiva de los trabajadores, estudiantes, campesinos y usuarios.
Por una ANDE 100% pública al servicio del pueblo
Desde el Partido de los Trabajadores (PT) denunciamos que el aumento tarifario es parte de un plan privatista y entreguista, que busca preparar el terreno para abrir la ANDE al capital privado y convertir la energía en mercancía.
Rechazamos categóricamente el tarifazo y llamamos a organizar la lucha para:
- Derrotar el aumento de tarifas eléctricas para el pueblo trabajador.
- Aumentar tarifas para elecrointensivas y data centers extranjeros
- Suspender contratos con criptomineras.
- Recuperar la soberanía energética nacional.
- Destinar la renta eléctrica a inversión en infraestructura eléctrica y tarifa social.
- Declarar la energía eléctrica un derecho humano, no una mercancía.
Solo la organización y movilización consciente del pueblo trabajador podrá frenar los planes del gobierno neoliberal y del imperialismo, y poner nuestra riqueza energética al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades del pueblo.
