El gobierno continúa avanzando con el paquete de reformas y medidas que promueven pegar un salto en la continuidad y ampliación de negociados (Ley de superintendencia y jubilaciones; Ley hambre cero, etc.), lograr tener la hegemonía financiera local a través de fusiones de bancos para fortalecer las entidades del grupo Cartes, además del monopolio de determinados ramos, como por ejemplo a través de la cementera del patrón (CECON), entre otros grandes negocios del grupo.
Al tiempo de hacer negociados locales no se olvidan, por supuesto, de beneficiar a la gran burguesía internacional con el pago religioso a los usureros internacionales (FMI, BM, etc.) y se proyectan mayores ajustes para nuevos préstamos y así seguir con el bicicleteo de la deuda externa; se negocia en detrimento de la soberanía nacional y en beneficio del capital paulista la tarifa de Itaipú y se prepara la negociación del Anexo C en ese mismo sentido.
Por otra parte, se esfumó del panorama la posibilidad de extradición de Cartes y la única condición del imperialismo para dejar gobernar en paz al gobierno es justamente la aplicación de las recetas de los organismos económicos internacionales.
No dan puntada sin hilo
Pero el cartismo no sólo opera como una fuerza que busca acaparar los grandes negociados y favorecer al gran capital internacional en detrimento de la clase obrera, sino también se previene de antemano de posibles reacciones del pueblo trabajador al haber ajustado el régimen legal del brazo armado para la represión autoritaria (Ley de actualización y reforma de la Policía Nacional) y ataca al sector más organizado de los trabajadores (Ley de Reforma del servicio civil) mientras descarga la crisis económica sobre las espaldas de la clase trabajadora en su conjunto, manteniendo la política de dejar correr la precarización laboral y la persecución a los trabajadores por parte de las patronales como moneda corriente.
Avances claros hacia el autoritarismo
Para ir cerrando el círculo de cercenamiento a libertades democráticas avanza la aprobación del proyecto Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, la cual, con la aplanadora cartista y sin debate a fondo aprobó este adefesio legislativo que tiene como único objetivo cargarse con las organizaciones de la sociedad civil (ONG, Fundaciones, Asociaciones, etc) que sean críticas al gobierno.
La irónica apuesta del cartismo hacia el «control y la transparencia»
Bajo el eufemismo del control y la transparencia, se esconde la verdadera intención, obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones colocando una serie de trabas burocráticas de difícil cumplimiento que inviabilizan en los hechos el funcionamiento de las mismas, al punto de condicionar la emisión de los fondos privados que reciben de particulares o agencias de financiamiento del exterior al plantear que los recursos financieros ingresarán al presupuesto general de la nación para su aprobación, algo insólito.
Pero el verdadero control que buscan desplegar no es el financiero, sino el político, toda organización que desarrolle actividades que sean críticas a la acción u omisión estatal estarán fuera del circuito. La necesidad de un registro es un invento forzado, cuando de hecho existen un montón de organismo y entidades estatales donde las organizaciones rinden cuentas de sus actividades financieras y donde se verifica la trazabilidad de estas[1].
Pero este proyecto no es un invento del cartismo, similares dispositivos legales se implementan en regímenes autoritarios como el de Rusia, Georgia, Venezuela, Nicaragua, Perú y otros países con gobiernos dictatoriales.
El sincericidio político
El anteproyecto original de ilustres como Bachi Núñez, Lizarella Valiente, Norma Aquino (Yamy Nal), Zenaida Delgado, entre otras destacadas lumbreras del Congreso Nacional, en su exposición de motivos señalan que el proyecto apunta al combate al «neo colonialismo» por la injerencia de organismo extranjeros en la discusión de asuntos internos del país.
Resulta hasta cómico que los que se encolumnan detrás del patrón y su frase gloriosa del «usen y abusen del Paraguay» alentando al capital extranjero a expoliar nuestros recursos e invertir aprovechando la mano de obra barata y la exención impositiva; los que de manera religiosa pagan a los usureros internacionales la deuda externa, los que impulsan recetas del FMI como la Ley de Superintendencia, se erigen de repente en los paladines contra el neocolonialismo.
Lo que está en peligro real con la aprobación de esta nefasta ley es la libertad de organización y de expresión, la autonomía de la voluntad de las organizaciones, el derecho político a la participación en los asuntos públicos, etc. Es decir, la democracia liberal enarbolada en la constitución burguesa del 92 pierde ya no sólo en los hechos su carácter de democracia «participativa y pluralista» sino que formalmente ello queda desdibujado con esta ley que en los hechos deroga el texto constitucional.
Se confirma el pronóstico
En el periodo de las disputas electorales alertamos que el proyecto cartista erosionaría la democracia liberal y avanzaría hacia la configuración de un gobierno autoritario. El proceso de neobonapartismo tampoco inició con el gobierno de Peña, sino con el de su patrón Horacio Cartes allá por el 2013.
Este gobierno es la continuidad y profundización de un régimen en donde los derechos y garantías están retaceados y al servicio de un gobierno arbitrario que no cesará en su afán de monopolizar todos los negocios a partir del acaparamiento financiero que le provee el lavado de dinero a gran escala.
La única manera de enfrentarlo y derrotarlo es con la unidad de acción en las calles de todas las organizaciones sociales y políticas en la defensa de derechos democráticos elementales. Esta unidad se debe limitar a la acción concreta de lucha respetando las diferencias políticas y programáticas entre las distintas organizaciones.
[1]Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas se encuentran registradas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC); el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios finales creado por la Ley N° 6446; el Registro de Prestadores de servicios dependiente del Ministerio de Industria y Comercio; Registros ante SEPRELAD, entre otros. Algunos de estos registros dependientes de la Dirección de Tributación, del Ministerio de Economía y Finanzas.
