El gobierno de la mafia cartista presentó un proyecto de ley que plantea la fusión de los ministerios de Industria y Comercio, Turismo, Minas y Energía, creando un “superministerio» con un claro carácter neoliberal. Su objetivo no es mejorar la gestión pública, sino reducir el Estado y transformarlo en un administrador de los negocios comunes de la burguesía.Este nuevo ministerio abarcaría ámbitos tan diversos y dispersos como Industria, Comercio, Turismo y Energía, reflejando la intención de convertir la provisión de energía eléctrica —un derecho humano básico— en una mercancía sujeta a las leyes del mercado.

El verdadero objetivo: privatizar el sector eléctrico

El proyecto abre la puerta a la privatización total del sector eléctrico, habilitando mecanismos como la tercerización, la producción y transporte independiente de energía mediante la utilización de cualquier modalidad de contratación, dejando un marco legal lo suficientemente amplio como para entregar áreas estratégicas de la ANDE a empresas privadas de manera arbitraria.

A esto se suma la desinversión deliberada en la ANDE, que busca generar un servicio deteriorado para justificar la intervención privada.

Todo apunta a que la patria contratista aliada al gobierno se adueñe del negocio eléctrico, apropiándose de un recurso estratégico que debería estar al servicio de la población.

Además, el gobierno pretende eludir el control social y sindical que hoy ejerce Sitrande dentro de la ANDE. Al quitar atribuciones a la ANDE y desviar funciones técnicas estrategicas hacia un ministerio burocratico que responda a los intereses políticos del gobierno neoliberal y sin la presión de los trabajadores organizados, se debilita la fiscalización y el control desde adentro y se facilita la entrega de la empresa pública al sector privado.

Energía barata para criptomineras y corporaciones extranjeras

El superministerio tendría la facultad de definir la política energética nacional, lo que abre la posibilidad de que se otorguen tarifas especiales a criptomineras, muchas de ellas propiedad de los mismos sectores que impulsan esta ley. Estas actividades consumen enormes cantidades de energía, no generan empleos ni valor agregado y representan un despojo encubierto de la riqueza producida por la clase trabajadora en otros sectores productivos de la economía, ademas de un enorme desperdicio de energía.

Del mismo modo, por su sometimiento al imperialismo, el gobierno podría entregar grandes bloques de energía a data centers de corporaciones multinacionales, que la destinarán a inteligencia artificial y otros negocios digitales. Esto significaría un extractivismo energético, agotando rápidamente los excedentes sin ningún beneficio social ni desarrollo para el país.

Tarifas injustas: negocio para inversores, castigo al pueblo

Con la orientación neoliberal que promueve el proyecto, las tarifas dejarán de definirse en base a criterios técnicos y pasarán a responder a intereses políticos que favorecen a los empresarios. Esto derivará en tarifas más altas para los usuarios residenciales, mientras se garantizan descuentos y privilegios a los “inversores” privados, precarizando el servicio y encareciendo la vida del pueblo trabajador.

Una alternativa popular: tarifa social y fortalecimiento de la ANDE

Mientras impulsa esta ley privatizadora, el gobierno se opone al proyecto de ampliación de la tarifa social, respaldado por más de 50.000 firmas. Esta propuesta busca destinar la renta eléctrica al fortalecimiento de la ANDE, garantizando que los beneficios de las binacionales lleguen directamente a la población, en lugar de ir a parar a las cuentas de contratistas y corporaciones extranjeras.

Defender la ANDE como empresa pública y fortalecerla con inversiones es la única manera de asegurar tarifas justas y soberanía energética.

La movilización logró frenar la aprobación exprés

El 2 de septiembre, Sitrande y los demás gremios de la ANDE realizaron una gran movilización que partió desde la sede central y marchó hasta el Congreso Nacional, donde se pretendía aprobar la ley a tambor batiente, sin audiencias públicas ni consulta a los trabajadores.Gracias a la presión en las calles, se consiguió postergar por 15 días el tratamiento del proyecto, una victoria parcial que brinda tiempo para articular la lucha y sumar fuerzas.

Desde Sitrande y los gremios de la ANDE se convoca a todas las organizaciones gremiales, sociales y de usuarios a defender la ANDE como empresa pública y enfrentar las reformas neoliberales del gobierno de la mafia cartista.

¡Defendamos nuestra energía y la ANDE!

Este proyecto de fusión ministerial forma parte de una ofensiva para privatizar el sector eléctrico y entregar nuestra energía al capital privado y al imperialismo.

Desde el Partido de los Trabajadores, llamamos a profundizar la movilización y preparar una gran jornada nacional de lucha para derrotar la privatización y garantizar que nuestra riqueza energética esté al servicio del pueblo.

¡No a la fusión de ministerios y la privatización de la energía!

¡Fortalecer la ANDE con la Renta Eléctrica de las Binacionales!

¡Energía para el pueblo, no para las corporaciones ni la patria contratista!

¡Sí a la tarifa social y la soberanía energética!

La energía no es una mercancía: es un derecho humano básico. Solo con la unidad y movilización de la clase trabajadora y el pueblo podremos frenar este saqueo y construir un modelo energético que sirva a las necesidades sociales y no a los negocios privados.