La seguridad social es un derecho humano fundamental, no es un servicio más, es una conquista legítima lograda a través de la lucha de los trabajadores en defensa de la dignidad humana para garantizar una vida respetable. En nuestro país el Estado tiene una deuda histórica con los trabajadores estatales a quienes nunca ha garantizado un sistema de seguridad social eficiente que les asegure una protección universal e integral.
El derecho a la seguridad social está contemplado en la legislación internacional y nacional, Declaración Universal de los DD.HH, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OIT, Art. 103 de nuestra Constitución. Este gobierno y los sucesivos gobiernos anteriores han violado sistemáticamente estas legislaciones, la Caja Fiscal, en toda su historia ha sido víctima de saqueos millonarios que nunca fueron devueltos, ha sido utilizada siempre como una “caja chica” de los gobiernos de turno quienes han despilfarrado siempre la plata de los trabajadores ya sea para el beneficio de individuos o grupos de poder a través de la corrupción o para el clientelismo político.
La caótica administración, así como la irresponsabilidad histórica de los gobiernos, quienes nunca han garantizado el aporte estatal para el funcionamiento del sistema, han provocado circunstancias lamentables para los trabajadores estatales, como por ejemplo los casos de miles de funcionarios que han sido arrojados en la indigencia con haberes jubilatorios miserables y sin cobertura para la salud.
Esta deficiente administración, los cambios demográficos y los discrecionales desvíos ilegales, han generado un enorme agujero financiero que hoy estalla en crisis y amenaza con una dinámica hacia un inexorable quiebre. Sin embargo, la principal causa de la actual crisis, es un mal de nacimiento, la causa fundamental de la insostenibilidad de la Caja radica en la ausencia del aporte del estado en su carácter de patronal y garante del cumplimiento del derecho constitucional de la seguridad social. Ningún sistema puede subsistir en el tiempo sin el aporte patronal.
El gobierno plantea que la crisis la paguen los trabajadores
El proyecto de reforma del gobierno encierra un profundo contenido de clase, la discusión de fondo para encontrar la salida a la crisis es: de dónde obtener los fondos para cubrir el déficit anual de la Caja, cuya dinámica amenaza un quiebre. El gobierno plantea que la crisis (que es una deuda histórica del Estado) la paguen los trabajadores que son las propias víctimas de esa deuda. Propone que los trabajadores aumenten sus aportes del 16 al 19%, que se establezca una edad mínima de 57 años para la jubilación (lo que representa muchos más años de aportes) y por otro lado proponen que el Estado aporte 3%. Esta orientación es para no aumentar los impuestos y seguir favoreciendo a los sectores privilegiados de la sociedad, es para seguir defendiendo las multimillonarias ganancias de los sojeros, tabacaleros, latifundistas y de las corporaciones bancarias y financieras.
En este aspecto, debe considerarse que: los funcionarios públicos en nuestro país tienen una de las cargas de contribución directas más altas de la región, si se aprueba la propuesta del gobierno pasaríamos a ser el país con el aporte jubilatorio más alto de toda América. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el Paraguay es el país con la carga tributaria más baja de toda la región, no alcanza el 12%, mientras por ejemplo, sabemos que en la Argentina es del 35% para arriba, en el Brasil del 28%, Colombia 25%.
La Caja Fiscal requiere de una reforma estructural y no de “parches”
Según información publicada en el Diario Última Hora, el 3 de febrero pasado, el estudio actuarial de la Caja Fiscal evidencia que la reforma del gobierno contendrá la crisis solo por 4 o 5 años, esto significa que la propuesta del gobierno es solo “patear hacia adelante” el problema para que el “fardo” quede bajo la responsabilidad del gobierno que venga. Con esto se demuestra que el planteamiento del gobierno ni siquiera es una reforma sino apenas ajustes paramétricos, que se orientan a eliminar el sistema de reparto para privatizar la seguridad social.
Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos que esta crisis requiere salidas estructurales y sostenibles en el tiempo, que la responsabilidad de garantizar un sistema de seguridad digno es responsabilidad constitucional del Estado que debe ser garantizado por el gobierno y que este es un momento histórico en el que debe plantearse saldar la deuda que se tiene con los trabajadores. Entre otros aspectos, las soluciones estructurales pasan, en primer lugar, por la preeminencia del concepto de equidad social, ¿qué significa esto?, significa que esta crisis la deben pagar los que históricamente se enriquecieron con los beneficios que les ha otorgado el Estado y acá debemos entender que el Estado no funciona solo, funciona con el sacrificio cotidiano de los funcionarios públicos.
La propuesta del gobierno desnuda el carácter del estado paraguayo, un Estado al servicio de los intereses de la alta burguesía. Entre las salidas estructurales, desde el Partido de los Trabajadores planteamos una necesaria reforma tributaria; que los que más ganan sean los que más retribuyan al fisco, AUMENTO SUSTANCIAL DE LOS IMPUESTOS A LOS SECTORES PRIVILEGIADOS DE LA SOCIEDAD, para cubrir los gastos sociales que son responsabilidad del Estado.
Respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores, acatamiento estricto del principio de la “no regresividad en la ley”. Que se cumpla lo establecido en la propia constitución, la administración debe ser ejercida por los propios trabajadores, ellos son los únicos interesados en una gobernanza sana y transparente que garantice una administración rentable.
El PT llama a apoyar la movilización del 5 de febrero y la lucha de los trabajadores del Estado
Es imprescindible rodear de solidaridad y apoyo la lucha para rechazar el plan de reforma del Estado. Apoyamos la consigna de rotundo rechazo a ese proyecto y que el Parlamento no vote a tambor batiente como lo hicieron con la ley de Superintendencia. Apoyamos la propuesta de los gremios de trabajadores y que se posponga el tratamiento, se habilite una mesa de discusión con la participación real de los afectados directos que son los trabajadores. Considerando que este proyecto forma parte de un paquete de “reformas” impuestas por el FMI es necesario unir las luchas con otros sectores que enfrentan medidas del mismo paquete como lo es el caso de los trabajadores de la Ande que están luchando para defender la soberanía energética.
¡Que la crisis de la Caja Fiscal la paguen los que se enriquecieron a costa del Estado!
¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores estatales!
¡Por la defensa del sistema de reparto! ¡No a la privatización!
¡Por una reforma integral que garantice una seguridad social digna!
Comité Ejecutivo
As. 2/02/26
