El golpe de 1964 fue patrocinado por militares, empresarios, políticos, y por los Estados Unidos para aplacar la gran efervescencia de las luchas que brotaban entre obreros, campesinos y soldados.
Por: Jeferson Choma
El mayor problema cuando se discute la dictadura militar en el Brasil (1964-1985) es el total desconocimiento que la gran masa de la población brasileña tiene sobre aquel período. Toda la verdad sobre la dictadura, la tortura, los asesinatos de opositores a la corrupción de las grandes obras faraónicas, fue para debajo de la alfombra. Toda la historia de rebeliones obreras, campesinas y de soldados que antecedieron el golpe de 1964 cayó en el más completo olvido. Además, fueron exactamente esos sectores los primeros blancos de la represión, como veremos.
En Argentina, Uruguay o Chile, que también vivieron sanguinarias dictaduras militares en los años de 1970, generales, dictadores y torturadores fueron juzgados y presos por sus crímenes. En estos países, ese período es visto con horror por toda la población. Y si algún presidente por allá hiciese las declaraciones de Jair Bolsonaro, elogiando a torturadores o determinando que las Fuerzas Armadas hagan celebraciones en la fecha del golpe militar, provocaría un escándalo que podría resultar hasta en un impeachment.
En el Brasil, desgraciadamente, la historia es diferente. Por aquí, las elites pactaron para ocultar los crímenes de aquel período. La Ley de Amnistía promulgada en 1979 por João Baptista Figueiredo, el último general que ocupó el poder, amnistió a todo y cualquier ciudadano que pudiese ser considerado criminal en el período militar, incluyendo ahí a oficiales y torturadores.
Junto con eso, ningún gobierno que siguió al proceso de redemocratización, incluso los del PT, actuó para abrir los archivos de la dictadura. El resultado es que los crímenes de aquel período no fueron expiados, la barbarie no vino a conocimiento del gran público, y las Fuerzas Armadas y su cúpula salieron incólumes en medio de tantos crímenes y sangre. Si sabemos de la responsabilidad de los presidentes/generales por todo el horror de aquel régimen es gracias a la abertura de los archivos del gobierno norteamericano.
Una de las versiones más usadas por los defensores de la dictadura es el argumento de que el golpe fue necesario para acabar con una supuesta “amenaza comunista”, y que la tortura fue empleada en un contexto de guerra contra grupos guerrilleros que intentaban “imponer una dictadura roja”. Es lo que Bolsonaro y Mourão [vicepresidente] dicen siempre. Ambos juegan con la ignorancia del pueblo sobre aquel período.
El golpe sirvió para derrotar luchas en la ciudad y en el campo
El golpe (iniciado el 31 de marzo, pero consumado el 1 de abril de 1964) fue patrocinado por militares, empresarios, políticos de oposición a João Goulart –Jango–, y por los Estados Unidos. El motivo era aplacar la gran efervescencia de las luchas que brotaban entre obreros, campesinos y soldados.
En aquel momento, la clase obrera luchaba, y la mayoría de las veces conseguía arrancar de los patrones aumentos salariales y derechos. Entre 1961 y 1964 se cuadruplicó el número de huelgas económicas en los servicios y en la industria. Los huelguistas llegaron a 5,6 millones, caracterizando el mayor ascenso huelguista de la historia del país hasta entonces. En octubre de 1963, ocurrió una gran huelga, conocida como la huelga de los 700.000, resultado de la unificación de diversas campañas salariales de diversos sectores obreros.
En el campo, las Ligas Campesinas organizaban a los trabajadores rurales en sindicatos, sobre todo en el Nordeste. Forzaban a los coroneles y grandes propietarios de tierras a respetar los derechos laborales, y conquistaban la reforma agraria con su lucha.
La lucha de los soldados y sargentos
Es muy común la versión de que el golpe fue un movimiento de todos los militares contra el supuesto avance del comunismo. Nada más falso. En las Fuerzas Armadas, muchos soldados y oficiales de la baja oficialidad apoyaban las luchas obreras y campesinas. También comenzaban a participar de la vida política del país, algo que era (y aún es) exclusivo solo a los grandes comandantes.
En 1962, los sargentos de entonces Estado de Guanabara, de San Pablo y de Rio Grande do Sul, indicaron candidatos propios para concurrir a la Cámara Federal, las Asambleas Legislativas y las Cámaras de Concejales. Algunos fueron electos, pero la Constitución de la época (como la de hoy) impidió que ellos pudiesen asumir sus mandatos. Indignados, soldados y sargentos tomaron varios edificios, radios e instalaciones militares. Arrestaron hasta un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) en la ocasión. El levante quedó conocido como la “Revuelta de los Sargentos”, y fue sofocada un día después.
Otra revuelta militar estalló en 1964, días antes del golpe. La Revuelta de los Marineros comenzó después que el alto comando de la Marina expidió mandatos de prisión para los marineros que participaban de un encuentro de su asociación. Los militares se amotinaron en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Rio de Janeiro y exigieron el reconocimiento de su asociación, la mejora de la alimentación, y que ninguna medida punitoria fuese tomada contra los que estaban allí. Para ironía de la historia, el viejo marinero João Cândido, líder de la Revuelta de la Chibata [látigo], estaba en el sindicato realizando una palestra para los marineros. Fusileros navales fueron enviados para reprimir la revuelta, pero se juntaron a los amotinados.
Todo eso fue tremendamente asustador para la burguesía y el imperialismo norteamericano. La ruptura de la cadena de comando en las Fuerzas Armadas fue la gota de agua para el golpe.
Luego del golpe, los militares suspendieron las elecciones y anularon los mandatos de los políticos de oposición. Incluso los políticos que apoyaron el levante, como el ex presidente Juscelino Kubitschek, el ex gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda, y Adhemar de Barros, ex gobernador de San Pablo, tuvieron sus derechos políticos anulados. La dictadura duraría 21 años.
Primeros blancos de la represión militar
El primer blanco del golpe fueron los trabajadores pobres que estaban luchando por sus derechos. La dictadura acabó con las libertades democráticas como el derecho de huelga, cerró sindicatos, impuso la censura, prisiones, tortura y muerte para sus opositores.
Un ejemplo fue la represión que se abatió en la “baixada” santista. Después del golpe, los combativos sindicatos de los trabajadores del puerto de Santos sufrieron intervención y sus combativas direcciones fueron presas y torturadas en un navío prisión de la Marina. Detalle: los sindicalistas quedaron confinados por más de un mes en los sótanos inundados de la embarcación.
En poco tiempo, las conquistas históricas del gremio fueron diezmadas. Todos los derechos conquistados por el gremio fueron revocados. Incluso hasta un acuerdo sobre pago de horas extras de 1937 fue extinto. Como resultado, la Compañía Docas, que administraba el puerto, obtuvo un aumento extraordinario de las ganancias mientras los trabajadores del puerto trabajaban en calzoncillos, semidesnudos, sin derechos y en silencio.
En el campo, dirigentes de las Ligas Campesinas fueron cazados y asesinados por militares y matones. En las Fuerzas Armadas, soldados y suboficiales fueron presos. Investigación de la Comisión de la Verdad muestra que más de 6.591 oficiales, suboficiales y soldados fueron presos, torturados y expulsados de las Fuerzas Armadas. Una verdadera purga para eliminar a aquellos que estaban del lado de las luchas del pueblo.
Represión y muerte
La cúpula de las Fuerzas Armadas y Bolsonaro afirman que pocos murieron como consecuencia de la represión de la dictadura. Tal versión ya fue hasta defendida por el diario Folha de S. Paulo, que denominó el régimen militar de “ditabranda” [dictadura blanda]. Nada más falso. Esa versión intenta solo disminuir y relativizar la crueldad y el carácter criminal de lo que ocurrió en aquel período. Su objetivo es esconder y enmascarar responsabilidades y la lógica que determinó el golpe.
Los muertos y desaparecidos en la dictadura van mucho más allá de las 500 o 600 personas reconocidas oficialmente. Solo en el campo brasileño, 1.196 campesinos fueron asesinados por la dictadura, según una investigación de 2012 de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y reiterado en el informe final de la Comisión Campesina de la Verdad, en 2014.
La dictadura promovió un genocidio contra las poblaciones indígenas, especialmente en la Amazonia. Según la Comisión de la Verdad, durante la dictadura al menos 8.350 indígenas fueron muertos en masacres, espolio de sus tierras, remociones forzadas de sus territorios, contagio por enfermedades infectocontagiosas, prisiones, torturas y malos tratos. Entre los indios muertos están 3.500 indígenas Cinta-Larga (Roraima), 2.650 Waimiri-Atroari (Amazonas), 1.180 indios de la etnia Tapayuna (Mato Grosso). Ese exterminio generalizado fue producto de la expansión capitalista para la Amazonia, promovido por la dictadura y marcada por el avance de la pecuaria, por la abertura de rutas como la Transamazónica, y de nuevos yacimientos minerales como Carajás (Pará).
Sin embargo, todos esos números pueden ser aún mayores. Al final, los archivos de la dictadura no fueron abiertos y muy poco sabemos sobre lo que pasó en los rincones del Brasil en aquel período.
Guerrilla y dictadura
Como se puede ver, la dictadura no enfrentó solo pequeños grupos guerrilleros, como dicen los expertos de Bolsonaro y Cía. La guerrilla solo surgió en 1969, luego del decreto del Acto Institucional 5 (AI-5), en el gobierno del general Costa e Silva (1967-1969). De ahí para adelante, se reveló la cara más truculenta del régimen. El Congreso fue cerrado; los derechos civiles y políticos, incluso el hábeas corpus, fueron suspendidos. Centenas de dirigentes sociales y políticos fueron presos por escuadrones de la represión y torturados.
En respuesta, una parte de la izquierda fue a la lucha armada. A pesar de que consideramos equivocado este método de lucha, pues resultó en el exterminio de centenas de valiosos luchadores, esos guerrilleros deben ser tratados como héroes. Su lucha fue por la caída del odioso régimen de muerte y represión. Y entregaron sus vidas en una lucha absolutamente desigual, donde el aparato represivo del Estado era infinitamente superior a los pequeños y mal armados grupos de la guerrilla.
Pasar la historia en limpio
Al no pasar la historia en limpio, la extrema derecha levantó la cabeza para defender la dictadura militar. Más que nunca es preciso abrir todos los archivos de la dictadura, revocar la Ley de Amnistía, y exigir punición ejemplar para los agentes del Estado que cometen crímenes como prisiones arbitrarias y torturas. Eso tiene que ver con garantizar el presente y el futuro, pues la investigación y el castigo intimidaría a cualquier funcionario del Estado para cometer crímenes y arbitrariedades y haría a la población repudiar cualquier régimen de excepción. Castigar a los represores del pasado es fundamental para luchar contra los represores de hoy y de mañana, una necesidad para defender las organizaciones obreras y populares.
Jeferson Choma es redactor de Opinião Socialista, Brasil.
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
