El próximo 15 de agosto se cumple el primer año de mandato de Santiago Peña en el poder. La situación que se vive en el país, a un año de su gobierno, está lejos de reflejar la promesa que sirviera de eslogan de campaña «vamos a estar mejor», todo lo contrario, la inmensa mayoría del pueblo es víctima del deterioro del nivel de vida y la profundización de la crisis política, social y económica.
En el informe presidencial presentado ante el Congreso nacional, maquillan hipócritamente la realidad presentando un país que asciende a la prosperidad, cuando lo único que prospera son las grandes ganancias empresariales y en contrapartida, por abajo, crece la miseria y el hambre de los trabajadores.
El gobierno de Peña no es simplemente un gobierno más entre los sucesivos gobiernos colorados corruptos, es la continuación del proyecto cartista, un poder con características especiales, hablamos de un gobierno que tiene una conducción capo mafiosa, cuyo “único líder” (quien maneja verdaderamente el poder utilizando a Peña como títere) es el ex presidente Horacio Cartes. La composición de la dirección abarca a los representantes más siniestros de la burguesía nacional ligadas al crimen organizado, con un programa ultra liberal en lo económico y ultra reaccionario en lo político.
Las principales medidas desde que asumió Peña
A pesar de la resistencia importante en las calles logró aprobar la Ley de Superintendencia, un proyecto central que apunta a la apropiación de los fondos previsionales.
Por otra parte, estuvo la Ley Hambre Cero que deja sin garantías de financiamiento real al Arancel Cero y otros programas como Becal, CONACYT etc. Hace semanas vimos el contenido concreto del hambre cero en las escuelas con la remisión de alimentos podridos para los hijos e hijas de la clase trabajadora.
El proyecto de ley del Servicio Civil, que no es otra cosa que una reforma para atacar los derechos laborales del sector público y para cumplir con los mandatos del FMI.
La fijación de la tarifa de ITAIPÚ que no es más que la consolidación de una política entreguista en detrimento de la soberanía energética. Por otro lado está la tarifa subsidiada a la criptominería. Solo en este 2024, se intervinieron 20 granjas de criptominería ilegales que ocasionaron una pérdida económica a la ANDE de USD 8,7 millones.
Ataques al pueblo trabajador y a las organizaciones sociales
Se promulgó la Ley de Reforma y Actualización de la Policía Nacional que legítima la arbitrariedad policial y prepara la cobertura a futuras represiones para garantizar operativos de seguridad abiertamente inconstitucionales
Por otra parte, ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores el proyecto “Que establece el control a las Organizaciones sin Fines de Lucro”. De lograr promulgar esta ley todas las organizaciones sociales que supongan ser consideradas enemigas serán obstaculizadas para su funcionamiento, situación que ocurre actualmente con centrales y sindicatos combativos.
Nueva “Comisión garrote” en el senado. La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) en el Senado lejos está de ser un organismo parlamentario para investigar hechos de lavado de dinero y cía. En realidad, está orientada a golpear contra todo aquel que intente cuestionar los proyectos de saqueo y monopolio.
Hasta aquí tenemos una serie de elementos que caracterizan a un gobierno que avanza en poco tiempo en el avasallamiento de derechos elementales de la clase trabajadora, donde el paquete de leyes y medidas sobre temas estratégicos va siendo acompañado de leyes para atacar a las organizaciones sociales y recrudecer el accionar represivo ante la protesta. Todo esto orienta hacia la configuración de un régimen del tipo bonapartista que no despliega aún sus rasgos más brutales pero se arma para ello.
¿Cartes al borde de la extradición?
La ratificación de la sanción contra Tabesa es un nuevo golpe contra Cartes y el cartismo, un simbronazo que no vieron venir, de allí el reproche airado por la mediatización del anuncio sin que se haya comunicado la situación previamente a la cancillería. No es un ataque a una empresa más de Cartes, sino estamos hablando del principal motor del emporio financiero.
La diferencia de esta sanción se desprende de la declaración del propio embajador norteamericano que describió la gama de castigos a los que apela su gobierno, desde la pérdida de visa, las declaraciones, las sanciones económicas y la extradición. Lo relevante es reflexionar si efectivamente estamos ante la inminente extradición o no; y las consecuencias que ellas podrían desencadenar en el gobierno, en la facción de HC y en el propio Partido Colorado.
Pero la sola extradición no implicaría que Cartes se entregue mansamente. Teniendo todo el poder económico y político no será un mero trámite su salida, sin embargo el simple pedido representará una presión enorme para el propio gobierno y significará una crisis interna importante. La primera muestra de la crisis es la renuncia de Lea Giménez (Jefa del Gabinete Civil) la cual está directamente relacionada al tratamiento que se dio desde el Ejecutivo tras la nueva sanción a la principal empresa del Patrón. Una eventual orden de extradición desatará una crisis política mayúscula y ello sólo será favorable al pueblo trabajador a condición de salir a luchar de manera independiente contra este gobierno.
La situación económica empeora a pesar de lo que sostiene el BCP
Según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), entre octubre de 2023 y abril de 2024, el costo de los productos se ha disparado en un 52%. Estos porcentajes (que en la realidad son mayores) representan una carga financiera considerable, especialmente para aquellos que ya están ajustados de presupuesto, que son los ciudadanos de menores ingresos en el país.
Según el BCP la tasa de variación anual del IPC en junio de 2024 ha sido del 4,3%, sin embargo, hay que señalar que el propio Ministro de Economía debió indicar que el IPC no es un indicador consistente que refleja la situación económica y ello debido a que justamente los salarios se ven carcomidos por el precio de la canasta básica familiar, siendo insignificante el aumento del salario mínimo que siempre corre detrás de la inflación.
El salario mínimo real promedio cayó 3,2% durante el primer trimestre del 2024, en comparación al año anterior. Paraguay registra el peor retroceso de la región, sólo por detrás de Argentina con una caída diez veces superior. El empleo informal creció 1,4% y se sitúa en el segundo lugar, por detrás de Uruguay con un 2,4%. El desempleo creció relativamente en comparación al primer trimestre del 2023. Cerca de 0,2 por ciento más desocupación. ¿Dónde están los 500,000 empleos nuevos?
El 35% del PIB comprende la deuda externa. El 86% de la deuda está en dólares. Segundo entre los países estudiados, sólo superado por panamá que está dolarizado. Ni siquiera ecuador que también está dolarizado tiene tanta deuda en USD, como nosotros. Y ahora el gobierno de Peña nos va a endeudar aún más con otros préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).[1]
La debilidad por abajo
En el marco de toda esta situación las condiciones de explotación, opresión y miseria se agudizan. Como así también los hechos de violencia en las calles que sufren las y los trabajadores (asaltos, robos) como la violencia hacia las mujeres y los casos alarmantes de abuso sexual en niñas y niños.
La clase trabajadora y sus organizaciones siguen en un profundo letargo, muy debilitadas y ello se debe por un lado a la traición de la burocracia corrupta y la profunda desconfianza que genera en los trabajadores no organizados que no ven en la organización una alternativa para pelear por mejores condiciones laborales. A ello se suma la miopía política de importantes sectores de la clase trabajadora que priorizan sus intereses corporativos como lastimosamente ocurre hoy ante el tratamiento de la ley del Servicio Civil.
Las movilizaciones de las Asociaciones relacionadas al IPS tienen cierto impacto, pero no tanto por su capacidad de convocatoria multitudinaria, sino por el interés mediático que presiona.
Es cada vez más desesperante la situación de la crisis sanitaria que se vive en el país. Tanto en el IPS como en el sistema de salud público las personas con enfermedades catastróficas mueren por la desidia estatal y para la atención de otras patologías no se cuenta en general con medicamentos, servicios e insumos para garantizar una cobertura básica. Todo hay que comprar.
Muy pocos sectores salen a reclamar sus derechos. Las únicas luchas importantes en la actualidad son la de los y las trabajadores del MOPC contra la precarización laboral, el pago de viáticos, la no privatización de servicios, entre otros y la de los gremios de la salud, tanto del sector público como del IPS por el mejoramiento de las condiciones laborales.
También hechos de manifestaciones aisladas en el interior del país, las más emblemáticas son la toma de la intendencia de Arroyos y Estero (en oposición a la instalación de un Relleno Sanitario) y la de Arroyito (Concepción) en donde también se dio la toma del Municipio, ambos tuvieron como respuesta brutales represiones; por otro lado se dieron desalojo violentos a comunidades indígenas y campesinas, una de las últimas en Barrio San Antonio de CDE y la desocupación de unas 100 familias en Edelira (Itapúa).
La oposición
La oposición política es impotente, no sólo en términos de poner un freno a la avanzada antidemocrática en el Congreso, sino en la capacidad de articular movilizaciones de todos los sectores contra la política del gobierno.
Recientemente el ex presidente Mario Abdo Benítez se propone como articulador de la oposición para formar un frente democrático contra el cartismo, lo que fue tomado con buenos ojos por sectores del segundo principal partido burgués, el PLRA, así como otros partidos pequeño burgueses.
La oposición de la izquierda reformista no sale de un ensayo para encontrar la próxima dupla electoral y para ello se vale de la vieja estrategia de armar un frente policlasista, en otras palabras, buscar a los “burgueses progresivos” para las próximas elecciones. Cruzada Nacional, con Payo a la cabeza, ya mostró al servicio de qué está y la seriedad que implica su proyecto con personajes de toda laya.
Los trabajadores debemos construir una alternativa política independiente
Está comprobado que la oposición burguesa o pequeñoburguesa es incapaz de generar un cambio profundo y radical que se oriente a la solución de los graves problemas estructurales que nos están hundiendo cada vez más en la miseria a los trabajadores. También hemos comprobado cómo la izquierda reformista cuando estuvo en el poder gobernó para favorecer a los latifundistas, a los sojeros y a los capitalistas en general y no a los campesinos y obreros a quienes golpeó sin contemplación con desalojos y represiones.
Es por eso que se hace imprescindible que los oprimidos y explotados construyamos nuestra propia alternativa política, independiente de todos los explotadores y de aquellos que, como la “izquierda reformista” se presentan como los “defensores del pueblo” pero que, con el discurso del “poncho jurú” finalmente terminan defendiendo el sistema capitalista. Es imprescindible y urgente que, al calor de las luchas y las movilizaciones permanentes, al mismo tiempo impulsemos la construcción de un partido clasista e independiente que se plantee el poder político ´para la clase trabajadora.
El camino no será fácil, tenemos que buscar los procesos de unidad de acción para salir a luchar y resistir el avasallamiento y destrucción de los derechos democráticos elementales, pero en el marco de lo estrictamente político partidario se vuelve imprescindible hacer comprender a fondo lo que implica nuestro programa político revolucionario obrero y socialista y la diferencia con el programa de la izquierda reformista, su perspectiva y la salida revolucionaria que ofrece a la clase trabajadora en la lucha por el poder.
