Los Diputados colorados y liberales (llanistas) aprobaron cambios al estatuto agrario que beneficiarán a terratenientes que fueron beneficiados durante y posterior a la dictadura. El proyecto aprobado se halla pendiente de estudio este jueves que viene en el Senado para su aprobación o rechazo.

Entre las modificaciones se plantea que, quienes “ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental patrimonio del Organismo de Aplicación, al momento de la promulgación de la presente Ley, y que no sea considerado beneficiario, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”. Los mismos podrán pagar el 70% del valor de la tierra en el mercado.

Con esta modificación se avala la legalización de tierras malhabidas por delincuentes que se apropiaron de las tierras destinas a la reforma agraria durante la dictadura de Stroessner e incluso posterior a ella. Con esta modificación se frustraría la recuperación de tierras para el campesinado, sujeto indiscutible de la reforma.

Datos irrefutables sobre las pretensiones    

De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), serían aproximadamente 8 millones de hectáreas las tierras que la dictadura de Stroessner dio a  empresarios y políticos amigos de Stroessner — el mismo tamaño del territorio de Panamá. Entre quienes recibieron propiedades figuran el padre del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, las familias Zavala y Bendlin, el ex director de Itaipú Ernst Bergen o el tío del ex presidente Cartes, Rubén Viveros Cartes. El proyecto, además, se da meses después de que una serie de publicaciones periodísticas — entre las que se encuentra un reportaje de El Surtidor sobre cómo el hermano del senador Fidel Zavala revendió sus tierras malhabidas al Estado — echara luz sobre el tema. En ese entonces, el senador Zavala puso en duda el trabajo de la CVJ.[1]

La modificación al artículo 88 «contradice toda la estructura del Código Civil que establece sobre los actos nulos y anulables, se los deroga con el solo fin de no molestar a sectores muy poderosos como la ARP o la UGP», dice el abogado Juan Antonio León. La nulidad de los títulos otorgados por el entonces IBR durante la dictadura, por incumplir con el Estatuto Agrario de aquel momento, fue durante años el principal argumento jurídico en los escasos intentos de recuperación de tierras malhabidas.[2]

Esta disposición no solo serviría a quienes accedieron a tierras malhabidas durante la dictadura, señala León. «Se pretende facilitar posesiones irregulares. Existen asentamientos enteros que desaparecieron bajo los sojales o se encuentran usurpados por ganaderos, que en ambos casos han comprando posesiones precarias o «derecheras» con anuencia de los propios campesinos y los funcionarios del INDERT que generalmente actúan de intermediarios para instalar las irregularidades»[3] 

Por otra parte, el artículo 20 del Estatuto Agrario también fue modificado para habilitar a ganaderos como posibles beneficiarios de tierras públicas en la región oriental. La ley vigente sólo los habilitaba a ser beneficiarios en la región occidental o Chaco. 

Como si todo esto no fuera poco, la modificación impulsada por los colorados plantea que las personas que poseen antecedentes judiciales no puedan ser beneficiadas con tierras destinadas a la reforma agraria. Esta discriminación absurda lo que pretende es que los miles de campesinos que han sido víctimas de criminalización de la protesta social justamente por la lucha por la efectiva reforma agraria queden a un lado a partir de este criterio por demás arbitrario y miserable.   

La necesidad de la resistencia campesina

La tierra en nuestro país constituye la principal matriz productiva de la economía, el objetivo del proyecto responde a extender el negocio agro-ganadero y dar el golpe de gracia final a lo que resta del movimiento campesino organizado y continuar con la destrucción del medio ambiente producto de la actividad empresarial.

La posición histórica del Partido de los Trabajadores ha sido la lucha por la reforma agraria, principal bandera del campesinado empobrecido. La situación actual de expulsión, envenenamiento y saqueo del campesinado es producto de la angurria de los terratenientes y la complicidad manifiesta del Estado burgués a su servicio.

Es hora de volver a organizar la lucha en el campo, ampliar la solidaridad entre todos los sectores de la clase trabajadora y frenar el proyecto de saqueo de la oligarquía nacional. 

[1] https://elsurti.com/es/futuros/reportaje/2021/05/18/con-apoyo-de-arp-colorados-buscan-legalizar-tierras-malhabidas/

[2] https://elsurti.com/es/futuros/reportaje/2021/05/18/con-apoyo-de-arp-colorados-buscan-legalizar-tierras-malhabidas/

[3] https://elsurti.com/es/futuros/reportaje/2021/05/18/con-apoyo-de-arp-colorados-buscan-legalizar-tierras-malhabidas/