En una reciente entrevista, el presidente de la ANDE intenta justificar el plan del gobierno implementado a través de los decretos N.º 5306/26 y 5307/26, destinados a las denominadas “industrias convergentes”, como los data centers de inteligencia artificial, los servicios de computación en la nube o los proyectos de “Energía a X” vinculados a la producción de vectores energéticos como el denominado “hidrógeno verde”. Sin embargo, lejos de promover el desarrollo nacional, el contenido real de estos decretos evidencia que el objetivo central es otorgar energía eléctrica fuertemente subsidiada a empresas electrointensivas extranjeras por un período de hasta 14 años. De este modo, el Estado paraguayo asume el costo de subsidiar las ganancias de grandes corporaciones durante más de una década, sin que ello se traduzca en empleo significativo ni en aportes sustanciales al desarrollo económico y social del país.
Lejos de constituir una política de fortalecimiento del sistema eléctrico público, estos decretos profundizan una estrategia deliberada de privatización del sector. En primer lugar, derogan el Decreto N.º 7551/2017, que regulaba a las industrias electrointensivas estableciendo precios basados en los costos reales del sistema eléctrico y en la carta orgánica de la ANDE, con tarifas superiores a los 80 USD/MWh. En su reemplazo, los nuevos decretos fijan tarifas irrisorias que parten desde apenas 25 USD/MWh, muy por debajo del costo real de producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Es decir, no solo desaparecería todo tipo de utilidades para la ANDE sino que, con estas operaciones, se llegaría al absurdo de generar pérdidas para favorecer a empresas extranjeras.
Asimismo, a diferencia del decreto de electrointensivas derogado, los nuevos decretos no establecen límites a la cantidad de energía que estas empresas pueden contratar, habilitando una demanda prácticamente ilimitada de energía barata. Precisamente por esta razón, el artículo 4, inciso d, del Decreto N.º 5307/26 exige a las empresas la presentación de planes de autogeneración, cogeneración o generación propia. Esto confirma que la política de fondo no es fortalecer a la ANDE, sino promover deliberadamente la privatización de la generación eléctrica, trasladando al sector privado un área estratégica que debe permanecer bajo control público.
Estas disposiciones se inscriben en un paquete más amplio de leyes privatistas impulsadas por el gobierno cartista, como la Ley de Energías Renovables y la Ley de Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica, que habilitan a empresas privadas a utilizar la infraestructura de la ANDE —que pertenece al pueblo paraguayo— para su propio beneficio. De este modo, las empresas extranjeras no solo acceden a energía subsidiada, sino que además quedan habilitadas a construir y operar sus propias centrales privadas de generación.
Una vez instaladas y consolidadas, estas empresas no se limitarán a la autogeneración, sino que avanzarán inevitablemente hacia la apropiación del negocio de la provisión de energía eléctrica, luego de haber debilitado financieramente a la ANDE mediante tarifas impuestas por decreto y por debajo de los costos reales, empujando a la empresa pública hacia la quiebra.
El presidente de la ANDE sostiene que no se firmará ningún contrato que perjudique a la institución. Sin embargo, con las tarifas fijadas en estos decretos, resulta materialmente imposible firmar contratos con estas empresas sin causar un grave perjuicio económico a la ANDE, ya que dichas tarifas no cubren los costos de producción y operación del sistema eléctrico. En consecuencia, se plantea una contradicción insalvable: o se firman contratos ruinosos que desfinancian a la empresa pública, o no se firma ninguno.
Lo más razonable y beneficioso para el país hubiera sido preservar la atribución de la ANDE de fijar tarifas justas, con criterios técnicos y conforme a su carta orgánica, permitiendo la instalación de industrias que paguen un precio justo por la energía y contribuyan al fortalecimiento de la empresa pública. En lugar de ello, el gobierno impulsa una política deliberada de debilitamiento de la ANDE para justificar la privatización total del Sector Eléctrico Nacional.
Este camino ya fue transitado con consecuencias desastrosas en otros sectores estratégicos del Estado, como ocurrió con COPACO, cuando se abrió el mercado de las telecomunicaciones bajo la lógica de que la empresa pública debía “competir” con empresas privadas, mientras se la desfinanciaba deliberadamente. El resultado fue el vaciamiento de la empresa pública y el avance de la privatización. Hoy, el gobierno pretende aplicar la misma receta al sistema eléctrico nacional, poniendo en riesgo la soberanía energética del Paraguay y entregando un sector estratégico a los intereses del capital extranjero.
En este marco, y en repudio a las declaraciones del presidente de la ANDE, ing. Félix Sosa, que actúa como vocero y defensor de esta política entreguista, SITRANDE exige su renuncia inmediata, así como la de toda la Alta Gerencia de la ANDE. Esta administración ha demostrado estar completamente alineada con los intereses entreguistas, priorizando privilegios personales y compromisos políticos por sobre la defensa de la empresa pública y del patrimonio energético del pueblo paraguayo. No puede haber defensa real de la ANDE con una cúpula gerencial que trabaja activamente para su debilitamiento y desmantelamiento.
Frente a este escenario, resulta impostergable exigir la derogación inmediata de los decretos N.º 5306/26 y 5307/26, que constituyen un verdadero saqueo legalizado al patrimonio público, desfinancian deliberadamente a la ANDE y allanan el camino para la privatización del sistema eléctrico nacional. Estos decretos trasladan el costo de subsidios encubiertos al pueblo paraguayo, que terminará pagando tarifas más altas para garantizar ganancias extraordinarias a grandes corporaciones privadas extranjeras. Se trata de una decisión política consciente de sumisión a los intereses del capital transnacional y del imperialismo hegemónico, que profundiza la dependencia económica y avanza en la entrega de nuestra soberanía energética y nacional.
Por ello, llamamos a todas las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y políticas, y al conjunto del pueblo trabajador, a unificar fuerzas y pasar a la movilización, con SITRANDE a la cabeza, para frenar este nuevo intento de saqueo y privatización encubierta. La defensa de la ANDE como empresa pública estratégica y de la soberanía energética del Paraguay no admite tibiezas ni negociaciones a espaldas del pueblo.
Derogación inmediata de los decretos, fuera los responsables de esta política entreguista, y destitución y juicio político de los vendepatrias.
Solo la organización y la lucha popular podrán impedir que el sistema eléctrico nacional sea entregado al capital extranjero.
