El Partido de los Trabajadores expresa su más enérgico repudio a los Decretos N° 5306/2026 y N° 5307/2026, mediante los cuales el Poder Ejecutivo establece para electrointensivas productoras de vectores energéticos, data centers para Inteligencia Artificial y servicios de nube, tarifas eléctricas inferiores a las establecidas en el Pliego Tarifario N° 21 de la ANDE, violentando el marco legal vigente y la autonomía de la empresa pública. Estos decretos no constituyen un hecho aislado, sino una nueva ofensiva del gobierno cartista al servicio de los intereses del capital transnacional y del extractivismo energético.
Tal como lo ha denunciado la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), estas disposiciones representan una grave usurpación de atribuciones técnicas de la ANDE y un ataque directo a su sostenibilidad financiera operativa. Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos, además, que su verdadero objetivo es favorecer a grandes corporaciones extranjeras, particularmente aquellas vinculadas a proyectos electrointensivos de procesamiento informatico como también a la producción de vectores energéticos como el denominado “hidrógeno verde”, que lejos de beneficiar al país profundizan su dependencia y subordinación.
Resulta especialmente indignante que estos decretos que garantizan energía limpia, barata y subsidiada a empresas capitalistas extranjeras se publiquen en un contexto en el que las propias autoridades analizan un aumento de tarifas para los usuarios de baja tensión: hogares trabajadores, jubilados, pequeños comercios y sectores populares que dependen del servicio eléctrico para su vida cotidiana. Mientras al pueblo se le prepara un tarifazo, al gran capital se le asegura energía por debajo de los valores vigentes.
La producción de hidrógeno “verde” —presentada falsamente como una solución ecológica y de desarrollo— requiere enormes volúmenes de energía eléctrica en muy alta tensión, que pretende ser entregada a tarifas subsidiadas y por debajo de los costos reales. El producto final no será destinado al consumo local ni a un verdadero proceso de industrialización nacional, sino exportado a países desarrollados, principalmente a los centros imperialistas de Estados Unidos y Europa. Es decir, Paraguay pone la energía hidroeléctrica, el subsidio y ellos se llevan la ganancia, así mismo los centros de datos para inteligencia artificial y servicios de nube sirven a los intereses de los nuevos feudos digitales privados de las grandes tecnologicas extranjeras pero no aportan valor agregado ni generación de empleos en el país.
Estos emprendimientos electrointensivos crean hasta 500 veces menos puestos de trabajo que otras ramas industriales, desmontando el argumento oficial de que estos proyectos traerán desarrollo y trabajo para el pueblo paraguayo.
Más aún, los decretos establecen una política abiertamente escandalosa: mientras se subsidia a los capitalistas transnacionales su principal medio de producción —la energía eléctrica—, se los “invita” a que, con las ganancias obtenidas, desarrollen su propia generación de energía privada. Esto confirma que el gobierno no solo plantea la entrega barata de nuestra energía, sino que prepara el terreno para una mayor privatización del sector eléctrico, en línea con lo ya planteado en la Ley de Energías Renovables.
Con la excusa de no comprometer totalmente nuestros excedentes energéticos y de evitar un inminente desabastecimiento interno, el Ejecutivo avanza en la fragmentación y privatización de la generación, debilitando deliberadamente a la ANDE y sentando las bases para que el mercado y las corporaciones privadas controlen un recurso estratégico que pertenece al pueblo paraguayo.
Este giro político también revela un cambio de orientación geopolítica de mayor sumision al imperialismo hegemonico: el gobierno ya no prioriza la exportación de excedentes eléctricos al Brasil en condiciones soberanas, sino que opta por entregar nuestra energía de manera directa y subsidiada a Norteamerica o Europa, consolidando un modelo colonial de sometimiento y saqueo de nuestros recursos naturales.
Desde el Partido de los Trabajadores reafirmamos que la energía hidroeléctrica es un bien social y estratégico, no una mercancía al servicio del lucro privado. Rechazamos cualquier intento de trasladar el costo de estos subsidios encubiertos a los usuarios de baja tensión y llamamos a los trabajadores, a los usuarios de la ANDE, a los movimientos sociales y a todas las organizaciones populares a movilizarse contra estos decretos y contra todo tarifazo para el pueblo.
La defensa de la ANDE como empresa publica, de su autonomía y de tarifas justas es parte inseparable de la lucha por la soberanía nacional y por un modelo de desarrollo al servicio de la mayoría trabajadora, no del capital transnacional.
