Marx definió el bonapartismo en «El 18 Brumario de Luis Bonaparte» como un régimen excepcional en el que, frente a la disputa entre clases o fracciones de clase, el Ejecutivo se eleva aparentemente por encima y se presenta como árbitro, aunque en última instancia preserva siempre los intereses de la burguesía. Trotsky retomó esta categoría para mostrar cómo, en épocas de crisis y polarización, estos regímenes tienden a consolidar un poder personal fuerte, restringiendo la vida democrática para salvaguardar el orden social capitalista.
Nahuel Moreno, a su vez, adaptó la noción al análisis latinoamericano, señalando que en países dependientes surgen bonapartismos “débiles” o “títeres”, donde la autonomía frente a las clases internas es limitada y el sometimiento al imperialismo es decisivo. Son regímenes que concentran poder, se presentan como árbitros, pero no pueden jugar un papel independiente en la arena internacional.
Bajo este marco, el actual gobierno paraguayo no puede ser comprendido simplemente como otro gobierno burgués más, dentro de la normalidad de la democracia liberal. Por el contrario, se trata de un gobierno que expresa un régimen con rasgos bonapartistas, pero donde el supuesto “Bonaparte” no es el presidente en ejercicio sino Horacio Cartes, verdadero poder en el trono. Santiago Peña aparece como un administrador dócil y servil de un poder político, económico y mafioso que Cartes ha consolidado durante la última década.
El copamiento cartista del Estado
El cartismo ha logrado un copamiento absoluto de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El lawfare es utilizado como arma para disciplinar y expulsar a toda oposición política que intente desafiar su hegemonía. Así lo evidencian: La expulsión de Kattya González del Senado, medida arbitraria que buscó eliminar una voz crítica al gobierno. La destitución del intendente Miguel Prieto luego de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, operación ordenada por el cartismo y manipulada a través de favores políticos al interventor según los audios filtrados.
Estos hechos confirman que el régimen cartista recurre a la manipulación institucional y a la persecución judicial como mecanismo de control y represión de la oposición reformista o burguesa.
El control económico y financiero: UENO Bank
El proyecto bonapartista-cartista no se limita al plano político. Se profundiza con un copamiento económico y financiero a través de los negocios ligados al grupo Cartes. El caso más escandaloso es el de UENO Bank, beneficiado con cambios legales hechos a medida, como la reforma de la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que ahora le permite operar con los fondos jubilatorios del IPS.
Esto significa que los aportes de trabajadores activos y jubilados —que deberían estar resguardados para garantizar una vejez digna— pasan a convertirse en capital disponible para la especulación financiera y el lucro de un sector burgués asociado al cartismo. Se trata de una expropiación indirecta contra la clase trabajadora para engordar las arcas del grupo empresarial dominante.
En paralelo, el régimen persigue a otros sectores de la burguesía no alineados con Cartes, como el grupo Zucolillo. Ejemplo de ello es la orden de clausura de locales de Biggie Express bajo acusaciones de vender productos vencidos. Sabemos que la mayoría de estos comercios tienen estas prácticas que ponen en peligro la salud del pueblo, pero es evidente que este caso tiene que ver con una represalia política (de lo contrario la política de control debería ser una norma de aplicación cotidiana y aplicada a todos los comercios. En esta misma orientación se da también la persecución financiera y judicial a periodistas que trabajan en medios de dicho grupo rival, como Mabel Rehnfeldt, quien viene denunciando el tráfico de influencias del cartismo y los vínculos de UENO Bank.
Mafia, narcotráfico y contrabando
El cartismo no es simplemente una corriente política burguesa tradicional: su base de poder está profundamente ligada a actividades mafiosas. Cartes y su grupo económico han sido reiteradamente denunciados por sus lazos con el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero. Estos vínculos le permiten no solo acumular enormes fortunas ilegales, sino también tejer redes de poder que trascienden y atraviesan al Estado, a las fuerzas de seguridad y al sistema financiero.
El carácter mafioso del cartismo explica su lógica de gobierno: disciplinar, perseguir y cooptar mediante la corrupción y la amenaza, asegurando que el aparato estatal funcione como cobertura legal de sus negocios ilícitos.
Sumisión al imperialismo norteamericano
El bonapartismo cartista no implica independencia frente al imperialismo. Por el contrario, el propio Cartes, tras haber sido declarado por EE.UU. como “significativamente corrupto”, busca ahora congraciarse con Washington mediante una política de sumisión total.
El acuerdo migratorio firmado con el gobierno de Donald Trump, por el cual Paraguay recibirá migrantes expulsados o exiliados politicos o económicos, a cambio de negociar ventajas comerciales o la supuesta excepción de visa para los paraguayos, es un acto de entrega de la soberanía nacional. Peña y Cartes utilizan al país como moneda de cambio para garantizar su impunidad política y económica frente a la presión del imperialismo.
Un bonapartismo con un gobierno títere: el Bonaparte en las sombras
En síntesis, el régimen paraguayo bajo el cartismo presenta características bonapartistas: centraliza el poder en una figura por encima de las fracciones burguesas, utilizando el aparato estatal para disciplinar tanto a la oposición política como a sectores rivales de la propia clase dominante.Pero aquí el “Bonaparte” no es Peña —simple figura decorativa— sino Horacio Cartes, quien gobierna en las sombras y se sirve de un presidente títere para preservar su dominio. Su carácter autoritario se expresa en el copamiento de todos los poderes del Estado y en la persecución de la oposición.
Sin embargo, todavía no se apoya en una represión abierta y sangrienta, porque le basta con combinar cooptación, lawfare y manipulación institucional para consolidar su dominio. Si la resistencia obrera y popular creciera, no dudaría en apelar a métodos más duros y represivos.
La unica salida es la independencia de clase
Ante este panorama, la clase trabajadora paraguaya no puede depositar ninguna expectativa en la oposición parlamentaria domesticada que solo plantea una salida electoral en las próximas elecciones presidenciales en el 2028 sometiendose al juego del cartismo y dejandole continuar con sus medidas de ajuste contra las condiciones vida de la clase trabajadora hasta el momento electoral donde además corren con ventaja y juegan con las cartas marcadas.
La única salida real es la construcción de una alternativa política independiente de los trabajadores, que enfrente tanto al cartismo como al imperialismo, y que luche por un gobierno socialista que ponga la economía y el Estado al servicio de los trabajadores y no de ninguna facción de la burguesía.
