Desde enero de este año varias comunidades campesinas fueron desalojadas y otras viven bajo amenaza de ser despojadas de sus asentamientos. Si bien esta es una práctica perversa y brutal, común de los sucesivos gobiernos burgueses, en especial del mafioso partido Colorado, (que se remonta a la dictadura estronistas), los hechos recientes se destacan por llevar esta ilegalidad y brutalidad a un nivel aún más grosero y descarado.

Desalojos brutales e ilegales

En el mes de enero el asentamiento Edilson Mercado y 15 de Agosto, ambos de Yasy Cañy del Departamento de Canindeyú sufrieron un desalojo brutal e ilegal por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Se presume que la diputada cartista Cristina Villalba se encuentra detrás de estos operativos ilegales quien sería la aliada política del crimen organizado de ese departamento.

Una situación similar sufrió la comunidad Santa Librada también del mismo departamento, donde más de 150 familias sufrieron la violencia policial de guardias privados quienes destruyeron sus hogares, asentamiento que cuenta con reconocimiento del INDERT y más de 20 años de arraigo. Detrás de este procedimiento estuvo el ex concejal colorado Benjamín Adaro Monzón también señalado como ligado al narcotráfico. Otros asentamientos campesinos bajo amenaza y coacción constante son Primero de Marzo – Joaju, ubicado en el distrito Yvyra Rovana de Canindeyú, 12 de julio, Vy’a Renda; así como 16 de julio, Vaca reta todos bajo riesgo de ser expulsados de manera ilegal.

Es de público conocimiento la inequitativa tenencia de tierras en nuestro país, producto de la siniestra dictadura estronista donde se perpetatron crímenes para desalojar a comunidades enteras bajo tortura, exilio y muerte. Esa situación odiosa de injusticia se perpetuó bajo la democracia liberal que vivimos hace más de 35 años, donde las tierras malhabidas siguen en manos de oligarcas, empresarios y mafiosos ligados al Partido Colorado.

Nuevos y recientes desalojos bajo amenaza

Este miércoles 04 de junio fueron desalojadas en un brutal operativo de las fuerzas públicas, más de 230 familias campesinas en el asentamiento San Miguel, distrito de Maracaná, Canindeyú. Varios campesinos quedaron heridos y uno de gravedad.

La escuela, la iglesia, cinco transformadores eléctricos y los cultivos de la comunidad quedaron completamente destruidos junto a sus casas y animales.

Las familias, quedaron varadas al costado de un camino vecinal, niños y niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, familias enteras.

Se agudiza la opresión que sufren históricamente las comunidades indígenas

La comunidad indígena Hugua Po´i, del pueblo Mby´a Guaraní, ubicado en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo del Dpto. de Caaguazú, está al borde de sufrir su tercer desalojo ilegal, pese a contar con una medida cautelar de protección cuyo decisión de levantar o no está en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Asunción sin que hasta ahora se expida.

Detrás de este eventual nuevo desalojo está la empresa Tres Palmas, quienes cuentan con influencias políticas para emplear a la fiscalía y la policía para un nuevo allanamiento en la comunidad que significaría su desalojo, conllevando la expulsión de decenas de familias a su suerte con mujeres, niños y ancianos en situación de extrema vulnerabilidad.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) además de contar con un presupuesto miserable que apunta a mero asistencialismo, opera en los hechos al servicio del capital agrario que pretende despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales.

Envenenamiento del agua en Paso Yobai

En Paso Yobai los cauces hídricos están envenenados, recientemente se han publicado estudios que dan cuenta de preocupantes resultados en torno a las minas de oro en el lugar, donde se constató altos niveles de mercurio y cianuro en el ambiente y en pobladores de la zona. Detrás de la explotación de oro en el departamento del Guairá están los Friedmann y otros empresarios que viven de la minería ilegal.

El estudio reveló que no solamente los arroyos y seres humanos están contaminados, sino también el suelo con unos 400 metros de circunferencia, 200 metros de radio, tomando como referencia las coordenadas de las plantas procesadores de oro, mostrando un claro resultado de las viejas prácticas irresponsables que han dejado una huella en la comunidad.

La producción de yerba en la zona también está bajo riesgo. La contaminación del suelo ha causado un desequilibrio nutricional en las plantas, lo que las vuelve más vulnerables a infecciones por hongos, muchos de ellos con necrosis. Esta contaminación ambiental también afecta a las personas. Un estudio reciente encontró que de 99 pobladores analizados, 11 tenían mercurio en la orina.

A pesar de todas estas revelaciones varios dirigentes campesinos ligados al cultivo de yerba mate continúan procesados por el Ministerio Público por haber luchado contra la contaminación y envenenamiento de los arroyos que produce la minería ilegal.

Es necesaria la reorganización del movimiento campesino e indigena

Desde diciembre de 2024 hasta hoy, junio de 2025, se han registrado más de 10 hechos violentos protagonizados por agentes estatales contra comunidades indígenas y campesinas .

La tierra es la principal fuente de riqueza de nuestro país.

El objetivo de estos atropellos son claros:

. Extender el negocio agroganadero

. Asegurar rutas para el narcotráfico

. Regimentar la vida social en el campo.

. Dar el golpe final al movimientro campesino organizado

. Continuar con la destrucción del miedo ambiente por la actividad empresarial

La posición histórica del Partido de los Trabajadores ha sido la lucha por la reforma agraria, principal bandera del campesinado empobrecido. La situación actual de expulsión, envenenamiento y saqueo del campesinado es producto de la angurria de los terratenientes y la complicidad manifiesta del Estado burgués a su servicio.

Es hora de volver a organizar la lucha en el campo, ampliar la solidaridad entre todos los sectores de la clase trabajadora y frenar el proyecto de saqueo de la oligarquía nacional.

Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos la política sistemática de criminalización, represión y desalojos forzosos.

¡Reforma Agraria ya!

¡Basta de contaminación ambiental!

¡Organización y lucha para acabar con este sistema opresor que arrasa las vidas en el campo!

¡Toda nuestra solidaridad con las familias afectadas!