Por Belén Cantero- Araceli González
Los últimos días fueron abrumadores para las mujeres de este país. Fuimos testigos de feminicidios e intentos de feminicidio perpetrados de manera brutal hacia muchas de nosotras.
Katia Brítez, quien el viernes 1 de setiembre cumpliría 21 años, fue atropellada repetidamente por su ex pareja frente a su casa.
Norma Miñarro fue asesinada en Ciudad del Este con un arma de fuego.
Karina Pereira sufrió rotura de ligamentos cruzados como consecuencia de una agresión. Además, es víctima de violencia financiera y psicológica.
Celsa Magdalena contó a la prensa que su agresor abusó sexualmente de ella, la apuñalo 10 veces en el abdomen y le cortó el cuello. Relató que sólo se salvó porque fingió estar muerta para que no le dispare en la cabeza, como tenía planeado hacer.
Todo esto nos hace sentir profundamente inseguras ya que estos no son casos aislados. Según el Observatorio de la mujer, en lo que va del año se registraron 26 feminicidios y 11 intentos. Por si la tragedia no fuera suficiente de por sí, estos crímenes dejaron como consecuencia 31 huérfanos.
Lo peor es que no hay nada nuevo en ellos. La mayoría son típicos casos de violencia de género que terminan en asesinatos. Desde el 2019 hasta el 2022 se registraron un total de 143 asesinatos violentos a mujeres por razones de género, 36 casos por año, 1 mujer asesinada cada 10 días.
Los datos proporcionados confirman que en el 94% de los casos los asesinos eran conocidos de las mujeres asesinadas, principalmente parejas o exparejas (86%). Es decir, tienen su origen en un vínculo en el cual el hombre quiere controlar, poseer, disciplinar, corregir, imponerse sobre la mujer. Es decir, tienen su origen en el machismo.
Entender este origen es fundamental para combatir efectivamente estos crímenes. Mientras el Estado, con ayuda de la prensa, siga alimentando la idea de que los asesinos son “enfermos mentales”, que tienen problemas individuales, la respuesta se va a quedar solo en represión, y mientras el problema se sigue reproduciendo. Los feminicidas -como dice la frase feminista- “no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado”.
Estamos en un estado de emergencia, y así como están las cosas, necesitamos medidas urgentes de protección a las mujeres. Eso implica no sólo un mayor control coercitivo sobre los perpetradores de la violencia.
Las medidas de control como las tobilleras, la prisión preventiva o las alternativas a esta y otras, son insuficientes porque la mayoría de los casos ocurren por la inacción y la falta de medidas de prevención, cuando por ejemplo en las comisarías no creen a las mujeres, cuando en la fiscalía minimizan la violencia, cuando en los juzgados se otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva sin ninguna garantía de control real sobre los imputados.
Desde el sistema de justicia burgués recién alzan la mirada cuando ya es tarde, y esto pasa porque los operadores de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres son machistas. La policía es machista, la “justicia” es machista. Katia Brítez denunció a tiempo, así como muchas otras mujeres. Es el Estado el que falló. El Estado es responsable de estas muertes.
El Estado está tan lejos de poder hacer frente al problema de la violencia que 15 días antes de debatir sobre las tobilleras electrónicas en el Congreso, rechazaban un proyecto de reforma educativa con el argumento de que mencionaba la palabra “género”.
En cuanto al Poder Ejecutivo, en una de las primeras entrevistas que dio la primera dama, la misma contaba entre risas que el presidente Santi Peña “era celosísimo” “me controlaba hasta la ropa”. Esto, sumado a que el Partido Colorado en sus últimos mandatos viene recortando el presupuesto del Ministerio de la Mujer.
Cae de maduro a estas alturas que es más que necesaria una educación con perspectiva de género; a la que desde nuestra visión política debe estar cruzada necesariamente por una mirada de clase, que debe ser el crisol desde donde se examinan todas las opresiones en la sociedad capitalista.
Solo mentalidades trogloditas, embusteros y oportunistas siguen valiéndose del miedo que existe en una sociedad profundamente conservadora y atrasada para obstaculizar medidas educativas y reeducativas que eleven la conciencia.
Exigimos que se declare un estado de emergencia. Que esto implique un presupuesto suficiente para soluciones inmediatas de protección de las mujeres. Que los organismos responsables escuchen y crean a las mujeres, que den el debido seguimiento a las denuncias, que controlen que las medidas impuestas se cumplan, que acudan rápidamente a los pedidos de auxilio, y que si es necesario den albergue a las mujeres en peligro y a sus hijos.
Mientras estas medidas no sean aplicadas las mujeres seguimos en peligro latente, seguimos siendo violentadas, seguimos siendo asesinadas. Estas medidas no pueden esperar, porque esto sería, según las estadísticas, condenar a muerte a más mujeres en lo que queda del año.
Exigimos también que se ataque el problema de raíz. Los feminicidios son solo la punta del iceberg. Estamos hartas de las políticas que actúan de parches y solo sirven para que el Estado se intente lavar las manos.
Esta sociedad tiene que dejar de ser un lugar peligroso para las mujeres y la única forma de conseguirlo es avanzar en la organización de las trabajadoras para derribar el estado capitalista que se sirve del machismo, la homofobia, el racismo como ideologías que perpetúan las opresiones y dividen a nuestra clase.
Fuentes: Observatorio de la mujer, dependencia del Ministerio de la Mujer.
Prensa Escrita, ABC Color.
