Todo comenzó con la publicación de Erika Bogarin, una joven trabajadora que expuso en redes sociales todas las vivencias denigrantes vividas en Tupi electrodomésticos; una de las tantas patronales comerciales que explota a las y los trabajadores violando de manera sistemática todas las leyes laborales.  Esta denuncia desató posteriormente una avalancha de otras similares y hasta peores en cuanto a trato humillante e inmisericorde explotación.

 

Erika se animó a contar algo que era un secreto a voces: que no le pagaban un salario digno (ni siquiera el salario mínimo), las extenuantes y largas horas de la jornada laboral sin contraprestación alguna (pagos de horas extra), los maltratos constantes de los jefes de turno, en fin, relataba lo inhumano del trato al que las y los trabajadores son expuestos.

 

En su relato destacó el amedrentamiento constante del que eran víctimas para infundir miedo a sus compañeras y compañeros ante cualquier queja. La patronal disciplinaba así para aceptar las reglas del comercio, reglas violatorias a las leyes laborales. La necesidad de contar con un trabajo para afrontar la sobrevivencia cotidiana hace que el silencio y la inmovilidad calen para soportar tratos degradantes.

 

Organizarse un derecho vedado a la clase trabajadora

 

A la situación relatada por Erika debe considerarse además que pocas son las posibilidades de organización de las y los trabajadores en sindicatos en el sector privado. La dificultad radica en la complicidad que desde el Estado -a través del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social- se obstaculiza con trámites burocráticos absurdos y, en el mientras tanto, alertan a las patronales quienes no dudan en despedir a quienes se ponen al frente de la organización. Son excepcionales los casos de formalización de sindicatos, lo que se ve reflejado en el bajísimo porcentaje de sindicalización del sector. En otras palabras, hoy en nuestro país, el derecho constitucional a que los trabajadores puedan organizarse es letra muerta.

 

Muchas trabajadoras que pasaron por Tupi y que se hicieron eco de las denuncias en redes denunciaron también situaciones de acoso sexual por parte de jefes y del propio patrón.

 

Miguel Riveros, patrón de la empresa, galardonado por ser un “ejemplo” para los emprendedores, es quien de manera hipócrita en un comunicado de la empresa hace alusión “desaciertos que dan lecciones” para que los clientes sigan confiando en su comercio. Ni una palabra sobre los derechos laborales conculcados de quienes sostienen su negocio.

 

¿Qué hacer?

 

Instamos desde el PT a construir una plataforma que organice a las y los afectados por despidos y que desde ella pueda articularse con contactos en los lugares de trabajo que sufren el avasallamiento patronal y poner en pie un plan de acciones para defenderse de los atropellos.

 

Sólo la clase trabajadora organizada puede garantizar el cumplimiento de sus derechos en los lugares de trabajo y construir una herramienta que los represente en la lucha por mejores condiciones de vida.

 

La unidad de las y los trabajadores ante la #DictaduraPatronal es la única medida que pondrá fin a los maltratos y violaciones de los derechos laborales.

 

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