Por Julio López (Presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora – CCT)

En la dramática circunstancia que nos toca vivir, la Ley de Emergencia Sanitaria es un requerimiento urgente, obvio y necesario, todos lo vemos así, la ciudadanía lo ve así. Sin embargo, a partir de esta apreciación es imprescindible analizar, en primer lugar, el verdadero contenido de la misma y posteriormente las consecuencias que tendría su aplicación para el pueblo trabajador, principalmente para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

La Ley de Emergencia es extensa, tiene 55 artículos y aborda todos los aspectos concernientes al plan diseñado por el gobierno; desde la declaración de emergencia sanitaria, pasando por las modificaciones del Presupuesto General de Gastos 2020, las medidas administrativas, las instituciones afectadas (principalmente las del área de salud) entre otras, contemplando además las ayudas y subvenciones a los sectores afectados por la pandemia.

En cuanto al financiamiento, aspecto fundamental de la ley, se establece que para sustentar todo el plan el Estado debe volver a endeudarse por un monto de 1.600. Millones de Dólares. Para el efecto, se autoriza al ejecutivo a suscribir convenios con los organismos de la banca mundial, es decir con nuestros históricos usureros (FMI, BID, etc.). De igual forma también se autoriza que a través del Ministerio de Hacienda se pueda emitir y colocar bonos de la Tesorería General, tanto en el mercado interno como internacional, así como redireccionar y disponer de recursos institucionales de empresas públicas.

La ley representa un cheque en blanco del Congreso al Ejecutivo, pues otorga a éste amplísimas atribuciones para la utilización discrecional de los fondos de emergencia. Para ello modifica un cúmulo de disposiciones legales establecidas como mecanismos de control y garantía para la correcta utilización de los fondos.

El contenido de esta ley es esencialmente clasista y está orientada para que la crisis sanitaria sea solventada por los trabajadores y el pueblo paraguayo, favoreciendo visiblemente a aquellos sectores privilegiados de la sociedad como las grandes corporaciones financieras, los sojeros, ganaderos, latifundistas, grandes empresarios (como los dueños de las cadenas de supermercados), entre otros.

Una primera verificación de esta orientación es que la  principal medida de financiamiento que plantea el gobierno para sustentar su plan se asienta en un mayor incremento de la deuda externa. Y como todos sabemos la mayor parte de la deuda la pagan los trabajadores y los sectores mayoritarios con sus impuestos. Con este nuevo endeudamiento nuestra deuda alcanzará aproximadamente el 30% del PIB.

La situación actual de la clase trabajadora es muy preocupante y su panorama es sombrío. Hasta la fecha, según la ministra del trabajo, hay más de 1500 trabajadores despedidos durante la cuarentena (600 “injustificados” y el resto descontratados). La proyección sería aún más preocupante, pues, según la propia ministra, la crisis podría generar 250.000 desocupados. El efecto del sobreendeudamiento duraría por varios años y se anuncia la suspensión de cualquier aumento salarial por un periodo de al menos 4 años. Una situación  igualmente grave viven los trabajadores informales quienes, así como las MIPYMES, ven reducidos en gran parte o en la totalidad sus ingresos.

Las medidas de ayuda que contempla el plan son absolutamente insuficientes, las demandas de los trabajadores asalariados en general, las MIPYMES y demás sectores carenciados, requieren de mayores coberturas, lo que a su vez exigen pensar en salidas estructurales más serias y sustentables.

Repudiamos la mísera “ayuda” del gobierno de 500.000 Gs. por familia lo cual no es más que una grosera burla hacia los trabajadores. Rechazamos además la orientación de reducir los ingresos de los trabajadores del Estado.

Esta crisis la deben pagar los privilegiados de la sociedad

Es normal que este gobierno, así como los anteriores respondan a los intereses de su clase, la clase explotadora que vive del sacrificio del pueblo trabajador. Vivimos, sin embargo, un momento especial, un momento en el que tenemos mucho tiempo para pensar, vivimos una profunda crisis que desnuda de una manera cruda pero con total claridad cómo funciona el sistema capitalista, con mezquinas medidas que se orientan a cuidar sus ganancias en detrimento de los pobres.

Podemos exponer una larga lista de demandas al gobierno acerca de las necesidades urgentes del pueblo trabajador en el marco de esta crisis, sin embargo, nada será real si no discutimos de dónde sacamos la plata, es por esto que es un momento oportuno para exigir:

El ejercicio de nuestra soberanía hidroeléctrica, suspendiendo el pago de la deuda ilegítima y destinando la Renta Eléctrica y los Fondos Sociales de las Binacionales para cubrir la provisión de energía eléctrica a la población y las medidas que se deban adoptar durante la emergencia.

Una urgente reforma tributaria que aumente los impuestos y que los paguen aquellos que más ganan, como los bancos, los sojeros, ganaderos, latifundistas, los grandes empresarios y no los trabajadores.

Como para este gobierno es impensable plantear el no pago de la deuda externa usuraria, es urgente por lo menos la determinación de la moratoria de la deuda mientras dure la pandemia y que el monto del pago de la deuda sea destinado a las demandas de la crisis sanitaria.

Por otro lado, es necesario que el gobierno habilite una mesa de diálogo con los trabajadores y que el parlamento apruebe el proyecto de ley de “fuero laboral” (presentado por las centrales obreras y sindicatos de la unidad sindical) de forma tal que  pueda garantizarse la transparencia de todo el proceso de ejecución del plan con el control estricto por parte de los trabajadores sindicalizado.

 

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