Días pasados se publicó en los medios de prensa una entrevista al Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en la cual anunciaba que el Ejecutivo impulsará una ley para abrir el mercado eléctrico al sector privado. Dicho anuncio se realizaba días después de haber mantenido una reunión con el Ministro de Hacienda Benigno López, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas y el privatista Ing. Nelson Cristaldo, donde dialogaron sobre la Reforma del Sector Eléctrico en el marco del proyecto de Reforma del Estado impulsado por el gobierno.

La propuesta presentada por Cristaldo y su grupo de ingenieros privatistas es el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica, el cual forma parte de la agenda secreta de este gobierno y del anterior, con la intención de que el sistema eléctrico nacional pase a manos privadas con miras a las negociaciones de Itaipú en el 2023.

El gobierno prepara así el camino para privatizar nuestra principal riqueza y crear nuevos barones del sector eléctrico, aprovechando toda la infraestructura eléctrica ya existente, y apropiarse de un monopolio natural en el cual no pueden operar mecanismos mercantiles de libre competencia, sino que podrán simplemente repartirse las zonas para lucrar con los consumidores cautivos, cuya única libertad para poder elegir el servicio de otra empresa eléctrica, en caso que la hubiere, sería mudarse a otra zona.

Otra posibilidad es que simplemente se reemplace el modelo actual de Servicio Público por un único monopolio privado, que al tener afán de lucro aumentaría inmediatamente las tarifas a los usuarios, como sucedió siempre en todos los lugares donde se privatizó el Sistema Eléctrico.

El oportunismo y la tergiversación desde el gobierno

La estrategia del gobierno para llevar a cabo sus planes es aprovechar de manera oportunista la actual coyuntura de crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus y por la ineficiencia causada por la corrupción del propio gobierno y sus autoridades en las instituciones, para instalar como propaganda el discurso de que la solución es una Reforma para achicar el Estado, con lo cual justifican su política neoliberal de ataques y recortes al conjunto de los trabajadores, junto con sus planes privatistas.

Por otra parte, se alimenta la indignación de los usuarios contra el servicio público cuando las propias autoridades de la ANDE reconocen la sobrefacturación a más de 40.000 usuarios en tiempos de cuarentena, a esto se suma la falta de inversión y la sostenida desfinanciación y expoliación de la empresa estatal, así como la progresiva tercerización que trae aparejada la precarización del servicio, además de la corrupción para favorecer a sectores contratistas.

Ante este escenario desde SITRANDE se viene denunciando la agenda entreguista y privatista del gobierno, impulsada por los mismos actores que hace un año intentaron entregar nuestra soberanía hidroeléctrica a través del Acta Secreta y que ahora quieren volver a endeudar a Itaipú por 20.000 millones de dólares y además intentan rifar la ANDE al sector privado, al mismo tiempo que impulsan una supuesta Reforma del Estado que no modifica en absoluto el sistema político ni contempla una reforma fiscal para los sectores que concentran el mayor poder económico y no aportan casi nada de impuestos, sino que pretende cargar toda la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

La respuesta de SITRANDE

Desde SITRANDE, los trabajadores advierten que tendrán que pasar sobre sus cadáveres antes de permitir la entrega de nuestro principal patrimonio a manos privadas, y manifiestan ser celosos defensores de los activos y bienes públicos.

En este sentido, Sitrande también presentó una denuncia a la Contraloría General de la Republica y a la DNCP para solicitar que se investigue una supuesta sobrefacturación en la compra de 217.000 postes de hormigón, y afirman que no es posible que en tiempos de pandemia existan sobrefacturaciones de hasta el 300% para favorecer a la Patria Contratista, mientras los trabajadores sufren la política de ajuste del gobierno, ya sea mediante los recortes a los trabajadores públicos y los despidos y suspensiones a los trabajadores del sector privado.

Como primera medida en respuesta a los planes del gobierno, desde las Centrales Sindicales se convoca a una movilización general a realizarse el lunes 22 de junio, y se hace un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado a sumarse, en rechazo a la Reforma del Estado propuesta por el gobierno que recorta derechos conquistados por los trabajadores públicos y no otorga ninguna garantía a los del sector privado dejándolos a merced de la dictadura patronal, al mismo tiempo que pretenden privatizar el sistema sanitario, jubilatorio y eléctrico para beneficio de unos pocos en perjuicio de todo el pueblo trabajador.

¡No a la Reforma del Estado impulsada por el gobierno!
¡No a las privatizaciones!
¡No al endeudamiento eterno de Itaipú!
¡Fuera este gobierno entreguista y Vende patria!

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