Que la corrupción está al orden del día en el Estado paraguayo no es ninguna novedad para nadie. Los ricos y poderosos, rejuntados en los partidos políticos tradicionales disponen y explotan los recursos de la nación hace más de un siglo.

Inclusive ahora, en el medio de una pandemia y una crisis económica mundial, uno pensaría que podrían hacerle una pausa a los negociados, pero para ellos es solo una oportunidad más de demostrar para qué están hechos.

El caso del agua tónica sobrefacturada en Petropar, las columnas de hormigón sobrefacturadas por Villordo en la ANDE, los insumos inútiles adquiridos por el Ministerio de Salud, son claros ejemplos que si de conseguir dinero y poder se trata, nuestras «autoridades» no tienen límites.

Lo que solemos olvidar respecto a estos sonados casos, es que detrás de cada licitación arreglada existe un empresario amigo del político encargado de arreglar la cuestión legal.

A tal punto llega esta descomposición que el gobierno termina siendo un grupo de simples administradores y peajeros de los negocios de los ricos, gobernando un país donde los impuestos y las leyes se aplican siempre en beneficio del gran empresario.

Solamente tenemos que mirar el pésimo servicio del transporte público, donde el gobierno permite todo tipo de abuso a los usuarios por parte de empresas del sector privado, mientras el Estado los llena con subsidios de todo tipo como si fueran pobres necesitados. Eso sin mencionar la histórica persecución sindical a los sindicatos de trabajadores de este sector, que viven y mueren denunciando las pésimas condiciones de trabajo a un ministerio de sordos.

A pesar de casos como este, de verdaderas mafias, todavía existen voces como las del vicepresidente Hugo Velázquez que insisten en las supuestas bondades del libre mercado. Con ese discurso, promueven ceder el negocio de la distribución de energía eléctrica al sector privado.

Recordemos que fue Velázquez el que hace no poco tiempo, junto a Joselo y su pandilla, intentaron perjudicar al pueblo paraguayo por 300 millones de dólares, que si dependía de ellos, íbamos a regalar sin sentido a Leros, una empresa brasilera dedicada a la distribución de energía.

A Velazquez y el Abdismo parece importarles poco que gracias a sus trabajadores y trabajadoras la ANDE sea una de las empresas más rentables del Estado. Por lo visto les parece lógico ceder parte del mercado del cual la sociedad paraguaya tiene el monopolio, con una empresa pública que no solo se mantiene a si misma, sino que financia cerca de 30 millones de dólares de otros gastos del estado a través de un aporte intergubernamental. Suena como un gran plan ¿o no?

Este es un caso de una larga lista, donde políticos se corrompen, en complicidad con un empresario burgués que se muestra dispuesto a aceitar un poco la máquina burocrática.

Los grandes ricos del país, exitosos empresarios, miembros de uniones industriales y de otro tipo, son uña y mugre con los corruptos que saltan al ojo público hoy en día con las declaraciones juradas. Esta relación se ve desde el momento que el gobierno permite que ignoren nuestros derechos más básicos, explotando trabajadores en sus empresas y fábricas, hasta el momento en que intercambian maletines de dinero con los políticos trajeados igual que ellos.

La clase trabajadora no puede ni debe perder de vista esta realidad, hay que romper con la tradición partidaria. Apoyar dirigencias políticas que forman parte de esta grupo de súper ricos es olvidar de que lado de la historia se colocaron cuando les convenía.

La única garantía con la que contamos ahora mismo es la movilización. Si no representamos una mínima amenaza a sus negociados van a terminar tirándonos a la cuneta, como siempre hicieron.

Para saber quién es quien en nuestra sociedad, miremos con quiénes hacen negocios los corruptos de las declaraciones juradas, persigamos a los ricos que nos roban para acumular sin parar. ¡Recuperemos lo robado!