Han pasado dos años del gobierno de Mario Abdo Benítez, dos años que tienen como sello indiscutible la inestabilidad política por las crisis que lo arrastraron a situaciones límites amenazando su continuidad, y también por una gestión que chocó de frente contra los intereses más sentidos de la clase trabajadora.

Al inicio del mandato presidencial decíamos que el gobierno tenía como rasgo más general, el continuismo cartista en lo económico, y una marcada debilidad en lo político. Esto, fundamentalmente por la fuerte división en el Partido Colorado, principal partido de la burguesía, y porque la salida del expresidente Horacio Cartes fue precedida de movilizaciones y reacciones de la clase trabajadora en el último periodo y que ponía a prueba el inicio del nuevo mandatario.

Diferenciación y continuidad

Esa primera etapa del año estuvo marcada por las disputas interburguesas que se avivaron en la medida en que transcurría el gobierno entre pases de facturas, desplazamientos de los grandes negociados de la oposición de su partido y un ambiente menos hostil para la reorganización de la clase trabajadora. En fin, un gobierno que no terminaba de acomodarse y una oposición interna que no se daba por vencida; esto daba mejores condiciones para levantar cabeza a nuestra clase.

A pesar de esta inestabilidad inicial, los procesamientos por hechos de corrupción a representantes emblemáticos del cartismo se debieron a la presión mediática y social y no precisamente a decisiones autónomas del gobierno, aunque a este le favoreciera dicho curso por los enemigos que iba cobrando la ola de “la lucha contra la corrupción”. Surfear dicha ola dejó de ser fácil cuando la misma empezó a subir sobre los de la misma carpa gubernista. El remedio fue descender y deslizarse silencioso hacia la orilla antes que la ola se convierta en un tsunami que saliera de las manos.

Más allá que esos episodios iniciales no hayan sido fruto de una política del gobierno, le tributó cierta simpatía, que era aprovechada por Abdo para decir frases rimbombantes que luego lo ironizaría como el “caiga quien caiga”. Lo cierto es que el arrinconamiento del cartismo le traería cierta tranquilidad, aunque por poco tiempo.

La estabilidad relativa que alcanzaba el gobierno no lo despojaba, sin embargo, de la debilidad estructural si miramos las distintas esferas de poder del Estado en las que el cartismo nunca perdió poder del todo. Pero además, porque aunque Abdo Benítez buscaba diferenciarse del autoritarismo que caracterizó al gobierno de Cartes, en lo que respecta a las medidas económicas y sociales no existieron diferencias más que en la forma y la gradualidad de su aplicación. Esto se expresó en la continuidad de la política de endeudamiento, el mantenimiento de la inequidad tributaria y su agravamiento con el plan de reforma fiscal, así como la política entreguista en torno a la renegociación de tratados y ajustes de acuerdos bilaterales como los de Itaipú y Yacyretá. 

La primera gran tormenta   

El acta entreguista para la negociación del acta bilateral que regalaba nuestra energía excedente para los negociados con el gobierno brasileño y parte de su burguesía generó una reacción colérica de prácticamente todos los sectores no alineados al oficialismo. El cartismo ofició en ese momento de sepulturero y las tensiones fueron tales que no alcanzó con la renuncia de la línea principal de los negociadores del acta de la vergüenza.

Este fue sin duda el momento más crítico del gobierno, pues estuvo a puertas de un juicio político de no mediar la mano amiga de Jair Bolsonaro que muy presto ordenó la detención y procesamiento de Messer (el hermano del alma de Horacio Cartes) que se alojaba hacía meses en Sao Paulo. Esto sirvió de señal suficiente para que “el patrón” (como le denominó Messer en su agenda telefónica según la justicia brasileña en la investigación por lavado de dinero) retroceda en su intención de avanzar con las amenazas de juicio político o sería él la próxima presa de la “justicia brasileña”.

En este round, Cartes intentó reaccionar, pero fue finalmente Abdo quien se repuso, aunque bastante golpeado, para seguir un gobierno atacado en todas las direcciones. Esta situación de cuestionamientos a su gestión siguió siendo la tendencia en el curso de los meses sucesivos hasta fin de año. A esta crisis política se sumaba la crisis económica cuyo estancamiento apenas remontaría en algo a fines del 2019. El hartazgo de la gente en las calles era cada vez mayor, y aunque quiso envalentonarse con recortes profundos en la Ley del Presupuesto General de la Nación, no pudo hacerlo a la medida de sus apetitos, aunque ello no significó que se dieran recortes importantes en ciertas carteras como el Ministerio de la Mujer, por citar un ejemplo.

Meses de fricciones antes de la segunda tormenta

Si bien el gobierno se había sacado de encima el cartismo como el principal obstáculo político seguía siendo un peligro latente.  Posterior al procesamiento de Cartes en Brasil, por el caso Messer, las fricciones entre las dos facciones principales del Partido Colorado continuaron. Las disputas electorales futuras mostraban a estos campeones de la corrupción que la reconciliación de las partes traería paz a sus negocios e intereses. Fue así que la famosa “operación cicatriz” puso en marcha el practicismo para las negociaciones de cúpulas mafiosas.

La mayor tranquilidad en las alturas era una descripción de la situación que estaba  supeditada al manejo de otros problemas nacionales, entre los que se destacaba, de manera más inmediata, lograr una estabilización y repunte económico que es lo que mayor rabia generó en todos los niveles sociales, sobre todo por la política de reforma tributaria que atosiga a la clase trabajadora.

Antes de desatada la pandemia el gobierno buscaba hacer frente a la enorme crítica por la negligencia para enfrentar la crisis abierta con la epidemia del dengue y la contención sanitaria deficiente; la contratación de nuevos préstamos internacionales a través de emisión de bonos por U$S 450 millones; la exclusión de más de 20 mil trabajadores como beneficiarios del IPS por emitir facturas y la correspondiente dada de baja a contribuyentes ante la SET; la fuga masiva de miembros del PCC de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero entre otros hechos.

La tormenta de la crisis pandémica

Todas las situaciones arriba señaladas quedaron tapadas por la pandemia del  covid-19 que abrió un nuevo escenario en el mundo y en el país.

La nueva situación que vivimos abrió dos momentos para el gobierno. Una primera parte en la que fue aplaudido por la decisión tomada por las autoridades del Ministerio de Salud al adelantar la cuarentena aún en contra de la previsión de la OMS. Esta, como otras medidas, al inicio tuvo el apoyo de gran parte de la población.

Sin embargo, una segunda parte se abre al transcurrir los días y meses de declarada la cuarentena. En esta, se hacía cada vez más patente no solo la ineptitud del gobierno, sino su complicidad con los hechos de corrupción en las licitaciones, su indolencia ante la situación de precariedad del sistema sanitario y las exigencias de los trabajadores de blanco, su complacencia con las patronales que suspendían y despedían a miles de trabajadores, los planes de ayuda miserables para los sectores más vulnerables, entre otros.

La política antipopular fue coronada con su  ley de emergencia que, por un lado, redireccionaba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para las licitaciones en materia de adquisición de suministros de salud que no se cumplieron y, por  otro, nos endeudaba en ese momento por 1600 millones de dólares con los usureros internacionales, descargando así todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora, quien terminará pagando los préstamos internacionales a través de la política de mayor ajuste fiscal, salarios congelados para mantener las tasas de ganancias de las patronales y los recortes sociales en el Presupuesto.

Como si todo esto fuera poco, el gobierno impulsa un proyecto de Reforma Estatal, entre las cuales está la Ley del Servicio Civil que tiene por principal objetivo romper los contratos colectivos en el sector público, derribar a los sindicatos, y agravar aún más disposiciones contrarias a los trabajadores establecidas en la Ley de la Función Pública. Todo ello, para luego seguir avanzando con la reforma laboral global y  profundizar la precarización en el sector privado con la flexibilización total de la legislación y privatizar sectores estratégicos del sector público como la ANDE.

Por otra parte, está la Reforma Jubilatoria a través de la Ley de Superintendencia, que no busca otra cosa que la utilización de los fondos previsionales. En otras palabras, usar el dinero de las jubilaciones para los grandes negociados. Este avance puede significar una derrota gravísima para la clase trabajadora, lo que conllevará una profunda desmoralización en caso de no ser frenado.

Concordia Colorada para seguir robando y atacando al pueblo

El acuerdo arribado entre las dos principales facciones  del Partido Colorado (Añeteté y Honor Colorado) coloca al gobierno ante un nuevo momento, en el que, a pesar de estar terriblemente desgastado, encuentra en el cierre de la “operación cicatriz” un balón de oxígeno que lo reposiciona ante los desafíos que implican llevar adelante su plan de Reactivación Económica, la Reforma Estatal, y le asegura, potencialmente, llegar hasta el final del mandato, más allá que sea con una estructura que es compartida y un esquema de reparticiones y concesiones no previstas al inicio. Esto básicamente implica un gobierno bicéfalo.

Este acuerdo tiene como contracara el sometimiento casi total  a Horacio Cartes; de ahora en más todas las decisiones deberán ser consensuadas, no  solo los candidatos para las próximas elecciones municipales, sino que las viejas querellas vuelven a foja cero a condición de reprogramar negociados, movidas en el gobierno, y garantizar impunidad tanto para los procesados como para la operatividad de la mafia.

Las tareas y desafíos para la clase trabajadora

El 22 de junio pasado la clase trabajadora a nivel país mostró su capacidad de movilización, reaccionó  manifestando el rechazo a la política económica del gobierno. Esta movilización fue producto de la rabia e impotencia acumulada por distintos sectores de clase, que puede tomar mayor vigor a condición de encontrar un canal que organice el descontento hacia nuevas movilizaciones cada vez más amplias.

La situación de emergencia sanitaria y socioeconómica tiende a agudizarse y el descalabro de ambos aspectos colocan al gobierno y a la clase trabajadora en su conjunto bajo nuevas presiones que tensan aún más la lucha de clases y que imprimen nuevos desafíos bajo circunstancias nunca antes vividas.

No existe por ahora un espacio articulador para canalizar el hartazgo generalizado. El espacio de las centrales obreras rápidamente fue resquebrajado por la cooptación de ciertas dirigencias, algunas conocidas por su traición consuetudinaria,  y otras que hacen primar los arreglos corporativos por encima de los intereses generales.

La falta de posiciones políticas coherentes de clase, el regateo en la solidaridad en la lucha, la estrechez de miras que implica el sindicalismo ramplón y sin perspectivas de independencia de clase cobran su precio al no tener, el movimiento de trabajadores, una dirección a la altura de las circunstancias.

Existen tentativas aún débiles de construir un frente de lucha por parte de  la Confederación de la Clase Trabajadora y otras organizaciones sociales; su desarrollo es todavía incipiente pero su valor radica en la perspectiva de crear un amplio espacio de unidad de acción para organizar las movilizaciones del conjunto de la clase trabajadora.

Estamos ante un proceso contradictorio por arriba y por abajo

Por un lado, el gobierno, que pese a que el acuerdo logrado no cure las heridas producidas por las divisiones, sin dudas, está ubicado en mejores condiciones para llevar adelante sus planes económicos estratégicos en contra de los intereses de la inmensa mayoría.

Por otro, las organizaciones de trabajadores, que también tienen contradicciones en su seno (dirigentes luchadores que no tienen conciencia de su pertenencia a su clase explotada), pero, que pese a ellas, ven en la unidad de acción, con sus límites y precariedades, una salida para desnudar a los traidores ante sus bases y avanzar hacia una reorganización con lo mejor de la vanguardia de la clase trabajadora.

Con esta reorganización, nuestra clase estará, sin dudas, en mejores condiciones para enfrentar, con posibilidades de éxitos, a la clase explotadora y al gobierno, que responde a sus designios e intereses.

Y estará, también, lista para avanzar hacia salidas políticas que den, desde un gobierno de nuestra clase, un panorama alentador, una necesaria solución a la pobreza, al hambre y la miseria, un avance hacia mejores condiciones de vida para nuestra clase.

¡Abajo el Plan Económico contra el pueblo trabajador  y pro minorías-ricas del Gobierno de Mario Abdo!

¡Abajo este gobierno inútil, corrupto y servil!

¡Fuera los cartistas que apuntan a defender sus fechorías y sus negocios mafiosos!

Todo el régimen político está podrido ¡Fuera la “Justicia” corrupta y sometida!

¡Fuera los parlamentarios de los partidos de la derecha que sólo engordan sus bolsillos y planean sus negocios!

¡Por la reorganización social y política del pueblo trabajador!

Fortalezcamos la organización política de los trabajadores ¡Viva el Partido de los Trabajadores!

Luchar es necesario. Vencer es posible.

 

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