El día 18 de Julio pasado se publicó en el diario ABC color la presentación del anteproyecto de “LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA” ante la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados, impulsado por los privatistas Ing. Nelson Cristaldo y Javier Villate patrocinados por el medio citado al inicio.

Dicho proyecto se originó durante el gobierno de Cartes, en el marco de la promulgación del Decreto de su política energética de marcado carácter neoliberal. Sin embargo este plan se mantuvo en secreto por tratarse de un aberrante proyecto de privatización que eliminará la administración por parte del Estado del sector eléctrico, provocando pérdidas entre 4500 y 6500 millones de US$/año. La amenaza de privatización contemplaría no sólo la ANDE, sino incluso a Itaipu y Yacyreta, según habilita el nefasto proyecto.

Existe actualmente un intenso Lobby de los sectores privatistas ante la Comisión de Entes Binacionales debido a la intención de apropiarse del sector eléctrico teniendo en perspectiva que las negociaciones de Itaipu en el 2023 vayan a parar a manos privadas.

El proyecto abarca la privatización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.  Establece la creación de una Superintendencia de Electricidad encargada de (des)Regular la Industria eléctrica y otorgar licencias y concesiones para el servicio público, exportación de electricidad etc.

A esto se suma la política sostenida por los sucesivos gobiernos de vaciamiento de la ANDE apuntando a su privatización que se expresa en las siguientes medidas:

  • El aumento de las tercerizaciones.
  • El despojo de la autarquía del ente, pasando a depender de la aprobación en el presupuesto general de la Nación para el uso de sus propios recursos que no provienen del tesoro.
  • La falta de autarquía también implica sometimiento a la ley de contrataciones públicas que obliga a la ANDE a adquirir la oferta más barata que se presenta lo cual genera reclamos de parte de los usuarios; por ejemplo en el caso de la adquisición de los cuestionados medidores digitales chinos.
  • La imposición del pago de 20 millones de Uss/año en concepto de aporte intergubernamental introducida por el equipo económico del gobierno en el Ministerio de Hacienda y aprobada durante el tratamiento del PGN en el parlamento, expoliando a la ANDE de recursos necesarios para destinarlo a gastos de otros sectores del Estado.
  • Aumento del endeudamiento para el financiamiento de obras realizadas por empresas contratistas de las cuales, por dar un ejemplo, en el caso de la empresa Rieder se llevaron el 70% de los bonos soberanos destinados a la ANDE (préstamo que la ANDE debe pagar) y dichas obras tienen retrasos de más de 1000 días en su ejecución.
  • El ilegal subsidio a Clyfsa que provoca pérdidas multimillonarias a la ANDE del orden de 1.800.000 Uss anuales.
  • La apropiación por parte del Estado de toda la Renta eléctrica producida por las binacionales (actualmente 650 millones Uss/año) que se destina entre otros al Fonacide con el consabido manejo corrupto y nada para las necesarias inversiones en la infraestructura eléctrica de la ANDE,  todo lo cual viene preparando el terreno para la aprobación de Proyectos como el de la “LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA”.

Con el proyecto también se crea un Comité de Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) formado por representantes de las empresas generadoras, distribuidoras, comercializadoras y de los consumidores calificados.

El proyecto deroga los principales artículos de la Ley 966 de la ANDE y establece un plazo de 180 días desde la vigencia de esta Ley para la división de la ANDE en por lo menos 4 unidades de negocio: generación, comercialización, transmisión y distribución, con autoridades internas diferentes para cada una de ellas, con un plan inmediato de revisión tarifaria.

Además establece que el servicio a los usuarios puede ser suspendido a partir del segundo mes de retraso en el pago.

Es necesario que el SITRANDE promueva la realización de una audiencia pública y convoque a la movilización a los diversos sectores sindicales,  sociales y políticos para frenar  este proyecto de ley que busca instalar la privatización del sector para enormes negociados.

Debemos empezar a agitar por el freno al saqueo del sector eléctrico realizando una explicación paciente de todas las consecuencias de este proyecto de rifar al capital privado la administración pública de la energía eléctrica del país.

 

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